– Porque si ellos se consuman ya nada volverá a ser igual en la Cuenca del Plata.

– Porque contaminar es mucho peor que consumir.

– Porque es ahistórica, es de índole colonial, la explotación extranjera de los recursos y de los hombres.

– Porque la obligación del Estado es la de prevenir y sobre todo hoy, reducir los niveles de contaminación existentes. Esto es el fruto de muchos años de esfuerzos políticos, populares, diplomáticos y técnico-jurídicos, hasta el logro de la Convención sobre Usos de Cursos de Agua para fines distintos de la navegación (ONU 1997).

– Porque “Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera” (Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados Res A G 3281 Cap. II art. 2, a, in fine).

– Porque también está abierta la instancia arbitral y la consulta con los demás Estados miembros de la Cuenca del Plata.

La cuestión ambiental está erigida en un tema ya, de estricta internacionalidad. Involucra los derechos humanos y, por ende, se encuentran todas las consideraciones de índole jurídica que le atañen bajo el imperio –imperativo– del ius cogens. Y éste, que viene de ser consagrado codificativamente por la inmensa mayoría de los Estados (Convención sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969) impone, mediante ciertas reglas y principios –incluso con apelación a costumbre y jurisprudencia internacionales– cuál haya de ser el comportamiento de los Estados respecto de sus relaciones en los espacios fronterizos de conformidad con el derecho ambiental.

Aparece nítida la necesidad de ubicar el caso entre aquellos susceptibles de originar un estadio de irritación permanente, contrario a la buena convivencia y al interés común en ella, que ha sido tradición entre ambos Estados, y cuya cuidadosa gestión está pesando en todos los gobiernos –aun cuando carezcan de experiencia, y de tradiciones– como obligación constitucional y también de derecho internacional, incluso en orden a principios generales del derecho. Porque hoy la cooperación es una responsabilidad insoslayable, ella está impuesta, como base de todas las obligaciones, a los miembros de la comunidad internacional, por la Carta de la ONU, con el objeto y fin de acercar seguros eficientes a la paz y a la seguridad, a todos los países. Son, en definitiva, las necesidades jurídicas y materiales que se explicitan en un paquete, en un contexto donde campean el respeto a intereses legítimos de los Estados tutelados desde la razonabilidad y la justicia, en marco que el ius cogens defiere dentro de sus límites a la soberanía estatal.

Es de toda evidencia que no están ponderados, ni siquiera identificados, todos los factores implicados en un emprendimiento tal como el que atañe a las fábricas de celulosa de que trata la cuestión.

A manera de sucinta reseña, aparecen como clave:

a) La utilización con fines comerciales, el consumo masivo e irrestricto de inmensa cantidad de agua purísima que habrá de perder esa calidad, en una impía transformación operada desde el proceso económico físico-químico para obtener el papel, lo que constituye una afectación gravosa e irreparable de un bien que la naturaleza brinda con generosidad para todos los miembros de la cuenca, que es así desaprovechado, desproporcionadamente, en un acto unilateral de despilfarro inaceptable condenado por los tratados (Tratado de la Cuenca del Plata que reafirma tutela y protección a fauna y flora, Tratado del Río de la Plata, ídem; sentido común; naturaleza de las cosas).

b) No existen experiencias similares que permitan reproducir –en un cálculo aproximado y como en un corredor de pruebas– las consecuencias adversas que habrían de derivarse sobre todas las costas y playas adyacentes, hasta el océano Atlántico, por efecto del envenenamiento progresivo, en una zona sensible del hedor, del ungüento mucilaginoso, sobre playas de finas arenas, de la desoxigenación y de la pérdida de función clorofiniana de la flora, así como el daño inevitable al hábitat, a la delicada cadena biológica, comprometiendo la salud y el bienestar de las futuras generaciones de uruguayos y de argentinos; y al alcance de sus desplazamientos.

c) Otro ítem: necesidad de apelar evocando a tradiciones pesadas, pasadas y a actos de gobierno, de estadistas, que deben ser puestos en actos y que han dejado bien establecido un estándar de solidarismo internacional inteligente y fraterno: desde Salto Grande, desde los Tratados de Montevideo de 1889, desde la declaración Ramírez-Sáenz Peña de 1909 y, desde antes todavía, en ocasión de la gesta de los Treinta y Tres Orientales con actos dirigidos al bien común, de buena fe, al interés general, antes que al particular de cada uno.

d) Hace más de cincuenta años las Reglas de Helsinsky consagraron un orden entonces todavía en agraz respecto del aprovechamiento de los cursos de agua y que ha venido a positivizarse con carácter jurídico, obligacional respecto de las nociones de cuenca; integrada utilización equitativa y razonable –que consisten también en valoración de los beneficios comparativos de otros medios y en que puedan adoptarse para lograr similares beneficios social y económico a ser adquirido por cada parte– y que la población de cada parte ribereña no esté dispuesta a soportar el desaprovechamiento innecesario de las aguas de la cuenca, la información y consulta previa (Convención de 1997, art. 20.3, Res. AG 3281, ag. 1974, art. III), la conservación y protección de su calidad …porque “el agua no tiene fronteras, es un recurso común que requiere cooperación internacional (Carta Europea del Agua, 1967 Princ. XIII) y “en los límites de una cuenca todas las utilizaciones de agua superficiales y profundas son interdependientes…” (Travieso, pág. 203).

e) Los compromisos de Estocolmo 72 y Río 92 han convertido de lege lata todo el paquete jurígeno que hoy regula la cuestión por encima de las soberanías. En parte por la realimentación entre sistemas que radica en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a la jurisprudencia internacional (Pacto de Costa Rica). Y sobre todo por razón de la codificación emanada de la Convención de las Naciones Unidas (1997) sobre los usos de cursos de agua para fines distintos de la navegación, que tiene vigencia universal, incluso para aquellos Estados que no han adherido a ella, por cuanto expresa general asentimiento (Prec. Wimbledon C.P.J.I.).

Así, es de cajón la prohibición de dañar, de causar perjuicio sensible a la contraparte; pero no tan sólo ha quedado interdictada también la amenaza de ello; más todavía: existe obligación de suspender las actividades supuestamente perjudiciales o perniciosas –como la instalación de plantas papeleras en la ribera de la cuenca, de un río internacional– tan pronto se produzca la queja, aun cuando no exista la prueba científica del daño ocurrente (interpretación del principio XV de la Declaración de Río).

De ahí que, dada la inextricable relación entre Estado activo –gestador de la afectación ambiental– y Estado víctima que protesta, resulta inadmisible la pretensión de resolver unilateralmente la cuestión suscitada, internacionalizada, dado que está vigente, autónomamente, el deber de no innovar. Es que rigen, con generalidad, para proteger a las generaciones del porvenir, por todo lo alto, con todo el vigor que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, el ius cogens, con sus limitaciones a la soberanía estatal, el derecho consuetudinario, el derecho fluvial, el derecho constitucional, la buena fe, la razonabilidad, la buena vecindad, sobre todo tratándose de países y de pueblos hermanados, perjudicados, además, por igual, debido a las consecuencias comprensibles razonablemente, de la instalación de plantas papeleras en la ribera oriental del río Uruguay, con afectación contaminante directa a las costas de los departamentos de Soriano y de Colonia y en la parte argentina en todo el litoral fronterizo, incluso de la provincia de Buenos Aires. Y además, al medio marino, en infracción a lo dispuesto por la Convención de Jamaica y otros instrumentos internacionales.

Sobre este punto, caben algunas acotaciones: a) no debiera omitirse la consideración de merito al principio precautorio, el que, entre otras virtualidades en orden a la prevención, hace aconsejable –antes todavía de autorizarse la iniciación de todo trámite– realizar minuciosas pruebas de simulación, con acopio de todos los elementos conducentes a descartar absolutamente cualesquiera vestigios de contaminación, como venenos, residuos, olores, etcétera, que pudieran afectar las aguas, el aire, las riberas, el medio marino donde el río vierte su caudal y que puedan entrañar riesgos para la salud, los recursos, el turismo, las bellezas escénicas propias y también de los vecinos (C. 1997, art. VI c). b) También requiere atención en el contexto, la circunstancia de que los capitales que así se destinan a una actividad gravosa probadamente para la naturaleza pretendan beneficiarse del flujo constante, irrestricto y gratuito de una fuente finita de agua pura, purísima, porque proviene de zonas casi deshabitadas –y es, justamente el mayor aliciente para la explotación–, con el agregado de que algunas de las empresas involucradas tienen procesos penales (Pontevedra) (de un trabajo monográfico). c) El alcance de los factores contaminantes –aunque ellos sean disimulados, la calidad del agua ya jamás será la misma– llegará, indudablemente, a afectar sensiblemente las costas de la provincia de Entre Ríos y también nuestras riberas en la provincia de Buenos Aires, además del litoral sur uruguayo, por lo que es conveniente estar advertidos y, desde el gobierno, desde la Universidad, desde las ONG, desde la opinión pública, disponernos a proceder en consecuencia para salvaguardar un desarrollo sustentable, una cierta calidad de vida, amparada desde el principio pro homine y de progresividad. d) El Estado afectado goza del derecho a ser informado mediante notificación ad hoc de todas aquellas actividades que puedan causarle algún perjuicio, como correlato del deber de todo Estado de impedir que dentro de sus fronteras se lleven a cabo actos operatorios o preparatorios de algún daño internacional. e) El tema está tan internacionalizado que su tratamiento unilateral resulta irrazonable e ilegítimo. A tal punto que, en el proyecto para las cuestiones de los ríos internacionales en el artículo pertinente, según la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de la ONU, su sentido ha sido que cuando los Estados del curso concedan acceso a los procedimientos judiciales o de otra naturaleza a sus nacionales o residentes, también deben habilitar tal acceso en pie de igualdad a los no nacionales y no residentes (un argentino podría presentarse ante las autoridades uruguayas) (vigente vid. págs. 711-87). f) Porque “la protección del medio ambiente es una función que debe ser encaminada a la protección de la existencia humana” (vid. LA). Y porque (Rey Caro, Ernesto José en La codificación del derecho de los usos de los cursos de agua en Jiménez de Arechaga, Eduardo, “Liber Amicorum” t. I “El sentido del artículo según la CDI, ha sido que cuando los Estados del curso de agua concedan acceso a los procedimientos judiciales o de otra naturaleza a sus nacionales o residentes, también deben habilitar tal acceso en pie de igualdad a los no nacionales y no residentes. El acceso es independiente de dónde se produzca o pueda producirse el daño [87]”) Existen numerosos convenios y recomendaciones de organizaciones internacionales que han consagrado este principio.

Instalada, como está, la noción de la responsabilidad internacional del Estado, junto a la responsabilidad política, histórica y también jurídico-penal y civil de los gobernantes, hoy ellos están advertidos de las consecuencias de su ineficacia e ineptitud desde la Convención Interamericana contra la Corrupción –que señala la punición para los funcionarios, asesores y también para los titulares de cargos electivos– incluida la obligación de indemnizar por los perjuicios ocasionados (Principios XXII de la Res. de Estocolmo, 1972). El mismo Jiménez de Arechaga, insigne maestro del Derecho Internacional, que llegó a presidir la Corte Internacional de Justicia, sostuvo ya en 1952 la primacía del Derecho Consuetudinario en el sistema jurídico uruguayo, confirmando la jurisprudencia de la Corte nacional del caso “Ledoux y Timsit”.

Publicación:       El Derecho – Diario, Tomo 215, 810

Fecha:  25-11-2005         Cita Digital:         ED-DCCLXVIII-369

La coordenada astronómica del meridiano que cruza al Cabo de Hornos, en la isla de Hornos (67º, 16′, 0″) determina, por su valor planetario, científico-geográfico y de pacífica aceptación general en la comunidad internacional, e incluso por Chile (2), el hito separador, hasta el Cabo de Hornos, de los océanos Atlántico y Pacífico.

Esta precisa determinación, por sí sola, habría de bastar a erigirse en valla insalvable, para cualesquiera pretensiones, ya de un árbitro, ya de la contraparte, para intentar colidir o vulnerar la legítima soberanía argentina ejercida de pleno derecho, histórico y convencional, en la región austral, al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y al oriente del meridiano citado, conforme a los tratados.

En esa área, hállanse no sólo ubicadas las islas Picton, Lennox y Nueva, motivo del laudo británico, declarado nulo por decisión del gobierno argentino de fecha 25 de enero de 1978, sino también, una constelación de otras islas menores e islotes, cuya importancia radica, entre otras razones, pero predominantemente, en que constituyen el litoral atlántico argentino hasta el hito del Cabo de Hornos.

Sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, había prejuzgado abiertamente el árbitro británico en varias oportunidades (3). En cuanto al resto del conjunto insular de la zona (Evout, Deceit, Barrevelt, etc.) pueden ubicarse en el laudo declarado nulo ostensibles manifestaciones en el sentido de perjudicar el normal despliegue y valorización de la soberanía argentina -en evidente exceso de poder, por cuanto no era ella materia de contienda- al pronunciarse el «Informe» de la Corte Arbitral Asesora, que hacía parte del laudo, en forma desvalorante respecto del título mismo, hasta el Cabo de Hornos (4).

Como en inmediata respuesta a esta irrisoria invitación para apropiarse de un territorio insular pretendidamente, arbitrariamente, puesto en tela de juicio, y antes aun de haberse operado la preclusión del plazo estipulado para que el laudo quedara firme, Chile dispone el trazado de sus líneas de base rectas que, mediante el decreto 416/77, afecta espacios argentinos, en una medida inconsulta, constitutiva de infracción al orden internacional y que, juntamente con otras coetáneas, definen un panorama amenazante para la paz y la seguridad internacionales (5).

Se percibe así el hontanar de una «entente» anglo-chilena, jalonada también por otros indicios (6).

Un «quid» bien perfilado, estaba dado por la necesidad, en el árbitro, para vestir sus prejuzgamientos, de aniquilar o, al menos quitar fuerza, al principio de divisoria bioceánica, beneficiando la pretensión chilena en procura de cohonestar con un precedente su ilegal presencia en Malvinas.

A mi juicio, este propósito trató de lograrse por vías múltiples, concurrentes, hábilmente concertadas.

Pueden ser presentados no menos de tres evidentes componentes del ardid dirigido a turbar el recto efecto divisorio de jurisdicciones establecido por los tratados. A saber:

A. – Desaplicando elementales reglas definitorias, en punto a semántica; con quiebra del justo sentido que ha de asignársele jurídicamente a los términos; jugando a crear una aureola de inefectividad o irrealidad respecto de cuestiones tan básicas como los textos vigentes. La Corte Arbitral Asesora y el árbitro, han cambiado o quitado valor a los tratados, negando la enjundia y categoría de sus preceptos. En efecto: al claro y categórico principio técnicolegal-internacional de la divisoria por el meridiano del Cabo de Hornos, cardinal e insoslayable -que consagra que Chile no podrá pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la Argentina no podrá pretenderlo hacia el Pacífico-, se le ha sometido a un proceso de erosión y transformación aniquiladores, llamándole «doctrina» y «dogma político» (7). Sobre esta burda ideación (la historia de los tratados de Chile ignora el texto de 1893 que por lo demás es el título de Chile sobre su costa del Pacífico más allá del 52º), extraña a la función y jerarquía de un tribunal internacional, se erige gran parte del contexto gravitante sobre las decisiones del árbitro. No es, en esencia, este procedimiento, diverso al asumido por Palmerston, cuando mediante el cambio de denominación al documento donde se instrumentara el Acuerdo del 22 de enero de 1771, sobre la cuestión Malvinas, pretendió, cambiando el nombre del Acuerdo, dar otro sentido al contenido del mismo, en censurable actitud que recuerda al subsecuente y desgraciado incidente del tratado de Uccial (8).

Llamar «doctrina» y «dogma político» a un texto dispositivo, vital en el plexo jurídico, vuelve despreciables las conclusiones que, al socaire de tal taumaturgia, se procure extraer para convertirlas en laudo. Y como este punto no figura en la nómina incompleta de defectos que al mismo atribuye la declaración de nulidad del Gobierno argentino, parece razonable incluirlo en una futura y deseable labor consumatoria de perfeccionamiento técnico respecto de dicha nulidad.

Así, obviando lo fundamental, por el sencillo expediente referido, el árbitro decretó la inexistencia jurídica de un factor determinante dentro de un correcto manejo del plexo legal-internacional, y decidió, sin atender a la vigencia del principio de divisoria bioceánica, consagrado histórica, política, geopolítica, científica y jurídicamente. Porque los tratados, contra lo que algún escritor ha afirmado, se interpretan haciendo prevalecer los textos claros y categóricos (sobre Derecho de los Tratados).

B. – También por otra vía, la Corte Asesora Arbitral y el árbitro embisten contra el principio de divisoria bioceánica. Ahora se trata, lisa y llanamente, de sostener que, «por estar fuera de tiempo y lugar», no corresponde aplicar ni considerar el tratado (Protocolo) de 1893, expresamente consagratorio de la fórmula «Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico»; menos aún, al posterior vínculo de 1902, confirmatorio, que determina los destinos y responsabilidades inherentes: de Chile en el Pacífico, de la Argentina en el Río de la Plata y el Atlántico hasta el Cabo de Hornos.

Lo que la Corte Asesora Arbitral y el árbitro afirman es absolutamente insostenible. El protocolo -y sólo por tal denominación se comprende ya su atingencia al otro vínculo que le precede- es «adicional y aclaratorio» del tratado de 1881 y su contenido refiere sustancialmente a la cuestión delimitatoria en la región austral (9), siendo ambos un todo único, por textualidad, espíritu, materia y télesis.

Mal podría sostenerse que carecía de virtualidad el protocolo, cuando todo su contenido está referido al tratado del año 1881, único considerado para el pronunciamiento arbitral. De manera que, sin mayores explicaciones, quebrando el debido acatamiento al examen de la verdad objetiva sobre los vínculos existentes y aplicables, y, especialmente infringiendo las reglas universales en materia de hermenéutica, codificadas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (ADLA, XXXII-D, 6412) (10) modificando el contexto legal, al eliminar normas creadas ex profeso por las partes para regular la situación. Esto puede evidenciarse, incluso, dentro del marco normativo bilateral (Convención de 1896, que alude a ambos tratados: de 1881 y de 1893 como pertinentes), tanto como en actuaciones gestadas en el foro interno del Estado árbitro (laudo del monarca británico Eduardo VII, que en 1902 reconocía a los tratados de 1881 y 1893 como vigentes y aplicables a tales cuestiones limítrofes -ADLA, XXXVIII-A, 1350-)T Idem: el Memorándum inglés de 1918 (11).

C. – Finalmente, con un afán ardoroso por. acumular obstáculos ante la normal, segura y clara vigencia del principio de divisoria de jurisdicciones australes por el meridiano del Cabo de Hornos, la Corte Asesora Arbitral y el árbitro se despeñan transitando obstrusos senderos. Así, se ha llegado a sostener que el Océano Atlántico no es concebible, para el caso, más allá de la isla de los Estados. Se pretende mutilar, afrentando a la técnica, a la racionalidad, al sentido común, a la buena fe, y a la conciencia universal, un concepto-noción geográfico bien afirmado desde los tiempos de Fleurieu (principios del siglo XVIII). Y aunque a lo largo del «Informe» de la Corte Asesora Arbitral se vuelve visible su violencia e incapacidad para seguir sosteniendo tal despropósito (12), conviene descalificar definitivamente este argumento ficticio, imantado, sin sombra de duda, al designio de dejar sin ámbito de aplicación cualquier invocación del principio de divisoria bioceánica en la zona litigiosa.

Es en vista de tal descalificación, y como contribución al perfeccionamiento necesario que requiere la declaración de nulidad del Gobierno argentino, que paso a sistematizar una serie de puntos relevantes a manera de refutación al intento de la Corte Asesora Arbitral y del árbitro, que han tratado de segar el espacio atlántico al sur de la isla de los Estados. A continuación diversos reconocimientos para la comprobación científica sistematizada del arbitrario y erróneo aniquilamiento de una noción geográfico jurídico-histórica, a saber:

1º) Actos oficiales de jurisdicción argentina en la región, como el decreto de fecha 10 de junio de 1829 del Gobierno de Buenos Aires (13) definían la realidad geográfica-política tan temprano como al comenzar su vida el Estado Argentino, con conocimiento de Chile, que jamás le opuso objeciones. Su texto refiere precisamente a la cuestión y en forma terminante: «artículo 10. Las Islas Malvinas y las adyacentes, al Cabo de Hornos, en el Mar Atlántico, serán regidas por un Comandante Político y Militar, nombrado inmediatamente por el Gobierno de la República…». El preámbulo que acompañaba al texto dispositivo era rotundo en afirmar que la jurisdicción nacional argentina alcanzaba, por títulos históricos y derivados del reconocimiento de la comunidad internacional, cuando menos, al hito divisorio determinado por el meridiano que cruza el Cabo de Hornos.

2º) Material cartográfico aportado por Chile durante el procedimiento arbitral consumado a partir del Compromiso del 22 de julio de 1971 (ADLA, XXXVIII-A, 1354) corrobora el universal conocimiento en punto a la presencia del Océano Atlántico bañando el conjunto insular en disputa (Picton, Lennox y Nueva), como así también todo el espacio hasta el Cabo de Hornos al este del meridiano correspondiente a ese punto (14). Esta comprobación tiene el especial mérito de provenir de la contraparte que ha hecho caudal, en algunas ocasiones, para desviar la aplicación del protocolo de 1893 y del principio de divisoria oceánica por el citado hito astronómico, de la pretendida penetración del Océano Pacífico, a través de lo que han dado en llamar «las delimitaciones naturales de los océanos». Los reconocimientos como el mencionado en este ítem, constituyen «stoppel» -impedimento- para que el Estado se vuelva contra sus propios actos (15). 3º) También constituye «stoppel», la admisión que encontramos, formulada por la propia cancillería de Chile, cuando en 1872 responde a un nota protesta del Gobierno de Buenos Aires reconociendo que éste ejerce pacífica jurisdicción en todo el litoral atlántico, sabiendo, obviamente, por conocimiento de los términos del Decreto citado del 10 de junio de 1829, que esa jurisdicción alcanzaba hasta el Cabo de Hornos (16).

4º) Otro importante elemento documental, originado en una descollante personalidad oficial de la contraparte chilena, radica en constancias afirmativas respecto al confín bioceánico por el Cabo de Hornos, expresadas en correspondencia del Canciller Ibáñez, en la que puede leerse, a título de ejemplo lo siguiente: «…si Chile limita al sur por el Cabo de Hornos, es claro que la República tiene el límite que sirve de tal a aquel punto del Continente. Ese límite no es otro que el Océano Atlántico que en ese punto se confunde con el Pacífico…» (17).

5º) En esta nómina de expresos asentimientos oficiales chilenos a la divisoria bioceánica con presencia atlántica en el Cabo de Hornos, y sus implicaciones, cabe incluir, por su valor técnico, insospechable, al Diccionario Geográfico de Chile (1867), citado por el doctor Ricardo Paz en su obra «El Conflicto Pendiente» (Ed. Eudeba) (18).

6º) Idem: también, de la mayor trascendencia como revelación del reconocimiento regular, oficial y constante a dicha presencia atlántica en el área, hasta el Cabo de Hornos, el documento Nº 292, incluido por Chile entre los así llamados «actos de jurisdicción», (legajo X); durante la tramitación del arbitraje originado en el Compromiso anglo-argentino-chileno, del 22 de julio de 1971. Chile no objetó la proclamación del meridiano divisorio formulada en declaración oficial argentina de 25/1/78.

7º) Si no bastara lo expuesto, poseo prueba de que, muy contemporáneamente con la época de los tratados -como ha sido demostrado con otros elementos ya vistos- hasta la publicación oficial chilena «La Noticia Hidrográfica», precisaba, con fecha 10 de noviembre de 1881 que la boca oriental del Canal de Beagle descansa en el Atlántico (19).

8º) Obras diversas de autores chilenos han coincidido, a través de la historia en esta bien afirmada noción (20).

9º) Especial significación tiene, por su carácter oficial eminentemente técnico-político y referencial al concepto planetario sobre la cuestión, la presentación que verificara la delegación chilena ante el Bureau Hidrografique International, ante una propuesta argentina del año 1952. En efecto, en dicha oportunidad, según lo consigna el profesor doctor A. Rizzo Romano en su obra «La cuestión de Límites con Chile en la zona del Beagle» pgs. 176/177 (Ed. Pleamar), Chile se opuso a toda modificación del límite interoceánico por el meridiano del Cabo de Hornos alegando que «…el límite siempre reconocido antes de la B. H. I. de 1950 fue el Cabo de Hornos y todas las publicaciones náuticas llevan esa indicación». Esta sola frase vale por toda una confesión, pero además, la delegación chilena decía; «…si se decidiera aceptar la modificación, ella involucraría gastos muy grandes, dado que deberían efectuarse las correcciones en todas las cartas y en todos los documentos… «. Es rotundo el reconocimiento así como la inviabilidad técnico-jurídica (stoppel) y también ética de pretender hacer valer un disentimiento de conveniencia contra tan explícitas aceptaciones del principio, el cual, por lo demás, se impone necesariamente por constituir convicción y práctica proyectadas en derecho consuetudinario de la comunidad internacional.

10) Un proyecto de acuerdo presentado por Chile, exhumado también por el doctor Rizzo Romano en su citada obra (pgs. 132/133), del año 1906, representa claramente al Océano Atlántico en el área donde se ubica la boca oriental del Canal de Beagle.

11) Chile procura atenuar mediante suspensión -increíblemente admitida por la diplomacia argentina- los naturales y definitivos efectos jurídico-internacionales (no constitutivos sino declarativos), del importante decreto 149/1970 de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (21).

12) Son, asimismo, profusos, los instrumentos emanados del fuero interno del Estado árbitro, que coinciden en avalar el principio de la, divisoria bioceánica por el meridiano del Cabo de Hornos. Entre ellos, el propio Memorándum del Almirantazgo, elogiado por la Corte Arbitral Asesora, e incorporado a los antecedentes relevantes, y que fuera elaborado por el Almirante Parry, en 1913. En el mismo se establece la naturaleza «general», de dicho principio, no restringida y, por tanto, vigente para toda el área litoral hasta el Cabo mismo (22).

13) Dentro del mismo orden de documentos emanados del Estado árbitro, principalmente puede ser verificada la existencia del elemento Océano Atlántico bañando las islas en discusión (Picton, Lennox y Nueva), y todas las islas e islotes hasta el Cabo de Hornos, en las célebres Cartas Patentes de S. M. Británica de 1907 y 1918, cuyo texto y cartografía señalan claramente la verdad y realidad geográfica, hoy prostituida y desechada sin fundamento alguno, precisamente por un pronunciamiento del gobierno británico, por razones de Estado (párr. 89, a, «in fine» del Informe). No sólo el acatamiento a la verdad esencial, sino también principios básicos del ordenamiento interno del Estado inglés, imponían un «stoppel» a cualquiera mutación sobre actos anteriores regularmente emitidos y ostensiblemente expuestos ante la conciencia de la comunidad internacional (ínter alia el ya citado Memorándum del Almirantazgo y estas importantes elaboraciones técnicas), las cuales venían a coincidir con la más jerarquizada jurisprudencia internacional, coma se demuestra a continuación en núm. 14).

14) Incluso en el contexto inherente al laudo del gobierno británico, y por boca de su agente calificado que presidiera la Corte Arbitral Asesora, Sir Gerald Fitzmaurice, puede registrarse un testimonio válido respecto de la vigencia de la divisoria bioceánica al nivel del Cabo de Hornos y su meridiano. Así, el discurso de apertura con el cual se inauguraron los procedimientos, recoge una convicción de Fitzmaurice acerca de que el Canal de Beagle es uno de los canales o «paso» de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico, tan clara y categórica como desmentida luego en su opinión y en su pronunciamiento. Tampoco esta contradicción tuvo explicación en ningún momento, como no la tuvo el hecho indisculpable, indigno de un tribunal, que condujo a tomar en consideración, aun mediando errores cuya rectificación fuera impedida por razones políticas oficiales del gobierno británico, otros elementos de jurisdicción de los que ilustra el párr. 89, a), «in fine», del Informe producido por la Corte Arbitral Asesora. He aquí una falsedad flagrante.

15) Pero, además, es la propia Corte Internacional de justicia, o, mejor dicho, su antecesora, la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional, como supremo pretorio internacional, cuna de una directriz sólida y definitiva en materia de definiciones a propósito de nociones geográficas como determinante de océanos o espacios terrestres, siempre que no existan restricciones de texto. Esta directriz o esquema vertebral, indicativo del comportamiento a seguir por otros tribunales, en especial si ellos no revisten la misma jerarquía técnica e institucional, señala que tales nociones geográficas no deben ser mutiladas, sino asumidas en su amplio y comprensivo alcance, totalizadoramente, como debe verificarse toda interpretación en términos de derecho internacional público, salvo cuando se justifica la excepción por afectarse la soberanía estatal. Por lo cual es legítimo dejar establecido que, cuando la C. P. J. I. en el caso de la Groenlandia Oriental (Dinamarca v. Noruega) preceptúa que el sentido geográfico -también para el caso el sentido jurídico- de la denominación, implica indicar a una isla (o a un océano) «tout entière» (23).

16) Es notable que la propia Corte Arbitral Asesora haya citado este principio interpretativo. Lo lamentable es que ese órgano no haga lo que dice que hace, y, finalmente, todo concurra a develar una serie interminable de contradicciones lógicas, errores jurídicos y falsedades concertadas, que constituyen en definitiva, sólida base para afirmar que, por írrita, inválida e irreal, la fundamentación del laudo no es tal, y, consiguientemente, agregar así, a la declaración de nulidad del gobierno argentino, nuevos apoyos totalmente pertinentes y necesarios en vista de perfeccionar dicho documento.

17) Una probanza más del ámbito Atlántico en los confines australes la proporciona Ph. Jessup en su recordado estudio (Recueil de L’Academie de Droit International: «Las Riquezas del Mar»): allí la isla Bouvet aparece claramente localizada en el Atlántico, obviamente al sur de la isla de los Estados.

Finalmente, y por la importancia que reviste su publicación en Geosur (julio/1982) – Montevideo, Uruguay, así como la circunstancia de traducir pensamiento y tradición de un segmento de la intelectualidad de Chile que alienta reminiscencias de un pasado cancelado en 1776, vinculando a ese país con una forzada vocación atlanticense, hemos de dirigir algunas precisiones en disidencia con la opinión del C/N. Luis Bravo Bravo, de la Marina e Institutos de formación superior trasandinos.

Con esforzado y patriótico empeño, este alto oficial procura, enfrentando insuperables dificultades, crear una imagen de la realidad legal-internacional diversa de la establecida en los textos y espíritu de los tratados; en los reconocimientos diplomáticos y en la historia científica y también del derecho consuetudinario. Su designio, como en otros estudiosos chilenos por justificar un balcón al Atlántico, se estrella, luego de embestir contra la verdad, porque ella resulta más evidente y satisfactoria en la confrontación. Así, aunque no debiera persistirse en estas tentativas, ellas convocan continuadamente a su refutación, en aras de asistir a la opinión pública mundial, de ofrecer un tributo de honesta presentación del derecho internacional ante la mediación, y, consiguientemente, rescatar y exponer -aunque mínimamente- una versión argentina, creemos la genuina, de la verdad.

Se pretende acercar, convalidación doctrinaria, mediante heterodoxa interpretación del acontecer legal, con omisión de actos públicos decisivos y ostensibles.

En síntesis: ha sostenido el C/N. Bravo Bravo, -incluso en publicación oficial de la revista «Seguridad Nacional». núm. 13, de la Academia Superior de Seguridad Nacional de Chile, en junio de 1979,- que, no obstante, el claro y categórico tenor vinculatorio: «…Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico…» y «…la soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es abosoluta…» (¿puede pensarse en algo más terminante, irrestricto y concreto que lo absoluto?), siempre según el distinguido exégeta, tales estipulaciones no impedirían a su país alcanzar a situarse de frente al litoral atlántico. Hace caudal en circunstancias que no resisten un análisis elemental. En efecto: sostiene que «…si bien (Chile) no tiene puertos o litoral en el Océano Atlántico, controla sus accesos australes…» Para formular tal afirmación se ve necesariamente forzado a proporcionar una serie de datos cuya exactitud no puede ser confrontada fácilmente con la realidad, a saber: la Punta Dungeness, que considera como marcado el extremo norte de la boca oriental del Estrecho de Magallanes; en modo alguno responde a esa condición, por tratarse de un punto interior del Estrecho, y además compartido. Es una de las verdades más sólidas de la historia y la geografía, desde los primeros tiempos del descubrimiento de aquellas latitudes que la boca oriental del Estrecho de Magallanes tiene su punto norte y, por ende su entrada en Cabo Vírgenes. El segmento de costa Punta Dungeness-Cabo Vírgenes es argentino, y, enfrentada al cabo Spiritu Santo, determina el espacio marino y de lecho y subsuelo concurrente a precisar también en la realidad geográfica la vigencia del principio expresamente dado en los textos de los tratados: Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico hasta el confín del Cabo de Hornos. En punto a como ha de hacerse la interpretación, ya hemos señalado algunos hitos capitales: a) la interpretación no puede ser restrictiva, salvo texto expreso y es preceptivo el acatamiento a los textos. Esto es tanto más ineluctable por tratarse de nociones geográficas que encartan en la conocida jurisprudencia sentada en el caso de Groenlandia, y también por razón de la motivación sabiamente analizada por Salvioli en su memorable estudio sobre la jurisprudencia de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional. (Recueil de L’Academie, t. II, p. 79, 1926). De ahí, entonces, la esterilidad absoluta de todo esfuerzo que pretenda, racionalmente, mutilar la noción del Océano Atlántico para privilegiar un anhelo: llevar a Chile hasta donde no puede ni debiera pretender hacerlo. b) el espíritu de los tratados en que hace especial hincapié el C/N. Bravo Bravo acentúa, precisamente la nota de lo absoluto de las respectivas jurisdicciones, vale decir, unívocas, exclusivas, totales, sin interferencias. Esto se reafirma con el valioso aporte del Acta de 1902, referida a las respectivas responsabilidades permanentes de Chile en el Pacífico y la Argentina en el Atlántico y Río de la Plata.

El aporte comentado se resiente de parcialidad manifiesta, asimismo, al sostener que mediante el tratado de 1881 se hizo una renuncia de derechos por parte de Chile. Basta señalar que el tratado reconoce la normal y preexistente soberanía argentina en todo cuanto se encuentra al este de las cumbres de los Andes (Artículo 1º: «El límite entre la República Argentina y Chile es, de norte a sur, hasta el paralelo 52º de latitud la cordillera, de los Andes… «).

Y; notablemente, se observa en el Protocolo, tratado complementario de 1893, que la Argentina continúa cediendo espacios a Chile, contra lo que se sostiene por el distinguido marino chileno. Así, este protocolo se constituye en el título chileno recién desde esa fecha a costas del Pacífico situadas al sur de las proximidades del paralelo 52º al establecer que, si desde allí apareciese la Cordillera de los Andes internada entre los canales del Pacífico -lo que en efecto sucede- los peritos dispondrán el estudio del terreno para fijar una línea divisoria que deje a Chile las costas de esos canales. Así perdió la Argentina en aras de la concordia excelentes y también invalorables puertos, demostrándose que todavía en 1893 estaba haciendo concesiones a Chile, justamente con espacios que desde Chile se sostiene le pertenecían. La contradicción no puede ser más evidente.

Como es evidente la inconsistencia de una opinión apoyada en lo que se dice una pertenencia chilena de más de tres siglos sobre el Estrecho de Magallanes. Baste para desnudar tal dislate, el meditado, fundado y también insospechable informe oficial producido por los pro-hombres de Chile (Barros, Espiñeira e Ingran), quienes, ante la consulta del gobierno de su país se pronunciaron afirmando la pertenencia argentina de, por lo menos la mitad del Estrecho, reconociendo la histórica y legal adscripción de la Patagonia al gobierno de Buenos Aires, y el carácter normal de su jurisdicción sobre tales espacios que mantenía poblados. Son los propios escritores chilenos, muy próximos e informados, quienes pueden ofrecer apropiada documentación en el caso.

Siendo esto así, ¿cómo puede justificarse se eludan acontecimientos relevantes con vistas a revestir una ambición geopolítica, de conveniencias, pragmática y también secular? Una tradición, un anhelo, no debiera obstar a que la verdad sea revelada. Es prenda de paz.
(1) Protocolo adicional y aclaratorio del tratado de límites del 23 de julio de 1881: «Artículo 2º …entendiéndose que, por las disposiciones de dicho tratado, la soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico…»:

Acta aclaratoria de los Pactos sobre arbitraje y limitación de armamentos del 10 de julio de 1902: «Artículo 2º … a fin de que ambos gobiernos conserven las escuadras necesarias, el uno para la defensa natural y el destino permanente de la República de Chile en el Pacífico, y el otro para la defensa natural y destino permanente de la República Argentina en el Atlántico y Río de la Plata».

(2) Divisoria reclamada razonadamente incluso por Chile ante el Bureau Hidrografique Internacional. (vid. RIZZO ROMANO «La cuestión de límites con Chile en la Zona del Beagle», ps. 176/177, 1952).

(3) Inter alia: a fines del pasado siglo; en ocasión de presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia sobre la Antártida Argentina (1955, presentación de Fitzmaurice) y, notablemente, al elaborarse el elogiado Memorándum del Almirantazgo, del 20 de diciembre de 1918. (vid. RODRIGUEZ BERRUTTI Rev. «LA LEY», t. 1977-D, p. 950). En dicho Memorándum, (párrafo XXXIV) puede leerse: «Islands to the south of the Beagle Chanel, include Picton, New and Lennox Islands, wich in the opinion of this Departament, belong to Chile».

(4) En especial en los párrs. 114, i) y 117, aparecen expresiones que refieren a áreas extrañas al «martillo» o ámbito preciso del arbitraje, pretendiendo quitar valor al normal ejercicio de soberanía argentina en el litoral hasta el Cabo de Hornos. Sin proporcionar las razones que invoca, la Corte Arbitral Asesora dice que eran «retóricas»; de «forma figurativa»; que «no se le otorgaba ninguna precisión»; que respondía a la idea de «transmitir ideas de reclamos contingentes», y que «no puede ser considerada con significado jurídico», la invocación por la República Argentina de sus derechos hasta el Cabo de Hornos. Esta seria tentativa de afectación a la integridad del Estado argentino, fuera de las estipulaciones del compromiso, agraviantes y contrarias a la realidad objetiva, desde que los actos oficiales argentinos habían cubierto con exceso las exigencias del derecho internacional para las regiones desoladas y remotas (vid. caso de Groenlandia oriental, Dinamarca v. Noruega, Serie A/B, núm. 53), ha tenido como consecuencia facilitar las exorbitantes pretensiones chilenas, su instalación de islas o islotes hasta el Cabo de Hornos, tendido de Líneas de base rectas con apoyo en tierras argentinas, y, finalmente, una propuesta papal de solución mediatoria que se afilia a dicha visión distorsionada del contexto, que no fuera debidamente refutada en la declaración de nulidad de nuestro país sobre el laudo británico.

(5) Entre otras, designación de «alcaldes de mar»; proyección marítima hasta por lo menos 200 millas y fortificaciones, ulteriormente utilizadas, por Chile, para negociar la obtención de concesiones. Entre éstas, increíblemente, la «suspensión» del histórico y ejemplar decreto 149/1970 del gobernador de Tierra del Fuego, afirmatorio de la noción estricta de divisoria oceánica por el meridiano del Cabo de Hornos. En comunicación directa al Presidente del Instituto de las Islas Malvinas y Tierras Australes Argentinas, Almirante D. Jorge A. Fraga, con fecha 18 de marzo de 1980 señalé el valor de este documento, especialmente por su artículo 2º, llamando la atención que en una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto titulada «Antecedentes del diferendo de límites», p. 41, se cite como un elemento positivo haber abdicado, no importa por cuales contraprestaciones de Chile, de un hito miliar en las tesis nacionales, preconstituido y anterior a la litis. Idem: Vid de AMUCHASTEGUI ASTRADA: «Argentina- Chile: Controversia y Mediación».

(6) Durante las audiencias orales, uno de los abogados chilenos llegó a decir, sin que nada en debate lo requiriese, y, como en una tácita concertación conmutativa, con los intereses del Estado árbitro, que «Inglaterra tomó posesión de las islas Malvinas en 1833 invocando viejos títulos». Dejó, pues, flotando antes una impresión de reverencia ante ese acto que de censura o desvalor.

Al citado intento de cohonestación a la presencia ilegal británica en el Atlántico sur cabe agregar, a título ilustrativo, la influyente opinión del profesor MARULL, quien en su artículo publicado en «Geopolítica» (núm. 15) del Instituto Uruguayo de Estudios Geopolíticos, reconoce los planes para la distribución anglo-chilena de la inmensa área oceánica comprendida en la cuenca de las Antillas australes. (vid. p. 33, «in fine» -«en la delimitación del Mar de Chile no lo hemos extendido hasta las Oreadas e Islas Georgias del Sur, ocupadas por Inglaterra… «- y mapa de p. 34). Imposible no admitir que los casos Beagle y Malvinas son un único contexto. Máxime cuando tanto Chile como el Reino Unido procuran conservar posiciones conseguidas por vías de hecho, contra legem.

(7) párrafo XXII; ídem, sobre el principio cardinal del «uti possideti juris de 1810», párrafo IX.

(8) Se trata de procedimientos fraudulentos, similares a la falsificación operada por el gobierno británico respecto de la línea Schomburgk, denunciada por Venezuela en su Libro Blanco de 1967. Mostrando los recursos que ponen en juego los Estados, particularmente cuando conjugan un pragmatismo histórico con intereses actuales en disputa con diplomacias desprevenidas. La ausencia de un libro oficial argentino para el caso puede afectar su posición. Una elaboración al efecto, daría oportunidad a profusos desarrollos conducentes a fortificar incluso la declaración de nulidad del 25 de enero de 1978, definida como incompleta por no ser exhaustiva en su enumeración de los vicios del laudo británico.

(9) Es rotunda la naturaleza de este tratado de 1893 (protocolo), en punto a constituir una unidad con el de 1881. Así, los límites fijados por éste, fueron en 1893 modificados mediante una nueva cesión territorial de la Argentina a Chile -que debe ser interpretada restrictivamente, como he señalado, por revestir carácter de restricción a la soberanía- (Artículo 2º): «.:. si en la parte peninsular al acercarse al paralelo 52º, apareciere la Cordillera internada entre los canales del Pacifico que allí existen, los Peritos dispondrán el estudio del terreno para fijar una línea divisoria que deje a Chile las costas de esos canales…» El Protocolo modificó también el límite en la Tlerra del Fuego -Isla Grande- (Artículo 4º) Libro Blanco Chileno reconoce su valor (ps. 23/26) El artículo 2º había establecido: «…según el espíritu del tratado de límites (de 1881), la soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de tal suerte, que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico…» A estas estipulaciones la Corte Arbitral Asesora las ha considerado «fuera de tiempo y lugar» respecto del caso. OPPENHEIM-LAUTERPACHT reconocen la fuerza de estos tratados celebrados al efecto y la Convención de Viena reenvía a ellos.

(10) Vid. el «Tratado de los Tratados», Convención de Viena, en particular Artículo 31 (interpretación de buena fe y conforme al sentido corriente de los términos); junto con el contexto respetar estipulaciones ulteriores sobre interpretación y aplicación del Tratado (artículo 32, III); racionalidad (artículo 32).

(11) Vid. párrs. XIV y XV de dicho Memorándum.

(12) Es clara la admisión por la Corte Arbitral Asesora en el párrafo LXV, f) de la presencia del Atlántico bañando las islas en disputa, al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego.

(13) Este decisivo instrumento, ejemplo por su facturación y oportunidad, fue recogido en el Memorial de Luis VERNET, de 10 de agosto de 1832, y por esta vía también elogiado y reconocido en Chile a través de crónica de «El Araucano» (Vid. del General OSIRIS VILLEGAS y RODRIGUEZ BERRUTI en revista «Argentina ante el mundo», Il época, núm. 3, «Cabo de Hornos, punto de partida obligado»).

(14) Vid. en Atlas presentado por Chile ante el arbitraje, mapas contemporáneos a los tratados, de uso oficial.

(15) Vid. RODRIGUEZ BERRUTTI, C. H., «Malvinas, última frontera del colonialismo», Cap. I) (publicación de Ed. Eudeba).

(16) Vid. PELLIZA, «La cuestión del Estrecho de Magallanes» p. 188 (publicación de Ed. Eudeba).

(17) Vid. revista «Geopolítica» (Buenos Aires), Núm. 19, set/1980, p. 64. Coronel M. SERRES GUIRALDES.

(18) Vid. obra citada, (II, p. 107, nota 38).

(19) «Informe» de la Corte Abitral Asesora, párr. CXXXI.

(20) Entre otros, EYZAGUIRRE, Jayme en su obra «La soberanía de Chile en las tierras australes», ps. 28 y 47, citado por A. Rizzo Romano, op. cit. p. 160/161.

(21) Vid: comunicación directa ya citada al Presidente del Instituto de las Islas Malvinas y Tierras Australes, del autor, de fecha 18 de marzo de 1980. También, mención al citado decreto y su suspensión en Argentina Chile: Controversia y Mediación» de AMUCHASTEGUI ASTRADA, Armando, ps. 133/134.

(22) Párr. XV del Memorándum.

(23) Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A/B, núm. 53, p. 49. Similitud en tratamiento del caso sobre «Admisión en las Naciones Unidas» (C. I. Recueil, p. 8, 1950) «no debe buscarse dar a las palabras otra significación que la natural y ordinaria de los términos…».

LA LEY 1983-A, 868

La deuda externa, lejos de haber desaparecido como problema, es causa determinante de la afligente situación actual. Bastará, para probar este aserto, transcribir lo que dice Matt Moffett, redactor de «The Wall Street Journal», en un párrafo del artículo titulado «La Argentina aprieta el cinturón para hacer frente a su deuda» («La Nación», Buenos Aires, 28/2/95, p. 4, sec. 2):

«Con la escasez del flujo de dinero dirigido hacia América Latina tras el colapso del peso mexicano, a la Argentina le resultará difícil obtener los recursos que necesita para cubrir los casi U$S 9000 millones de capital e interés de deuda pública que se vencen en 1995, dicen los analistas».

Es un hecho, un hecho objetivado por diversos actos protagonizados por autoridades de los principales países exportadores de capital, como los grandes planes de reciente instalación (Plan Baker, Plan Brady, las condonaciones de deuda, etc.), que existe un inmenso contingente de Estados abrumados por la carga de su deuda externa –a veces esa deuda externa incluye no tan sólo la deuda pública de esos países sino que se ha adunado a ella, insólitamente, para agravar la situación de sus poblaciones afectadas, también pasivos de personas privadas, físicas o ideales–, Estados que buscan, de alguna manera, no perjudicar sus futuras posibilidades de nuevos y mayores compromisos financieros, para lo que acceden a asumir responsabilidades crecientemente gravosas, muchas veces sabidamente excendentarias a su normal capacidad de repago. Desde luego que la atmósfera se respira, frecuentemente, saturada de intereses de la parte colocadora del capital, incitada por los inversionistas que anhelan su rédito, en una operativa no exenta de temeridad cuando los excedentes líquidos se disputan un mercado para las colocaciones francamente insatisfactorio en términos de seguridades apropiadas y cuando la temeridad incontrolada suscita al paradigma Baring. Sobre el particular, y en punto a la obligación del prestamista de aplicar todos los instrumentos técnicos para adverar las contingencias que verosímilmente pueden sobrevenir a consecuencia de las falencias del deudor u otros riesgos inherentes a la inversión, es ilustrativo el fallo del ex presidente Taft en el caso Tinoco, que hemos glosado en nuestro estudio «La deuda externa: su vis jurídico-internacional»… El árbitro Taft dijo: «El Banco sabía que ese dinero sería utilizado por el presidente saliente, Tinoco, para su mantenimiento personal una vez refugiado en un país extranjero. No podía por consiguiente, hacer responsable al Estado de Costa Rica por dinero entregado a Tinoco con esa finalidad. El dinero pagado al hermano, Secretario de Defensa y nombrado Embajador en Italia es el mismo caso; pagar salarios con cuatro años de adelanto es absurdo y extraordinario. Todas las circunstancias debían haber advertido al Banco que también esta orden era por razones personales y no para fines legítimos de carácter oficial». Por lo expuesto, el árbitro Taft rechazó la reclamación interpuesta, no admitiendo la responsabilidad del Estado. Y este fallo deviene, en la jurisprudencia, un vivísimo detalle en punto a cuál haya de ser la juricidad imperante para determinar ciertas situaciones vinculadas con legitimidad de la deuda externa (Ricardo Alagia y Camilo H. Rodríguez Berrutti, Revista GEOJUR, Montevideo, Uruguay, n° 34, año 1986).

También es un hecho innegable, que muchos de esos Estados han tratado, de buena fe y con todos sus recursos disponibles, de cumplir, inclusive mediante endeudamientos sucesivos y comprometiendo su futuro, de honrar las obligaciones que se ponían de su cargo en los acuerdos financieros, tantas veces signados por el estigma de la nueva modalidad del «big stick», o sea la reprochable aptitud que se han autoadjudicado ciertos gobiernos, para determinar unilateralmente y, desde luego, pro domo sua, la elevación de las tasas de interés, aun cuando las invocadas motivaciones para hacerlo tuvieran por origen las propias dificultades internas de sus finanzas o de sus economías, alimentadas por la presencia de una constelación de países deudores en su misma moneda, lo que representa un lazo tan sólido de sujeción para erigir países acólitos y dependientes, que no es difícil hallar desde este hontanar una de las más serias objeciones, que desde aquí formulamos, por configurarse claramente la figura determinada por aquel Estado que se prevalece, de manera contumacia de su posición dominante, incurriendo así en grave infracción a la buena fe internacional sancionada por la conciencia pública, con especial énfasis, de los países anglosajones.

Y, finalmente rompe los ojos la circunstancia desalentadora y cruel que exhibe un creciente endeudamiento de esos países periféricos, a pesar de las ingentes transferencias hacia los centros financieros, de lo que acerca datos concisos y preciosos la obra de César Moyano Bonilla y Loretta Ortiz Ahlf «La deuda externa y la responsabilidad internacional del Estado» (Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). Esto ocurre mientras, y en tanto, ni siquiera existen vallas para proteger del abuso a los gobiernos y economías más débiles del modus operandi instalado por el racket de la así llamada «tangente», que ha sometido a condiciones brutales de sumisión, a través de tratados a-históricos e incompatibles con la cooperación internacional, a numerosos países, en un retroceso hacia la época de las capitulaciones a las relaciones internacionales que, afortunadamente esta epopeya por términos de justicia a la deuda externa ha de permitir ventilar honestamente. En atingencia, ha sido provechoso sobre el particular el Congreso Multidisciplinario sobre la Responsabilidad de los Profesionales ante el siglo XXI (La Plata, 1990), a cuyo Plenario integramos nuestro estudio explicativo de las otras vías y medios que conducen a una arbitraria distribución del potencial financiero exento de contralores, donde hasta las leyes del mercado son desnaturalizadas por los tratados leoninos que crean economías nacionales cautivas, a las que se asignan los créditos bajo la única alternativa de utilizarlos tan sólo para aquellos fines que conduzcan «al rédito y ventajas más significativas para el inversionista concesionario de obra pública» (Acta de Roma: vid.).

Este inmenso paraguas protector, paradigma de la inversión sin riesgo y que aparta al Estado blanco de las maniobras de las posibilidades para beneficiarse con una sana competencia entre todas las fuentes de crédito (es baldío, estéril, el esfuerzo vgr. de los Estados Unidos por conseguir garantías para sus inversiones si, anticipadamente, y por los propios errores de la diplomacia de ese país, Italia ha alcanzado por medios jurídicos formales, aunque en infracción a los principios de cooperación e igualdad entre Estados, una supremacía también fáctica respecto de los recipendarios, para erigirse en socio dominante que determina cuáles obras y bajo cuáles condiciones han de realizarse, dejando excluido el interés nacional y, por ende, los términos apropiados, como se prueba con el proyectado Puente Internacional sobre el Río de la Plata). Ejemplo exponencial del abuso de la posición dominante afectando la capacidad de decisión en el Estado afectado, cuyo interés general y destino políticos quedan signados por la incertidumbre económica y el descrédito.

Tan importantes hitos en tiempos de acceso a los albores del siglo XXI convocan a exhumar valiosas concertaciones que desde hace más de doscientos años nos traen el ejemplar comportamiento de las Partes en tratados que, versando sobre la misma cuestión, dan prueba de una pulcra, austera, vigilante actitud reveladora de cuál era el patrón de comportamiento en procura de salvaguardar el interés público en materia de compromisos con el flujo fiduciario extranjero que, si bienvenido por necesario en trance de facilitarse la feliz gestión de gobierno para el interés general, debiera ser observado inteligente y patrióticamente, inclusive por unidades académicas independientes y probadamente capaces para su cometido, a fin de que no se produzcan las hipótesis magistralmente prevenidas para el devenir histórico por tratados, los más indicados para inspirar toda una saga de profundizaciones, en atingencia a que:

1. Tratado entre Francia y Baviera, de fecha 28 de febrero de 1810, cuyo artículo XII refiere a la relevancia como deuda internacional aquella dirigida a solventar «gastos hechos para la administración efectiva del país». y

2. La Convención signada en Viena por los representantes de Prusia y Hannover, el 29 de mayo de 1815: Determina en su artículo IX que las deudas que se conocerán serán aquellas irrogadas como «gastos hechos para el progreso (Lámeriolation) efectiva de los países». (Extraído de la investigación incorporada en nuestro artículo «La Deuda Externa: Su vis jurídico-internacional», Revista Geopolítica, N° 12, Buenos Aires, 1986, en co-autoría con el doctor Ricardo Alagia).

Véase cómo la traspolación de tan lúcidos y corajudos antecedentes –totalmente pertinentes en su ideación, sobre todo hoy, cuando la globalización, como fenómeno mundial, tiende a acentuar los predominios pre-existentes y a masificar en un contexto asfixiante los anhelos por reducir la brecha entre débiles y poderosos– permitiría acotar, siquiera mínimamente, pero con la fuerza de un poderoso eticismo jurídico-político, los excesos que se integran, en grado imponderable pero cierto, en las cifras fantásticas de las acreencias internacionales, hoy amenazando consolidar la idea de que la deuda externa haya de ser una deuda eterna (glosa del estudio de Jiménez de Aréchaga para el Foro de Roma de 5-7 marzo 1992, Actas del Seminario Jurídico Internacional, CEISAL, Universidad Lateranense y Universidad de Roma, p. 159). Esta misma circunstancia, en su extravagante condición generadora de perturbaciones macroestructurales, para Estados periféricos, ha llegado a predisponer comportamientos que debieran ser observados cual secuelas indeseables de sumisión en la globalización, como cuando son requeridos los contralores y monitoreos –técnicamente intervenciones internacionales– aún fuera de toda relación conducente a la concertación de un préstamo.

Aparece, entonces, plausible e históricamente, una demanda de la paz y la seguridad internacionales para que no sean agravados los términos actuales en la ecuación acreedores-deudores, que la inteligencia y el sentimiento gregario y solidario del hombre participen en una gestión salvacionista que, más allá de la política –porque la alienación, la dependencia, los temores, frente al sistema y a la posible pérdida de oportunidades de otros beneficios del flujo financiero, actúan como valla–, permita esgrimir una defensa apropiada que inhiba los efectos más injustos del contexto vinculatorio que viola el principio cardinal de igualdad jurídica entre los Estados, cuando en realidad se operan los condicionamientos bajo el imperio del poder y la consiguiente fórmula y modus operandi de los contratos de adhesión, conocida figura de orden privatística cuya sombra debe estar excluida del mundo jurídico internacional. He aquí una nueva y posiblemente providencial apoyatura al magno esfuerzo de tantos estudios que, seguramente, por la fuerte impregnación en derecho y moral internacionales, suscitará profundización y desarrollos en esta etapa todavía preparatoria en los trabajos por acercar a la Asamblea General un completivo paquete argumental en aval de la propuesta del profesor doctor Espeche Gil (1), que ya ha tenido respuesta, eco y contribuciones para tornarla más viable desde la doctrina, grandes foros políticos y científicos (2) y también desde gobiernos y legislaturas, tal la tesitura de la República Dominicana de presentarla a las Naciones Unidas en 1989.

Cuando en la perspectiva de la economía se percibe que el conocimiento, la capacidad para producir innovaciones, constituye elemento esencial y prácticamente insustituible, superior, todavía, a los factores tradicionales tenidos por centurias en la cúspide de las consideraciones, en el derecho, y sobre todo en el Derecho Internacional, es clave y medular que la inteligencia –así para la interpretación como hacia el reducto propicio de los desarrollos progresivos– cumple una misión que, por la vía reservada a la doctrina, inclusive de manera formal, allana las dificultades que obstan a un pleno despliegue de la justicia (Estatuto de la CIJ, art. 38, inc. c).

Fuente auxiliar para determinar dónde se encuentra el derecho, o sus simientes, es la doctrina, para la evolución, para la apoyatura del estadista, para abrir horizontes, que sean fecundidad en acto por razón del querer vivir colectivo de la Humanidad, entendido su designio a la luz de normas tan evocadoras del bien común como aquella que, desde la Carta de la O.N.U., permite inducir cambios en situaciones susceptibles de producir vicisitudes extremas en las relaciones internacionales.

Hoy se abre paso en la doctrina y en los grandes foros políticos, en el tratamiento del crucial problema de la deuda externa –que se encuentra apenas larvada su existencia en los acontecimientos de México, en toda una dimensión financiera y económica como también humana y política– una tesis bien afirmada, llena de razonabilidad y sentido jurídico, real y potencial, que propugnara hace ya más de diez años, y continúa impulsando ahora con el aval y enriquecimiento bienhechor de una pléyade de distinguidos juristas, el diplomático y miembro argentino del Comité Jurídico de la OEA, doctor Miguel Angel Espeche Gil. Esa propuesta tiene –en la búsqueda de precisión en términos de derecho internacional– para las acreencias entre Estados el mérito de adelantar hacia el «estatus» más vulnerable, jurídica y sociológicamente, así como histórico y etológico, en punto al comportamiento de los países centrales y demás exportadores de capital cuyas inversiones presionaron, por exceso de liquidez, en un pasado reciente donde se generó gran parte del endeudamiento latinoamericano y del tercer mundo. No obstante estos componentes, y habida cuenta del politicismo que impregna la cuestión, es inmensa la oportunidad alumbrada para que el derecho, el derecho internacional arrime una salutífera semilla de verdad común a todos los hombres, para honra y prez de la memoria de Vattel y, sobre todo, para dar cauce a una genuina cooperación y solidaridad entre los pueblos, cuya autenticidad no sea opacada, desnaturalizada, por los relictos infecundos de la fría especulación crematística, del lucro y la renta sin causa.

A la postulación se ha ofertado como fruto de pensamiento que recorre la veta jurígena de la comunidad internacional y tiene su encolumnamiento espiritual en sólida base humanística, se la puede beneficiar con el fácil diagnóstico que augura haya de ser tenida, por convicciones ciertas, de distinguidos miembros de la doctrina y la política mundiales, entre las ideaciones más plausibles y perdurables que han visto la luz entre las de América toda, junto a Drago, Calvo, Jiménez de Aréchaga, etcétera.

La enunciación de la tesis, denominada ya en varias cátedras jurídicas americanas y europeas como «Doctrina Espeche» explicita el anhelo justiciero y profundo, que excede el marco continental, por el cual se buscan vías y medios adecuados y pacíficos para hacer patente –y en el devenir operar consecuentemente– la ilegitimidad instalada en el sistema de los créditos internacionales, que llevan a consagrar un modus operandi que desnaturaliza el proceso, supuestamente motivado en contribuir, los países más ricos, a cerrar la brecha que los separa de los demás y no a ahondarla.

Espeche define concisamente la tesis:

«El aumento de las tasas de interés (como efectivamente fue impuesto por los acreedores, de manera ilimitada, además) constituye una acción ilícita a la que con los parámetros jurídicos clásicos calificamos ineludiblemente de usura.

La usura no es sólo una acción ilícita incriminada de diversos modos en el derecho civil y en el derecho penal, sino que, por su vigencia histórica, geográfica y cultural, es también un principio general de derecho. Como tal principio –de aquellos caracterizados como «de las naciones civilizadas»– es fuente del Derecho Internacional, reconocida y establecida en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38, inc. 1, c».

Y enseguida, para su apropiada articulación procedimental, expone:

… «Inserta así la cuestión de la deuda externa, mediante la calificación jurídica del aumento de las tasas de interés, en la esfera del Derecho Internacional Público, corresponde entonces que encontremos la acción –en el sentido procesal de pretensión punitiva de la comunidad internacional– que garantice a los países deudores, víctimas de esta ilicitud, la posibilidad de reclamar justicia en una instancia internacional.

«Como entre las normas positivas vigentes no surge una acción jurisdiccional viable –al menos no de modo explícito–, proponemos una alternativa procesal, que es la de poner en práctica la facultad que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas de pedir a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre «cualquier cuestión jurídica», como lo establece el artículo 65 del Estatuto de la C.I.J.».

Estos sencillos enunciados explicativos, en el contexto de un seminario internacional reunido en Roma en 1992 (3) para profundizar la obra de su autor, eximen –por su carácter fermental y positivamente orientado al logro de los fines últimos de la comunidad internacional organizada– de entrar en demasiados detalles de toda la fundamentación que él ha aportado al caso, pero que, inevitablemente, ha podido ser favorecida por un cúmulo de valiosísimos estudios y contribuciones técnicas que han erigido al tema en un Ateneo donde concurren, imantados por el sentimiento gregario del hombre, personalidades y también organizaciones y órganos estatales, así como Estados ya consustanciados con esta justa causa de hombres sabios que forjan una fuente del Derecho Internacional Público.

Para citar doctrina de un único y pequeño Estado, Uruguay. Así: un jurista de la talla de Jiménez de Aréchaga, nuestro malogrado maestro (4), ha observado la conveniencia que podría revestir el enfoque del principio rebus sic stantibus, porque hoy parece más oportuno preferir el cambio de circunstancias que el acento en la usura que llevaba la ponencia original, por la versatilidad de este principio, que se procura mimetizaciones a veces de dificultosa pesquisa (Foro de Brasilia, 1990);

– el entonces canciller del Uruguay, profesor Gros Espiell, aplicando el principio cardinal de la bona fides vinculado al abuso de derecho, con desarrollos a propósito de la solidaridad y la cooperación internacionales, y profundos pensamientos volcados en una cantidad de estudios, también para el Parlamento Latinoamericano;

– Enrique Iglesias, presidente del B.I.D. en «La Cooperación Económica Internacional; una visión desde América Latina»;

– el autor de este artículo, en colaboración con el doctor Ricardo Alagia, «La deuda externa. Su vis jurídico-internacional» (Revista Geopolítica, N° 34, 1986) y, abordando la cuestión de inversiones sin riesgo, forzadas y tocadas por la sombra de la «tangente», su estudio «Los Tratados desiguales y la frustración de oportunidades a la libre competitividad de las inversiones internacionales» (Congreso Multidisciplinario la responsabilidad del profesional ante el Siglo XXI – Colegio de Abogados de La Plata, 29/10-2/11, 1990).

Y diseñando el comportamiento de la vertiente argentina, para culminar la oferta del aporte rioplatense, fuente riquísima de concertaciones o cooperación por el conocimiento y promoción del pensamiento jurídico, de lo que son probanzas bastantes los tratados de ejemplaridad universal de 1889 y 1939-40,

– la obra de Miguel Angel Espeche Gil fundante de su propuesta, hoy en trance de proyectarse a la Asamblea General para conseguir el pronunciamiento que recabe de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre ilegitimidad de la elevación unilateral de las tasas de las acreencias internacionales.

La contribución de una constelación de inteligencias bien inspiradas, desde todos los confines y concepciones del mundo jurídico, es inmensa y el libro de César Moyano Bonilla y Loretta Ortiz Ahlf contiene un valioso repertorio al efecto.

Por su valor de registración para una necesaria síntesis, muy elaborada y enriquecida con sus propias ideas, vale una expresa mención al elevado mérito que reviste el libro de los mencionados autores, «La deuda externa y la responsabilidad internacional del Estado» (Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). Esta obra resulta de una bien balanceada combinación de cogitaciones y numerosos antecedentes, pensamiento e información, para hacer posible también la agitación a través de la promoción académica, en la búsqueda de fortificar la presencia, ya consistente de la doctrina con su poder identificatorio de las reglas, aun aquellas in status nascendi, pero que están pendientes tan sólo del imprimátur que las alumbra. Los profesores Moyano y Ahlf adhieren a la propuesta de llevar los aspectos jurídicos de la deuda externa a la Corte de La Haya.

Sin perjuicio del precitado patrimonio jurígeno ínsito en una normación que, no tan sólo modernamente sino desde antigua data, viene proveyendo amparo y medios para su defensa al individuo y a los pueblos. Sobre este particular, son significativos los artículos que, en ambos Pactos Universales de Derechos Humanos, en el de Derechos Económicos y Sociales, así como en el de Derechos Políticos y Civiles, aprobados en las Naciones Unidas en 1966, se hace caudal en la titularidad de los pueblos respecto de los recursos naturales existentes en los países. Bien podría pensarse, como lo hace el autor de este trabajo, para elaborar el ítem de los Derechos Humanos, que la Asamblea General no innovó en 1966: Ya antes la Corte Internacional de Justicia, al dar su sentencia en el caso de las Pesquerías Noruegas, había acordado un rol decisivo a las necesidades económicas de una comunidad enfrentada a las apetencias de una gran potencia –así lo hizo notar la Corte– por el hecho crucial de sus necesidades alimentarias, por su nivel de vida, haciendo también espacio a una ponderación valiosa respecto de la convicción que esa comunidad tenía acerca de la pertenencia misma de esos recursos. Mutatis mutandi, la renta o plus, el extravagante excedente detraído de la economía de estos pueblos mediante la elevación unilateral de tasas, tiene una vocación de analogía, técnicamente considerada, inclusive por razones de lógica jurídica, con aquella pérdida económica para el pueblo noruego que la Corte cancelara, razonada y humanísticamente, en ese fallo fermental e histórico, un fallo hominizante, todavía no bien explorado en todas sus virtualidades. He aquí una grandiosa oportunidad para oficiar hacia el bien común de todos los hombres desde el aforismo socrático, alumbrando nuevos desarrollos progresivos, para alcanzar un estadio menos grávido de amenazas a la paz susceptibles de generarse a partir de grandes iniquidades que, realísticamente, la Carta ha prevenido desde el que fuera polémico texto de su art. 14, cuya remisión a los principios de cooperación para solucionar problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario nos sitúa firmemente para presentar los elementos componentes de un caso bien fundado y moralmente avalado por el Pontificado, por la conciencia pública universal y una anfictionía de O.N.G., etcétera.
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

(1)»Ilicitud del alza unilateral de los intereses de la deuda externa», Ponencia al XXV Congreso del IHLADI, Santo Domingo, 1989.

(2)Parlamento Latinoamericano; XI Conferencia Interparlamentaria Europa América Latina; Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional IHLADI; Consejo Europeo de Investigaciones Sociales para América Latina CEISAL.

(3)»Atti del Seminario Giuridico Internazionale» (5-7 marzo, 1992, p. 340).

(4)Lleva los conceptos del maestro en su memorable estudio sobre la jurisdicción de la CIJ publicado en el L. Amicorum en Homenaje al doctor Eduardo Couture (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).

1. Porque él tiene bien arraigada raíces en el comportamiento para una cuestión que atañe a la paz y a la seguridad de las naciones.

2. Es que pecaríamos de mentirosos si nos apropiáramos de la definición como “inmoral” de la política británica para las Islas Malvinas; NO, ha sido sino desde el seno mismo de la comisión de exterior de la Cámara de los Comunes, en la voz de Lord Berlsted quién pronunciara el anatema: entre “la conducta de nuestra política ha sido inmoral para las Islas Malvinas”.

3. ¿Y está pasando la hora ya que la cuestión puede convertirse en eso, un caso judicial? avancemos entonces en explicar algunas de las razones que condujeron a tan corajuda y precisa expresión del distinguido miembro de la Reyecía Británica, o sea: después de haber dado lugar a que se dijera en la misma sala en ocasión de presentarse el informe Kershaaw: «si los ingleses no habían acreditado derechos porque los acreditan ahora”.

4. Un sitio para todas las circunstancias para exhumar las invasiones: 1803,1806, 1841, 1843, bloqueos, 1983 y los bloqueos de 1841 y 1845 ríos interiores – Vuelta deObligado -un sitio para todas las circunstancias en que hizo impunemente primer uso de la fuerza.

5. También en 1982, actuó con la complicidad de Francia y de Estados Unidos al igual que en 1831 y en 1841/43.

6. Uso de naves y pretextaciones sanitarias para tratar de legitimar actos de agresión militar la utilización del endurance; simular un ataque argentino utilizando sofisticadamente un navío de actividades sanitarias la apropiación en Gibraltar de la zona cedida por España para fines humanitarios;

7. «Si la Gran Bretaña no tenía ningún derecho»; qué es lo que iba a reclamar con el acto de fuerza? esto lo dijo al presidente de la comisión de Relaciones Exteriores evitar la versión del doctor Peter Beck durante el interrogatorio a que fuera sometido 1982.

8. El mismo Lord Berlsted despejó la mentirosa versión de su gobierno acerca de la inexistente presentación Británica ante la Corte Internacional de Justicia!!

9. Fitz Maurice y su historial son ricos en material de apoyo a la causa Argentina y por su valor para la convicción del hermeneuta resulta paradigmática la serie de episodios protagonizados por este prohombre de la diplomacia británica que llegó a integrar la Corte Internacional de Justicia, a saber: 1936: aconsejaba «sentarse fuerte sobre la roca y dejar de hablar con los argentinos, ellos no tendrán fuerza para echarnos» en 1937 dijo «hay que dejar de hablar con los argentinos porque no podríamos sostener nuestros argumentos en ningún tribunal internacional

10. Recuerdo para W. H. Hobbs de la Universidad de Michigan (SCIELCE) 23 de Julio 1939 – full en el volumen 89, página 380/583 opina que:» el almirantazgo inglés no ha vacilado en publicar mapas falsos ni tampoco ha vacilado el profesor Rudmore Brown eminente geógrafo británico en darles autenticidad contra que los descubrimientos en la Antártida sean atribuidos a ingleses «está probada la falsificación cambio de hitos en el mapa de schomburg con la que se ubicaron extensas regiones de la demerara venezolana árbitro ruso: Martes

11. permanece inalterable la corona y su cohorte ante tan atinadas y bien inspiradas sentencias como «un acto unilateral ilegal no puede conferir a un estado un título jurídico» (oppenheim – Lauterpach tomo l – vol l pag.149 N°58) otra en derecho internacional público mantiene el derecho de la soberanía territorial aún cuando su ejecución se vuelva imposible como consecuencia de una anexión antijurídica.

12. Con sus genes de delincuencia avanzan sobre los tratados que le impiden apropiarse de espacios en la América meridional y australes también sobre los derechos humanos involucrados en el colonialismo y otros crímenes internacionales.

13. la gestión de Fitzmaurice es factotum del foreign office ha merecido el siguiente juicio de Ferrer Vieyra (op.cit página 274 número 11: «tampoco corresponde hacer un logio de la imaginación interminable del profesor Fitz Maurice y de su habilidad para desfigurar hechos y apropiarse indebidamente de principios de derecho principios qué condiciona para su uso personal»

14. En 1937 el Reino Unido arguyo junto a Anthony Edén cuándo reclamó la caducidad de todos sus títulos expuestos por equivocados y los sustituyeron por otros más convenientes y más prácticos!! Aunque no menos antijurídico para el caso porque: a.El descubrimiento no puede imputarse a los ingleses y por lo demás esa sola causa sin ir acompañada de presencia efectiva es irrelevante; b. la prescripción también alegada, tras que, si discutida, su virtualidad no ha podido configurarse durante periodos totales abarcados en la perpetración de un crimen internacional justamente contra la contraparte, la República Argentina, que nunca cedio su prerrogativa de soberanía que no se pierde, por consecuencia de una anexión antijurídica (Verdross Madrid 1964 Head Aguilar capítulo 8 página 4)

15. En el colmo del expansionismo imperialista, enfermizo, contagioso, con involucramiento del Consejo europeo al que todavía parece cuesta excluir por determinaciones que comprometen a sus fines y su futuro por acogimiento de la subversiva gestión de uno de sus miembros afortunadamente hoy apartado – brexit mediante – de la vida comunitaria, que clama por la extirpación del contenido espúreo del tratado de 2013.

16. Contumasia en avances viciados por persistentes hechos consumados perpetrados al margen de los tratados y de la jurisprudencia internacional para casos de litigio dónde está proscripta toda actividad conducente a crear beneficios a una parte, el Reino Unido ha creado una base militar que, autonómicamente, es causación de crimen contra la paz. Con disfrute de los recursos naturales.

17. El hecho consistente en la sobrevida de una aventura ilegítima desde su génesis acerca a la criminalidad de sus protagonistas sucesores en el tiempo y en la acción bajo habiles instrucciones hacia los miembros de la asociación ilícita inscripta histórica y geoestratégicamente con un fin predeterminado claramente fijado y establecido, o sea, instalar un sistema permanente de colonización (instrucciones al teniente Moody 1835).

18. También carece de regularidad en el derecho dercho? interno el procedimiento asumido por la parte de Inglaterra para tratar de dar noticia de su permanencia en Malvinas. Dado que la Carta Patente de 1917 y 1918 en qué ilegítima y tardíamente lo hace, es en términos de subalternidad e insoportable debilidad institucional dado que en ningún momento menciona, como si lo hace la corona con otras posesiones australes para cuyo tratamiento remite al Settlement Act de 1887 y su publicación (Ferrer Vieyra y su publicación en la London Gazette las cartas patentes de 1917 y 1918 fueron en cambio solo publicadas en la Gobern Ment Gazette de alcance apenas municipal o quizá ninguno más bien descalificante, arruinador.

19. Le es aplicable la máxima: «qui ne dit mot, concent» (F. Vieyra 2007 pag.175) porque no ha respondido a protestas Argentina (Estoppel)

20. Dice Lauterpach (int.l 1970 vol I pág 398) «… Sin el requerimiento de la buena fe la prescripción negaría su premisa jurídica mayor» la prescripción a que apelan los británicos ya había motivado a Cohen (1922- Estrasburgo, Las Islas Malvinas A. Francais de Droit in. pag 243 ) para quién …las protestas argentinas impiden la prescripción a favor de Gran Bretaña; aún la falta de protesta entre 1844 y 1884 tiene una explicación legal válida” en la que coincide el genio de Jiménez de Aréchaga. Jennings, que ha sido miembro de la C.I.J. ha opinado sobre la aceptación cuando «jamás la República Argentina ha concedido por ninguna vía sus títulos que han dado lugar a la gestión violenta, agresión y anexión por el Reino Unido» qué en cambio actuó sobre Omán en 1955 tratándose el caso cómo bajo jurisdicción doméstica siguiendo el ejemplo de la India respecto de Goa en 1951.

21. Inglaterra en su rol conservador en el peor sentido de su tradición feudal colonial e imperialista pretende seguir cultivando la sumisión de los pueblos a su corona para quien los funcionarios del F.O. se empeñan en regalarle espacios en las áreas más alejadas como las australes y con el beneficio de aplicar su obsceno procedimiento de las Cartas Patentes, cartas de corsarios que son reminiscencias de tiempos de filibusteros. Así ha conseguido el oprobioso privilegio del veto y también, del asiento permanente en el consejo de seguridad con afrenta a los principios democráticos de igualdad y respeto recíproco entre los estados de los que debiera ser portadora. Ya la Corte internacional de Justicia sancionó al estado inglés por comportamiento que afectaba a la sobrevivencia del pueblo noruego siendo una gran potencia.

22. Sinclair produjo informe falsario sobre conocimiento de títulos de España derivados de Francia, acerca del prioritario asentamiento galo devuelto con reconocimiento de la pertenencia hispánica.

23. Cínica afirmación de acto de fuerza ion Únicamente se región por tratarse de fuerza militar para recordar que Gimenez de Aréchaga eximía de la reiteración de la protesta a la víctima del agravio.

24. Reconocen el valor y peso de la aceptación por la parte afectada en términos de prescripción ignoran en los hechos la circunstancia creada continuada oposición Argentina ver soberanía. Se basan en afirmaciones falsarias de faucets F a w cgt página 19 negando, «está muy claro» (1833/1927) – desprecio a la verdad y a la buena fe.

25. En medio de sumatoria de hechos consumados, violatorios de la obligación de no innovar viene el Reino Unido a cambiar sus títulos por argumentos todos posteriores a 1833 reemplazando a los antiguos derechos de Su Majestad por una nueva «rationales»,en conformidad a la que Mister Pym informó a Tom Dall Yell: » nuestro caso se funda en los hechos, en la prescripción y en el principio de autodeterminación». Es que, preocupados los gobiernos británicos – lo que desmiente a la versión acerca de que no abrigan dudas sobre la soberanía – entender opiniones autorizadas más allá de la influencia de los políticos del momento. Así, el memorándum de 1910 es idóneo para ilustrar acerca de la atróz desinformación reclamada por la clase política al cemento técnico diplomático. Decía el doctor Peter Beck de lo expresado por el secretario ayudante de relaciones exteriores en julio de 1911: «la única cuestión es cuál país tenía mejores títulos cuando nos anexamos las siglas… Creo, indudablemente que eran las provincias unidas del río de la plata » en diciembre de 1927 Sir Malcom Robrtson embajador británico.

26. El argumento fundado en la libre determinación ya viene absolutamente descalificado por la opinión del profesor emérito derecho internacional J. E Faucett de la Universidad de Londres ex presidente de la comisión europea derechos humanos y ex consejero legal principal del fondo monetario internacional, tienen su presentación (minutes of evidence Great Britain 17 de enero 1983: «Falkland Island’s inquiriry)» y quién reconoció su error de apreciación acerca de las protestas argentinas y cambió un poco su posición; pero lo que también importa, ha sostenido la validez del reclamo Argentina oponiéndose a la alegación británica de prescripción por razón del moderno estatuto del derecho internacional Público de la ONU que ha consagrado la cancelación explícita de toda posibilidad del uso de la fuerza para crear un título jurídico. En el mismo orden de ideas: con la siguiente claudicación: niega que el acto de apropiación por vía militar de 1833!!. Si los argentinos se rindieron!!. Apenas si compensa su performance con la validación que hace de la aceptación necesaria – negada – necesaria como requisito indispensable para prescribir. A lo que agregaba, pintorescamente: . respaldarmos simplemente en la prescripción no nos llevará muy lejos si tenemos a la gran mayoría de Sudamérica contra nosotros”.

27. desapego en términos económicos políticos estratégicos de las instrucciones dirigidas en ocasión de las negociaciones por Nootka, en un asunto de similares características, donde Inglaterra postulaba satisfacciones porque no había tenido oportunidad de ver las pruebas y que las reparaciones debían alcanzar a un arreglo justo a los intereses y derechos de ambas partes. En cambio Inglaterra ha aplicado la política de poder para Malvinas extrayendo resultados contrarios acto de Justicia mediante tratados de adhesión caso Madrid Buenos Aires ni siquiera ratificados por ella y adversos por naturaleza a los principios de las Naciones Unidas de los derechos humanos y de los pueblos. De ahí el rótulo de política inmoral inglesa para Malvinas aplicado por el Ministro de Estado Lord Belsted en su exposición de 1982.

28. Documentos con registraciones tan carentes de identificación con la verdad y con la derecha y con el derecho como el contenido del memorándum del consejero legal del foreign office quién se despacha con: d) para prescribir no hace falta el consentimiento…”; g) la reclamación británica no se funda en qué en 1833 no se usó la fuerza para tomar posesión de las Islas, pero eso sirve para reforzar su argumentación”!! (entonces sí USA elípticamente a la fuerza y al genocidio). Faucets bate récords de desinformación como Waldoc cuando dice: «la prescripción está cuestionada cuando existe una protesta diplomática; pero la Argrntina – dice – protestó por primera vez en 1927 ! la falla de Faucet se produjo después de repetidas protestas argentinas. Para entonces se han acumulado casi una decena de tales recursos ilegítimos. Admite la sustancia de ilegitimidad que revela la sucesión de ocurrencias desafortunadas por maculadas en el comportamiento deshonroso de la diplomacia británica.

29. El Reino Unido sostiene el colmo de su conciencia insuflada de orgullo y vocación de ambición de poder como creadora de la ley en todo momento pro domo sua una serie de despropósitos como qué: 1) cuando “al hecho de reconocer Gran Bretaña a las provincias unidas en 1922 no se hiciera ninguna reserva sobre los derechos a las islas y lo explica por las circunstancias históricas. 2) la reclamación de propiedad titular formulada por el coronel Jewett llegó en 1820, no fue conocida por Gran Bretaña“ (F.V 2007 página 21, no son sutilezas son mañas de malos perdedores)

30. Inglaterra pasa sobre ascuas la circunstancia de que Estados Unidos no reconociera ninguna potestad vigente sobre las islas en tiempos cuando Inglaterra dice que le pertenecían. Ferrer Fieyra registra: página 129 “Adams a Monroe 19.9.1815 para ilustrar el irrespeto a los tratados ante el advenimiento de una guerra posterior en el mismo orden de ideas cómo Estados Unidos rechaza la posición de Inglaterra porque “es una innovación desconocida antes y por no estar sancionada por la práctica ni por el uso de los estados soberanos; es adecuada por su sentido para multiplicar las causas de la guerra y debilitar los lazos de paz entre las naciones independientes (American State papers foreign relations volumen 4 página 357 F.V. página 129.

31. Nihil Damnum provectum/estoppel: en cantidad de oportunidades aquí expuestas y más. Prevaricato: por cambio del derecho, por hechos consumados ilegítimos, también furtivos en procura de alentar su tesis sobre la prescripción alegato infiel con el derecho en el caso titánico porque: no cuenta con asentimiento de la Argentina que siempre protestó. Todos tiene vicio originario de violencia. Carece del reconocimiento, agravado por comisión de genocidio. 4) carece de vigor en derecho internacional público 5) trámite invadido por gestación en dalicta juris gentium – colonialismo -. 6) trámite obstado por conducta obrepticia – falta a la buena fe – por irrespeto y falta de consentimiento y de reconocimiento por la comunidad internacional. Contra la Argentina, el estado reconocido titular de la soberanía en las resoluciones de la ONU de la OEA de no alineados y en otras entidades internacionales.

32. El rechazo por Inglaterra de las protestas de la Argentina con valor para siempre funda a su vez la posición fortificada con la opinión de Jiménez de Aréchaga sosteniendo que es injusto someter al Estado víctima del agravio a continuada apelación a la buena voluntad del agresor sobre todo cuando están probadas la fuerza militar y el carácter No Pacífico de los ocupantes

33. El genocidio como la conquista F.V. pág.211. está condenado desde siempre y el impide todo curso favorable al agresor

34. Inglaterra invoca falsa y pérfidamente en su favor a resoluciones de las Naciones Unidas que como la declaración 2625 sobre principios de derecho internacional proclama el principio de libre determinación invocado por el Reino Unido, no debe ser invocado ningún caso como una autorización para quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de Estados soberanos e independientes. O sea, “todo estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento total o parcial de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro estado o país”.

35. Verykios agrega: «los británicos no tenían ningún derecho sobre ellas”(las Islas Malvinas)

36. Inglaterra por lo menos en dos oportunidades ante tribunales internacionales rechazo la prescripción como institución de derecho internacional (la negó) en el caso del Mar de Bering y en el caso de las fronteras de Alaska) -estoppel – F B página 224.

37. nadie puede prescribir contra su título. Inglaterra ejercita práctica diplomática con éste criterio.

38. Sólida apreciación de la cComisión de Juristas de Ginebra entre paréntesis («the review” 1982: cuando dice:» La reclamación no está vacía de contenido como pretenden los ingleses”. (prevaricato)

39. “La única cuestión es cuál país que tenía los mejores títulos cuando nos anexamos las Islas. Creo indudablemente, eran las provincias unidas del Río de la Plata». (1911. Cita al secretario ayudante extraordinario decl. del doctor Beck).

40. John Vyvian -1935 -: «no tenemos confianza en que nuestra reclamación sobre las faltas vaya a triunfar si llevamos el asunto arbitraje».

41. La opinión del profesor Akehurst, combate a la pretensión del Reino Unido de amparo en la prescripción; contiene; además, un augurio nefasto ya que en 1982-83 en su memo a la Comisión de los Comunes acerca de condenar a perpetuos estatus a los habitantes. Lo que viene a consumarse es la documentación exigida por el nuevo papel constitucional.

42. Los doctores Deas y Brownlie también se pronuncian por la ilegalidad del uso de la fuerza para posesionarse. (Cámara de los Comunes 1982/3 página 32 subsecuentes).

43. El 22.07.2021 un ministro inglés proclamaba que no iban a cumplir el tratado con Irlanda porque ya no les convenía… ” porque ahora se perjudicarían su economía!!”.

44. Importa la fuga de los oficiales acólitos del F.O y de sus doctrinos respecto de los tratados y principios que rigen a la cuestión – incluso desde el derecho de la descolonización groseramente tergiversado en su sentido y en su operatividad porque está en juego un derecho humano violentado y usado por un fin de enriquecimiento territorial – todo lo que se inscribe en un contexto maculado por la invisibilidad para beneficio a favor del Estado más experiente y poderoso amén de su capacidad para la perfidia.

45. Inglaterra configura acción traidora cuando despoja al país amigo a quien hizo, especulativamente confiar celebrando pocos años antes un tratado de paz y amistad al que ha violado y consentido por otro tratado por el que debe devolver las Islas Malvinas (tratado de 1968 compromiso de reincorporar las Islas a su legítimo dueño, el estado argentino en un plazo máximo de 10 años. La mora ya es criminosa e insoportable. El Reino Unido apela para explicar no estar preparado todavía.

Ja!

Del Dr. Camilo Rodriguez Berrutti

27/10/2021. Tolhuin. Tierra del Fuego. República Argentina

Se oyó decir al papa Juan Pablo II y a M. Camdessus el que fuera gerente del FMI que la deuda externa Argentina ya estaba pagada y el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata. En el seno de una atroz envestida contra fondos públicos protagonizada por más de 470 delitos cometidos en su tramitación y aprovechamiento con participación de profesionales del delito, gestores y altos funcionarios, todavía impunes porque la complicidad complicó a los responsables de la honorable cámara de diputados de la nación que no dieron trámite hasta hoy al fallo del Juez Federal  Ballestero qué es de hace 20 años, pero mantiene su vigencia por qué la preceptiva internacional, Suprema, protege a las víctimas con la imprescriptibilidad de la ilegitimidades que afectan a los pueblos y proporciona protección por la continuidad del agravio.
Así pude decirse, el cuántum de responsabilidad del organismo supuestamente cultor del mejor desempeño de los deberes internacionales inherentes a su creación de resultas de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, gestado en los acuerdos de Bretton Woods tomado de rehén en vista de controlar y dominar el mundo de las finanzas y la economía universal así se explica que muy ocasionalmente el fondo monetario internacional se ocupa del grave problema del deporte que adolece Estados Unidos cuyas acreencias deficitarias se cuentan por billones pero sin mayor control. Lo mismo que su emisión fuera de todo orden y de corrección moral y técnica: existen subterfugios y medios inteligentes para procurar de dispersar, extinguiendo los rastros delincuenciales de la inflación contagiosa y transferible expuesta a cubierto con una hábilmente diseñada política de invisibilidad en el procedimiento. Mientras y en tanto se producían drenajes financieros por decenas de miles de millones de dólares en una sangría ostensible y continuada mediante el uso irresistible para la especulación con recurso a transferencia y desvío de fondos con conocimiento por las autoridades para la Argentina del fondo monetario internacional, la que han admitido como, efectivamente el dinero de los préstamos, había tenido un fin ajeno al que era de esperar pero  ¡que podría esperarse!?cuando la regulación interna facilitaba las maniobras en las que quedaran involucrados altos funcionarios cuando increíblemente las leyes nacionales reconocían reconocen también para sumar la subrogación por tribunales y leyes extranjeras, incluso de las potencias que llevaron a cabo los bloqueos del puerto Buenos Aires en 1841 y 1843 pero a la más comprometida Inglaterra, se le siguió pagando la deuda con sus intereses aún durante la Guerra de 1982!!!

Y continúa beneficiándole, sin denunciar la ley que aprobara al tratado de protección de inversiones. Que siguen.
En el mismo orden de ideas – omisión desconcertante – aunque en otro importante factor de nuestro interés, la persistente ausencia de atención y culto debido al Tratado acuerdo de 1968 celebrado entre la República Argentina y el Reino Unido comunicado al secretario general de las Naciones Unidas y por el cual se admite El Deber de devolver las Islas Malvinas a nuestro país en un plazo máximo de 10 años habiéndose privado este de exigir lo pactado desde que el contradictor impunemente quedó en mora y en cambio manteniendo así la gestión negociadora que ya había dado su fruto con el Tratado de 1968!! en lo que se insiste sin esperanza fundada en interés único y directo del contradictor inglés incluso desde cierta doctrina tenida por impecable,  (caso M. Kohen). sobre el punto recomiendo la producción erudita del Dr. Luciano Moreno Calderón y para abordar con éxito y solvencia los diversos aspectos – – incluso lo concerniente al protagonismo individual para defensa de derechos humanos y sus garantías, sus intereses legítimos y libertades -, ha de tenerse presente la existencia de un sólido bagaje instrumental que, desde el área Derecho Internacional proporciona modernamente recursos, sobre el fondo y la esencia para los individuos y los pueblos – y también en orden a lo procedimental, con tal grado de magnitud por su alcance y profundidad que puede concebirse una situación de relieve insuperable  l) es que grandes pactos convenciones y resoluciones acordes con el contenido de grande asambleas de Estados repertorio exhaustivo de Derechos Humanos a tutelar integralmente con su reconocimiento y puesta en valor con la operatividad correspondiente; II) se ha establecido el paradigma orientador para la interpretación  por el cual habrá de preferirse la solución que más proteja al interés legítimo de la persona humana; III)  La violación de Derechos Humanos irroga crimen de lesa humanidad y, por ende, con los atributos del ius cogens con la continuidad inherente que sobre la mácula jurídica y moral mancha de la imprescriptibilidad; IV)  todas estas hipótesis se plantean hoy con la salvaguardia, tan valiosa como de cómodo acceso, como es lo que es: O sea, la garantía de Justicia efectiva y operatividad contenidas en los protocolos.

Dr.Camilo Rodriguez Berrutti

19.10.2021

En la medida que se hacen estos progresos, el interés concreto en no despreciar las oportunidades eventuales de nuevas adquisiciones territoriales, conduce a que los Estados dominantes, desde fines del pasado siglo, edifiquen elaboraciones sucedáneas de la conquista clá­sica que no sean violentamente enfrentadas a los nuevos tiempos, y que les permitan igualmente incrementar sus territorios bajo palio de los beneficios del « derecho público europeo », erigido en piedra de toque universal (1).

Ante tales necesidades de la política, y con el poderoso aval inherente a la tradición jurídica romanista que consagra privatística- mente el reconocimiento al hecho de la posesión pacífica, aparecen algunos indicios del trasvasamiento conceptual (2) e intención en cier­tos acuerdos bilaterales de reconocer, en determinadas condiciones, alguna relevancia al transcurso del tiempo en posesión de territorio ajeno cuando dicha posesión tuviere origen pacífico, fuere pública, incontestada y conforme al derecho internacional según la opinio juris (3).

Que para el reconocimiento eventual de un título a crearse por apropiación de territorio ajeno se exijan serias y precisas condiciones es lo menos que puede pedirse cuando la comunidad internacional se rige por los principios de respeto a la integridad, soberanía y dignidad de los Estados. De ahí que tanto en el derecho internacional general, cuanto en las soluciones jurisprudenciales donde cuaja la juridicidad im­perante, prevalece, por sobre las pretensiones del poder y de la opor­tunidad práctica, el arsenal de legalidad superior constituido por los principios de la buena fe en las relaciones entre Estados —cuya codi­ficación se verifica en la Convención sobre el derecho de los Trata­dos— así como el desiderátum « ex injuria jus non oritur », repeliendo todo intento de rédito a partir de un acto ilegal (4).

En la doctrina, Verdross se ha pronunciado exponiendo el error en que incurren quienes creen que todo señorío efectivo ejercido animo domini da lugar a la soberanía territorial sobre el territorio ocupa­do (5); en el mismo orden de ideas, aún tratándose de una situación suscitada por una ocupación efectiva en tiempo de guerra —téngase pre­sente que el Reino Unido invadió y se apoderó por la fuerza de las Islas Malvinas en 1833 hallándose vigente un tratado de paz y amistad de 1825— este autor sostiene que el Derecho Internacional Público mantiene el derecho de la soberanía territorial incluso cuando su ejer­cicio se hace imposible como consecuencia de una anexión antijurí­dica (6).

Es que, sobre todo, ni la eficacia ni otras formulaciones consetudinarias afines, como quieta non moverc, pueden constituirse fácil­mente y sin limitaciones en amenazas ciertas a la integridad de las unidades originarias del derecho internacional, los Estados, porque si así fuera, el orden y la seguridad que se pretende afirmar con una general determinación de titularidad estática sobre los espacios del pla­neta, sólo serían una pretextación al efecto de engrandecer el ámbito territorial de los más poderosos y de los más audaces (7).

Cuando en el caso de las parcelas fronterizas entre Bélgica y Ho­landa la Corte Internacional de Justicia tuvo que determinar si el hecho de la sumisión aún continuada al catastro holandés de las par­celas belgas era relevante para decidir su pertenencia, hizo prevalecer la soberanía de Bélgica, sustentada en una anterior convención. (C.I.J. Reports, 1959). Era, de hecho, la aplicación certera del orden tuitivo a la soberanía, integridad territorial e igualdad soberana de los Esta­dos, consagrado en el derecho internacional como garantía de su inco­lumidad (8). La cuestión Malvinas supone hacer jugar, además, la normación que impone requisito del carácter pacífico, no controvertido ni turbado, del apoderamiento, que es distinto a la exigencia de origen no violento.

Tratándose, como se trata, en la especie, de la eventual cohonestación por el derecho y la conciencia pública internacionales de un tan importante acontecimiento, cuyas consecuencias, gravísimas, se pro­yectan al futuro, ese desplazamiento de la soberanía, para ser admi­tido, reconoce la necesidad de satisfacer sin sombra de duda las solici­taciones todas que, como integrantes de la naturaleza misma de la figura o instituo que se invoca, lo invalidan o tornan inaplicable con su ausencia.

Entre las exigencias, una que reviste carácter sutil y de particu­lar dificultad de prueba para el Reino Unido, en el caso Malvinas, es la demostración de que ha afectivizado su presencia revestida de animus domini, es decir, en la convicción genuina de que le ha asis­tido derecho a permanecer, bastando quizá, en la opinión de Barbe- ris (9), con que se haya creído en la existencia de tal facultad.

Ocurre, no obstante, lamentablemente para la causa británica, que está lejos de ser plausible su pretensión de considerarse con ani­mus domini en las condiciones que el derecho internacional establece. En efecto: es profusa la serie de actos oficiales protagonizados por autoridades británicas que arrojan luz sobre una fuerte adhesión a la idea de ajenidad respecto de la soberanía sobre las islas, incluso con reconocimientos implícitos y explícitos (aquiescencia: estoppel) reve­ladores de la verdad auténtica concerniente a su carencia de título y de fundamentos que no fueran de orden práctico o estratégico. La his­toria legal y diplomática desmiente las afirmaciones políticas formu­ladas por la Sra. Thatcher y por el Sr. Pym en el sentido de que el Reino Unido no tiene y nunca ha tenido dudas acerca de su soberanía en las islas Malvinas (10). No bastan tales afirmaciones cuando todavía impera el aforismo jurídico miliar: las cosas son lo que son y no lo que parecen, y constan en los archivos del Foreign Office opiniones insospechables, del mayor respeto político y técnico que desautorizan tales afirmaciones con análisis y reflexiones de subido mérito (11).

Especial atención reclama la intervención del Sr. Edén en la dé­cada de los años treinta, cuando desde su importante cargo en el Foreign Office, a un nivel que no puede ser ignorado, acogía « la aparición de una nueva posición » británica respecto del título. Se sostuvo que los argumentos anteriores (12) basados en el descubrimien- to previo y en la ocupación parecía un tanto débiles así como también inapropiados. Al tiempo en que el centenario del control británico sobre las islas se celebraba, se creyó preferible poner más énfasis en la naturaleza pacífica y prolongada de la ocupación británica, esto es, sobre la adquisición del título legal a través de lo que se conoce como prescripción… Así, Anthony Edén observó en 1936 que el caso bri­tánico había sido argüido hasta entonces sobre bases equivocadas… » (fragmento por Peter Beck, op. cit., p. 932). Es que la impecable obra de Julius Goebel «La Pugna por las Islas Malvinas » (Yale University Press) (13); el memorandum de De Bernhard y su re-elaboración de 1928 dejaron expuestas en toda su desnudez histórico-jurídica la tesis de un anterior derecho sobre la base de un establecimiento en un apartado islote del archipiélago que fuera justamente definido en un alegato argentino ante el Comité de los veinticuatro (de la Desco­lonización), en 1964, como parcial, precario, furtivo, tardío e ilegal por violatorio de los tratados por los cuales el Reino Unido había garantizado para siempre incluso para los sucesores, la integridad del territorio perteneciente entonces al imperio español, en la América Meridional.

La cuestión viene manejada desde lejos en términos de poder, en el marco de una experiencia colonial ducha en ardides y no demasiado respetuosa de los mencionados principios del derecho internacional (14), al amparo de las ventajas inherentes a la condición de miembro per­manente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sólo en este contexto se concibe la inadmisible pretensión de agitar « todos » los argumentos que según las autoridades del Reino Unido tiene dis­ponibles, aún cuando, por una elemental consideración técnica, que no puede serle desconocida, la alegación de un título forjado mediante larga permanencia en las condiciones exigidas por el derecho interna­cional, por su carácter derivado o subsecuente, supone la preexistencia de una soberanía argentina, normal, anterior, a la que supone susti­tuye negándose, consiguientemente, la tesis de la terra nullius). Si esto es así, resulta incoherente y absurdo sostener, por añadidura, que se tienen también derechos propios anteriores a la fecha en que se produce el origen de su actual detentación material del territorio en cuya virtud aspira a beneficiarse con la prescripción adquisitiva. Consecuentemente, tal alegación acumulativa es índice de vaciedad e insuficiencia, antes que de fortaleza en la argumentación. Esta se resiente por la contradicción entre títulos originarios y título derivado, adverso, tanto como por las evidencias, con fuente en los Servicios Británicos de Información, en el sentido de que no existieron el in­vocado descubrimiento y primera posesión británica; que la primera posesión la tuvo Francia (1764), que pronto la cedió a España (1767) con reconocimiento, junto a la misma Inglaterra de corresponderle al gobierno de Madrid la soberanía; que las islas estaban colonizadas y gobernadas regularmente desde Buenos Aires a la fecha y desde mu­cho antes que se produjera la expulsión violenta y sustitución de la población y guarnición argentina en 1833, y, en fin, su confesión de haber pretendido mantener una soberanía simbólica en cierto lapso, descalificada hasta por lo más granado de la doctrina inglesa represen­tada por Phillimore, Fitzmaurice, etc. (15). El documento incursiona brevemente en los acontecimientos de 1770 cuando los ingleses fueran expulsados por las fuerzas españolas de Buenos Aires, y en el acuerdo anglo-español del 1771, omitiendo significativamente toda mención a la aceptación por Londres de la explícita reserva española de previo derecho sobre el archipiélago, y al abandono definitivo durante todo el resto del siglo XVIII, mientras España mantenía el ejercicio efectivo y a título de dueña del señorío, cuyo contenido en forma legítima fuera transferido por sucesión de Estados y sin solución de continui­dad a las Provincias Unidas del Río de la Plata a partir de su eman­cipación en 1816(16).

Mención especial ameritan los actos constitutivos de «estoppel», según los cuales se ha erigido una interdicción insalvable para que pueda ser invocada en la formación del animus dominio la titularidad de soberanía por el Estado incurso en reconocimientos adversos a su actual pretensión. Un repertorio considerable de hitos histórico-legales es ilustrativo de que tempranamente el Reino Unido ha incursionado en torno a Malvinas con una intención de apoderamiento con fines estratégicos y económicos, en un marco imperial y colonialista. Pidió permiso a España para visitarlas en 1749, ateniéndose a la negativa del ministro Carvajal, con lo que se configura un « estoppel » por par­tida doble; notificado por Francia al devolver las Malvinas a España en 1767, el Reino Unido mantuvo silencio cuando, llamado a pronun­ciarse nada dijo; admitió ostensiblemente la soberanía española sin objeciones al despliegue de su poder y señorío durante el pasado siglo, continuados por el Gobierno de Buenos Aires con más de veinte go­bernadores; celebró una constelación de tratados, culminando con la convención de San Lorenzo o de Nootka Sound, de 1790, en la cual confirmó el reconocimiento del dominio hispánico sobre todos los terri­torios ya ocupados por España en la América Meridional, donde cla­ramente se integran las Malvinas; reconoció al Estado argentino y, en especial en el tratado de paz y amistad de 1825, se abstuvo de toda mención o reserva acerca del título y actos oficiales efectivizados desde Buenos Aires, incluso con la aceptación y reconocimiento de los cón­sules británicos (17); en 1968, mediante la «fórmula conjunta » que fuera comunicada a la Asamblea General y registrada en el Informe Kershaw, el Reino Unido admitió que debía devolver las islas a la Argentina por ser de su pertenencia en un plazo mínimo de cuatro años y máximo de diez; y si bien dicho acuerdo no alcanzó a ser rati­ficado, conserva el valor que la jurisprudencia de la Corte Interna­cional de Justicia reconoce a estos vínculos, como « estatuto provisional en beneficio de los signatarios », donde cada uno revela el cuantum de sus compromisos y que es lo que la otra parte tiene derecho a re­clamar (18).

De todo lo cual se infiere, con un alto grado de certidumbre, que una alegación de haber consumado prescripción adquisitiva con animus domini por el Reino Unido sobre Malvinas sería insincera, irreal y contraria a la verdad objetivada en la propia conducta, verdad que tiene también su expresión en el pronunciamiento plural y reiterado de la mayoría de la comunidad internacional que reconoce la titulari­dad permanente de la soberanía argentina en el archipiélago aus­tral (19).

Esta gran mayoría favorable a la Argentina, que representa la conciencia pública universal, en su convicción acerca del punto crucial: a qué Estado corresponde adjudicar el reconocimiento de la soberanía en Malvinas, constituye un componente de juricidad relevante en el caso, no obstante tratarse de un origen en fuente política, como las reuniones de Jefe de Estado y de ministros, o las declaraciones bila­terales que, con profusión, responden a la misma idea.

El derecho internacional consetudinario y la jurisprudencia recla­man, justamente, que la opinio juris acompañe con su asentimiento una posesión sobre territorio ajeno (20), como prueba de que los hechos que determinarán eventualmente la prescripción adquisitiva son con­formes al derecho internacional y el continuo despliegue de autoridad sobre territorio que originariamente pertenece a otro estado no em­biste contra la paz y la seguridad internacionales.

No podría, en el estado actual de la cuestión, afirmarse en modo alguno que el Reino Unido cuenta con la admisión general que se requiere en términos de derecho internacional para cumplimentar este requisito que, como todos los limitantes del hecho material de la po­sesión, son indispensables, ya que el Instituto y la materia interpre­tativa se hallan bajo el principio de la afectación en la menor medida posible de la integridad, unidad y soberanía del estado. Por el contra­rio, es de toda evidencia existe sensible mayoría de Estados en oposi­ción que repugnan de la usurpación ejercida en 1833 por el Reino Unido y de su continuidad agravada por la instalación del crimen co­lonial en las islas Malvinas.

Es comprendiendo lo insostenible de sus anteriores alegaciones y de su posición invocando la prescripción adquisitiva (21), que el Reino Unido se atrinchera en una otra línea de defensa también de claudi­cantes relieves: la alegada necesidad de que sean atendidos los deseos de los habitantes. Ocurre, no obstante, que ni el derecho internacional atribuye a una parte del cuerpo social aptitud para determinar el des­tino de un territorio, ni lo admite siquiera el sistema constitucional británico, y menos aún las Naciones Unidas que, considerando el caso Malvinas una cuestión especial en el marco de la descolonización, donde ha de prevalecer el principio inherente a la tutela de la inte­gridad del estado afectado (Res. 1514, XV, párr. 6), ha determinado reiteradamente, tal como en el caso de Gibraltar (22) que la disputa ha de resolverse entre ambos Estados, atendiendo oportunamente a los intereses —no a los deseos y opiniones políticas— de los habitantes. Se deduce que, pendiente una disputa así reconocida por la comunidad internacional organizada, y colocado el Reino Unido en condición de mera potencia administradora a partir de la Res. 2065, ha caducado su aleatoria posibilidad de prescribir aún, si pudiere ajustarse al exi­gente requerimiento del instituto en evolución, porque nadie puede prescribir contra su título (nul ne peut prescrire contre son titre) (23).

Finalmente: sería inadmisible que una potencia colonial se pre­valeciera de estar incursa en un crimen internacional para asegurar ad perpetuam una situación de dominio condenada por el mundo como vestigio de un pasado de oprobio para la humanidad.

Es evidente que el propósito por el cual se trata de ocultar el origen violento y la infracción a los tratados —ilicitud material y jurí­dica que tuvo la invasión inglesa a las Malvinas en 1833— consiste en tratar de hacer menos vulnerable la alegada prescripción adquisi­tiva de esas islas y, a la vez, enervando el poder de las protestas ar­gentinas, para evitar un elemento absolutamente interdictorio en lo jurídico (24) y también en lo normal y político. Empero, esto resulta imposible y deviene inútil empeño dadas las fehacientes comprobaciones, de diversas fuentes, coincidentes en afirmar y reconocer un acto de agresión a la Argentina por la fuerza, en plena paz consagrada por los tratados (Reino Unido con España: 1783, 1786, 1790 y con la Argentina: 1825). La invasión protagonizada por la fragata Clío, de la Marina de Guerra de S.M. Británica ha motivado, además de las pro­testas argentinas condenando ese hecho bélico, las de otras Estados, y, por cuanto tiene de admisión explícita, con el valor que la jurispru­dencia internacional asigna a los documentos internos oficiales (25), múltiples pronunciamientos del foro doméstico, en el Foreign Office y en otros ámbitos públicos del Reino Unido, como así también en cali­ficada doctrina.

Así, T. Baty en The Canons of International Law, Londres, 1930, p. 390 señala: « los británicos ratearon (filched) las Falkland en 1833 » (cit. por Emilio Cárdenas en El Derecho, T. 105, p. 758, nota 2); una nota diplomática registrada por P. Bcck (El Derecho, T. 114, p. 929 registra que « el capitán Onslow, del HMS Clío llegó a Puerto Soledad declaró que había venido a tomar posesión de las islas en nombre de Su Majestad Británica; arrió entonces la bandera argentina, izó la bri­tánica y expulsó a la guarnición argentina »; Fawcett dice: « (Gran Bretaña) ocupó las Falkland Islands y expulsó la guarnición argenti­na » (cit., por Hope, op. cit. 417); el histrico memorandum de Gaston de Bernhardt, de 1910, prolijamente elaborado y fuente de inspira­ción para reexamen del caso según el Foreign Office, da cuenta de mu­chas de sus debilidades y señala: « …comenzó a parecer que, en 1833 Gran Bretaña había arrancado el control de una posesión legítima ar­gentina ». De resultas de este memorandum es sintomático el cambio de parecer del sr. G. Spicer, quien concluye: « de una revisión de este memo, es difícil evitar la conclusión de que la actitud del gobierno argentino no es totalmente injustificada, y que nuestra actitud ha sido algo libera »; John Troutbeck, Jefe del Departamento Americano de­finió en 1936 el caso británico diciendo: « la dificultad de nuestra posición es que nuestra toma de las islas Malvinas, en 1833, fue un procedimiento tan arbitrario, si es juzgado por la ideología del pre­sente » que resultaría « difícil de explicar nuestra posición sin mostrar­nos como bandidos internacionales »; el memorandum de 1946, luego de reflexionar sobre las vicisitudes jurídicas e históricas de sus argu­mentos, se define por el auspicio de la teoría prescriptiva, no sin do­cumentar, honestamente que «la ocupación británica de 1833 era, en este momento, un acto de agresión injustificable, que ha adquirido ahora el respaldo de la prescripción » (P. Beck, op. cit., p. 934). Para entonces ya se tenía registrado el ilustrativo testimonio del duque de Wellington, primer ministro británico, quien en 1829 había escrito a la Cancillería: « He revisado los papeles relacionados con las islas Mal­vinas. No me resulta para nada claro que alguna vez hayamos poseído la soberanía de estas islas ».

De tan fidedignas opiniones, así como del documento (Boletín Ofi­cial Británico R (DFS) 4146-66 antes citado, resultan estériles los es­fuerzos por disimular el uso de la fuerza, con violencia que vicia ab initio la pretensión de adquirir por la posesión de largo tiempo (26).

El derecho internacional reclama, con firmeza, que la posesión, para poder prescribir, no sea contestada. Un jurista de la talla de Ji­ménez de Aréchaga le asigna al requisito suma importancia (op. cit., p. 412).

Durante todo el tiempo trascurrido desde 1833 puede inferirse que la protesta argentina ha sido continuada y firme. Esta aseveración radica en la profusa fuente diplomática que registra, incluso con tes­timonios oficiales británicos, múltiples actos de los gobiernos ar­gentinos reiterando una reclamación que, como tal y en términos de reivindicación válida ha sido acogida en diversas resoluciones y con­sensos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha que­dado bien establecido el carácter y naturaleza del caso, tratado como una disputa y concerniente, en ese mérito, únicamente a los Estados que la mantienen. Se ha pronunciado así, la comunidad internacional que la autenticidad y actualidad de la reclamación que nunca dejó de mantener vigencia; así lo ha sostenido el autor (27), por las circunstan­cias mismas del origen violento que, como respuesta del derecho, torna más valiosa la protesta como medio de sostener la integridad territorial afectada (28); por las expresas referencias contenidas en las protesto» acerca de su valor c imprescriptibilidad para siempre y para que surtan su efecto « en todo momento »; por el reconocimiento de dicha conti­nuidad y firmeza en documentos y opiniones oficiales del gobierno británico.

Es entonces, un hecho objetivo, un hecho sí, de contenido legal-internacional, que la presencia británica en Malvinas ha sido permanen­temente contestada, y que, si en algún lapso, por haber la diplomacia inglesa declarado cerrada la cuestión, pasaron algunos años de tensa espera y acumulación de resentimiento y justa ira, de todos modos es indudable que sigue en pie con todo el valor que asigna a las protestas el precedente del Chamizal, como así también la magistral sentencia de Jiménez de Aréchaga (29).

En cuanto a la necesidad reclamada por algún autor, de que el Estado reclamante ofrezca someter el caso a un arbitraje o solución pacífica, existen probanzas, hasta en los documentos británicos, v.g. en el memo de De Bernhardt de la insistencia argentina en ese sen­tido (30).

Camilo H. Rodríguez Berrutti

Abril 1990

 (1) «La tendance recente d’un grand Etat colonisateur a été de la réduire a une simple question de temps » (SIBEHT, Traite de Droit International Public I, p. 890).

(2) Acuerdo entre el Reino Unido y Venezuela, de 1897 y otros citados por Barberis en Jurisprudencia Argentina – 1967. T. IV, p. 381 (n. 37) « La prescripción adquisitiva y costumbre en el derecho internacional ».

(3) En el caso de la isla de Palmas el árbitro ponderó además del carácter público, el ejercicio soberano a titulo propio, y sin violencia. (Estados Unidos v. Holanda).

(4) La Corte Permanente de Justicia Internacional ha sostenido repetidamente que un acto unilateral ilegal no puede conferir a un Estado un título jurídico. (OPPENHEIM, ña. ed. a cargo de Sir H. LAUTERPACHT, trad. Barcelona. 1961, T. 1, pág. 149, nota 52). Ordenanza en el caso de Groenlandia Or., Series A/B No. 48, p. 285 y A/B No. 53, pp. 75-95; caso de Danzig, Series B, No. 15, p. 26.

(5) Derecho Internacional Público, 4a. ed. alemana trad. Ed. Aguilar, Madrid, 1969, p. 224.

(6) Ib., p. 84.

(7) Parece incontrastable la razonabilidad del criterio evolutivo para apreciar el contexto de la situación creada por el ataque británico a las islas en 1833; así, siguiendo, en atingencia al comportamiento de la C.I.J., en el caso de Africa Sud Occidental (Namibia), puede apreciarse el respeto a los nuevos contenidos en la figura del mandato.

(8) Carta de las Naciones Unidas, Cap. I; Carta de la O.E.A. Cap. II y IV, Resolución 1514 (XV) Asamblea General, párr. VI, etc.

(9) Op. cit., pp. 382-383.

(10) Estas declaraciones, reiteradas, de carácter politicista, no pueden resistir el embate de probanzas fehacientes aportadas por la investigación del profesor Peter Beck, que con calidad técnica y probidad ha puesto de relieve las profundas dudas y aun desconcierto del Foreign Office ante lo claudicante de su caso. (Vid. El Derecho, Buenos Aires, T. 114). Por las declaraciones políticas, Vid. Hansar Parmentary Debates, Semanario Hansard N. 1239, Col. 633 y N. 1242, Col. 25.

(11) « …comenzó a parecer que, en 1833, Gran Bretaña había arrancado el control de una posesión legítima argentina » (del memo De Bernhardt). «De una revisión de este memo es difícil evitar la conclusión de que la actitud del gobierno argentino no es totalmente injustificada, y que nuestra actitud ha sido algo ligera » (de G. Spicer, titular del Departamento Americano de la Cancillería). « La única pregunta era quien tenía el mejor reclamo al tiempo en que nosotros anexamos las islas. Yo pienso que el gobierno de Buenos Aires… las ocuparon en una forma u otra por unos diez años, ante3 de que fueran expulsados por nosotros… Nosotros no podemos fácilmente hacer un buen reclamo y astutamente hemos hecho todo lo posible por evitar discutir el tema con la Argentina » (de R. Campbell, Secretario asistente del F.O., minuta jul/1911). En 1936, Fitzmaurice admitió las flaquezas del caso británico, habiendo aconsejado sentarse fuerte y evitar discusión sobre el caso, en el contexto de una política establecida de « dejar caer el caso ».

(12) Sobre el punto y la confusión del caso en la percepción de los Estados Unidos creada por los alegados anteriores derechos británicos, vid. del autor Los

Estados Unidos en la historia de las fronteras argentinas. « Latin American Studies Ass. », Boston, 1986, en prensa Mc.Millan.

(13) Vid. del autor Una obra señera de insuperable técnica e imparcialidad cierta (« Revista Universidad », La Plata, año II N. 21), con refutación a conceptua- ciones erróneas de J.CJ. Metford, quien aprovechó una reedición del notable libro de Goebel para introducir un libelo agraviante de la cultura inglesa por la suma de inexactitudes vertidas, fruto natural de su desinformación —orientada por una parcialidad ligada a la limitación impuesta por su condición de profesor de idiomas— debida a su rechazo a tan jerarquizada fuente histórica.

(14) Vid. del autor Malvinas y Política Británica, <c Revista Gcosur », Montevideo, Uruguay, mayo 1982, año II, N. 33.

(15) Documento Las Islas Falkland y sus Dependencias (Facetas de la Commonwealth) Editado por la Central Office of Information, Londres. R. (DFS) 4146/66, Clasificación 11.3 Mayo/1966, registrado en «Malvinas, última frontera del colonialismo » EUDEBA, 1975.

El Informe Kershaw (2.10, 3) registra la renuncia por Gran Bretaña en el Tratado de 1790 a futuros asentamientos en las costas este y oeste de Sudamérica y las islas adyacentes» y (2,11, 1) que «Al dejar las islas en 1811, España reservaba sus derechos y no renunciaba por ello a su soberanía sobre éstas y las islas no podrían ser consideradas terra nullius ». Finalmente: (2.11, 2) que «cuando la Argentina se independizó totalmente en 1816, heredó la totalidad de la jurisdicción territorial del anterior virreynato español del Río de la Plata, incluyendo las Malvinas (Falklands) ».

(16) Algún brevísimo lapso en que las islas permanecieron deshabitadas aunque no abandonadas, no ha interrumpido la pertenencia al Estado titular de la soberanía, cuando razones de fuerza mayor relacionadas con el surgimiento del mismo y su organización impedían una posesión molecular que no es exigible para regiones remotas y desoladas (precedente de Groenlandia, C.PJ.I.). El Reino Unido, en oca-siones, también por razones de fuerza mayor ha pedido a otros Estados suspensión de negociaciones, etc. v.g. con Venezuela y España, por situaciones de guerra internacional.

(17) Importa por su jerarquía y personalidad la opinión emitida contemporáneamente con la invasión británica de 1833 a las islas por el Cónsul general del Reino Unido en Montevideo, Tomás Samuel Hood: « …se deduce utilizando el mismo método de razonamiento, que Luis Vernet estaba legalmente nombrado, dado que su título le fue concedido por personas ejerciendo los poderes y las funciones de gobierno de la República Argentina…» (Public Record Office, F.O. 118/28: fuente: La Agresión norteamericana a las islas Malvinas, E. FITTE. Doc. N. 59, pp .113-114).

(18) Vid. del autor: Supuesto ontológico comparatista: la conducta uní lineal del Estado en publ. del Instituto de Estudios Iberoamericanos, Bs. As. T. III/IV, con repertorio de a estoppel ».

(19) Resoluciones y declaraciones de la OEA, NO Alineados y otros Estados. Vid. resoluciones de la Asamblea General, 31/9, etc. Idem. Estudios sobre el a estoppel » en La Ley, Bs. As. 1987 y recientes en Argentina Ante el Mundo del Dr. A. Rizzo ROMANO e Investigaciones y Cronología Legal para el caso Malvinas del Dr. FERRER VIEYRA.

(20) Mutatis mutandi: La Corte se refirió en el caso de las pesquerías noruegas (Noruega v. Reino Unido) a « la tolerancia general de la comunidad internacional ».

En la opinión de OPPENHEIM (Op. cit., T. 1, Vol. Ill, pp. 138-139). « diversas circunstancias e influencias imponderables cooperan además del mero transcurso del tiempo, en la formación de la convicción común de que el poseedor actual deba ser considerado como el propietario legítimo del territorio en interés de la estabilidad y el orden » y agrega (Nota 12) « el título de prescripción no es obra exclusiva del simple transcurso del tiempo ». Es la respuesta a la situación condenada también por Sibert (vid. nota 1).

(21) ADRIÁN HOPE, Soberanía y descolonización de las Islas Malvinas (Falkland Islands), Boston College, a International and Comparative Law Review».

(22) Del autor: Gibraltar y Malvinas: Afinidades jurídico-históricas. Puhi, del Instituto de Estudios Iberoamericanos, Bs. As., Vol. II, 1981.

(23) JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Curso de Derecho Internacional Publico, T. II, p. 411.

(24) « En la jurisprudencia no hemos hallado ningún precedente en el que se haya adjudicado a un Estado la soberanía de un territorio cuya posesión obtuvo por violencia o dolo » (BARBERIS, Op. dt., p. 383).

(25) Caso de las islas de la Mancha, donde se pondera el contenido de una carta de un oficial de marina atingente al status de los territorios disputados.

(26) Intento que se inscribe en un historial donde emiten vivos destellos la modificación del mapa Schombugk en el pleito entre el Reino Unido y Venezuela; la inconsecuencia en el caso Ambatielos; la alegación capciosa de desconocimiento de «hechos básicos en el litigio de las pesquerías, etc.

(27) Del autor: La Ley, Buenos Aires. 14 y 18 oct. 1985: Alternativas respuestas jurídicas en el conflicto por las Malvinas.

(28) Inferencias razonables del fallo de la C.P.J.I. en el caso de Groenlandia Oriental.

(29) Este jurista, que ha presidido la Corte Internacional de Justicia, ante el criterio del abogado británico en el caso de la Mancha decía a no puede obligarse a un Estado a quedar en situación de demandante ante un tribunal internacional con el onus probandi a su cargo… » aprobando al abogado francés que negaba la exigencia del recurso al arbitraje por razones legales y de alta política. (Op. cit., 413).

(30) Vid. HOPE, Op. cit., p. 433.

Estudio complementario y CONSECTARIO para adhesión y apoyo a valiosa crítica formulada por Santiago Tettamanzi al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional referido a la relación con el Reino Unido o sea: Propone el estudio de las descabelladas mentiras para impresionar sin dejar rastros y confía en la impunidad rampante, en la invisibilidad de la gestión diplomática y técnico política cuando dispone el Reino Unido ( Sir Anthony Eden) «cambiar argumentos equivocados por otros más convenientes» 1936. Inicia en ésta oportunidad dando bases para hacer creer a Estados Unidos que habían salvado exitosamente el acuerdo de 1771 cuando quedó bien establecido el reconocimiento – aquiescencia –  al primer y previo mejor derecho de España sobre las costas del América meridional a la cual los ingleses quedaban impedidos de visitar siquiera a menos de 30 leguas de las costas!!

Quedó bien claro en el artículo séptimo de la Convención de 1790 de Nootka Sound.

Hoy está ofrecida oportunidad cierta para redimir a pueblos y países también a la historia por los excesos del colonizador que continúa el sumado a la apropiación por no tener  la motivación conceptual como una causa de apropiación de territorios con  sumisión de los hombres y de los recursos. (FERNS).

Y que es preciso para obedecer y cumplir de buena fe con la guía interactiva para todos la Resolución AG 2621 de las Naciones Unidas o sea, PRESTAR AYUDA EFECTIVA CON TODAS LAS FUERZAS PARA LOGRAR LA DESCOLONIZACION COMPLETA que está ordenada en este caso ya desde la Resolución 2065 y con una pléyade de dispositivo afin todavía  incumplido pero que aguarda confiadamente por la contribución de las nuevas autoridades de la Comunidad Europea, al Amparo, también de la Resolución 2621/7

Con lo que queda sujeto a la juridicidad internacional más allá de la naturaleza de las cosas y del decreto por el que se da la vigencia y efectos de la incorporación al Tratado de Lisboa de los espacios denunciados por el Reino Unido como parte de su jurisdicción territorial en la región austral que son y forman parte de la República Argentina en todo de acuerdo con lo aconsejado con la Mesa de Trabajo por la soberanía en Malvinas, San Pedro, Georgia del sur, Sandwich del sur y sector Antártico argentino en la solicitada del 21 de enero del año 2008. FPP, que figura en cuadernos número 57 del 2019 página 114 115.

Cuando las condiciones y los términos que presenta la posición de Inglaterra llevan a concluir en una pérdida de fuerza de su caso frente a una inteligente gestión que debe ser esperada y exigida de la parte Argentina.

Cuando justamente por eso en su diplomacia y en su política ven con buenos ojos la aceleración para el cambio que permita al enclave colonial en Malvinas, sobrevivir exento de pérdidas y de otras sanciones por responsabilidad internacional inherente a variados y múltiples crímenes internacionales perpetrados contra la Nación Argentina que además del crimen colonial y feudal, o sea: los bloqueos, las invasiones reiteradas contumaces de Buenos Aires misiones con anexión ilegítima, la apropiación de ríos y de su comercio derrotados los ingleses entonces junto con Francia, aliada suya y sus flotas en la Vuelta de Obligado. Inflingieron a la Argentina la destrucción de una unidad de gendarmería en 1953 en plena paz y sin aviso por orden directa de Winston Churchill; genocidio por atentado para destruir una posición Argentina – 1833 – que cumplía una misión de alto nivel y bajo perfil en la protección indiscriminada eficiente y gratuita para salvamento de navegantes y náufragos en un ámbito alejado, abatido por el viento, las olas y el frío en Puerto Soledad de Malvinas.

El inglés viene de apoderarse nuevamente de las Islas con desmedro de la comunidad Internacional a la que debe la restauración completa sin que se pueda  abdicar claudicación alguna de nuestras pretensiones.

En instancias que parecen ofertadas para continuar un proceso suficientemente experimentado como carencia de actitud libertaria lo suficientemente enérgica para hacer cesar los avances del réprobo que, cobijado en circunstancias que se le ofrecen propicias al igual que en ocasión de su desastre de la Vuelta de Obligado ha buscado alzarse monopólicamente con espacios, con ríos, con comercio, con capitales y otros tesoros de pertenencia Argentina que a pesar de afrentas parecidas nunca rompió las relaciones diplomáticas con su malhadado ofensor.

Hoy cuando se ha instalado una fuerza restauradora del trato entre las unidades originarias del derecho y relaciones internacionales y todas según se hallan bajo la amenaza de una peste con alcance y poderes que afectan gravemente a todos los Estados o sea manes de la peste; que afectan como  el Veto en tiempos en que Inglaterra se debate en los dédalos del Brexit, debacle en la negociación por el insuceso del tratado de Lisboa por el que pretendiera adjudicarse reciente y nuevamente inmensos espacios australes ajenos y argentinos; cuando en su historial de Traficante de drogas a tiro de cañón destruyeron los puertos de China en 1841 para gozar poner su dominación con exclusividad;  incendiar al puerto de Copenhague con más de 100 naves de todas las naciones porque competían con sus negocios; incendiaron el Capitolio de los norteamericanos; cuando se prepara manejo de sus comandos que alivie sus debilidades y sirva a mantener el estatus de sumisión colectiva a sus designios implacables cuando esta urgencia puede combatirse con  política comprensiva de todos los intereses internacionales afectados por el crimen colonialista que ha quedado abrogado, abolido y a favorecerlo cómo sería de resultas siguiendo el cauce con ajuste a una desdichada propuesta formulada por un prestigioso abogado cuando continúa su política y su historial de crear hechos nuevos y conseguir en violación al derecho convencional y al consuetudinario tratando de conseguir con malevolencia, con violencia la modificación más favorable para su situación omisiva culpable de criminalidad acreditada en estructura con sutileza como utilizacion del traspaso del transcurso del tiempo, la demora, la invisibilidad, cuando su apetencia no cesa y mira contra la pertenencia ajena, Argentina, en los espacios australes, hoy.

La propaganda para la conducta británica  es afrentosa a la credulidad de un público interesado en la paz y en la seguridad internacionales y también en la justicia; alcanza ribetes de exorbitancia y camandulismo colosales que han venido a ser resumidos en un folleto editado en 2008 obra de dos actores despersonalizados pero  con sustento oficial ya que el Foreign Office lo distribuyó en reuniones de la ONU Lamentablemente para ellos y para su antojadiza causa cargada de ruindades como ser falsificación ideológica y prevaricato aparece una obra ciertamente fidedigna frena de virtuosidad que enfrenta y aniquila al grandioso embustero.

Cabe también el reproche por conducta infiel de Inglaterra desplegada históricamente con y olvido del compacto haz convencional formado por tratados libremente consentidos con los cuales se constituyó un paradigma orientador y figuras para ordenar la regla prerrogativa de absoluta dominación de España en la América meridional y en sus Islas sin excepción, excluyéndose Inglaterra de acercarse a menos de 30 leguas de las costas con todo el valor y peso no sólo de la histórica convención de Nootka Sound de 1790 sino en el acuerdo previo de 1771 y el acuerdo confirmatorio de 1968 entre la Argentina e Inglaterra por el cual ésta admitió que convenía en entregar las islas en un plazo máximo de 10 años. Omiten también los gobiernos ingleses incluidos sus asesores por olvido imperdonable de política y moral – Cámara de los comunes,1982,de la masa jurígena que incluye tratados, costumbre internacional, jurisprudencia y reconocimientos – aquiescencia – Estoppel…

Se atreven a apelar a un tratado en el que el Reino Unido reconoce haber bloqueado, agraviado, a la República Argentina pero con pérdida de su poder y dignidad para extraer una conclusión extravagante, incompatible por abstrusa y embarazada de perfidia imagen vacua, como que nada en el texto ni en los antecedentes que un acuerdo comercial permite, quieren interpretar que la República Argentina habría concedido de su soberanía en un acuerdo donde era justamente el Estado que impone los términos.

En un procedimiento especulativo a la búsqueda de rédito y utilidad de quiebra a la buena fe y confianza que debe prevalecer en estas cuestiones cuando contrariando su propia posición respecto de los actos posteriores a la fecha crítica considera los actos de la Argentina y también de Chile destinados supuestamente  a mejorar sus posiciones respectivas. (Ferrer Vieyra 2007 página 424 nota 10).

Cuando el Reino Unido ha procurado con falsa información cambiando los hechos o tratando de llevar al plano de la realidad su negativa contumaz a someter la cuestión de las Islas Malvinas a la Corte Internacional de Justicia confiriéndole a sus propios legisladores con su denuncia sobre las dependencias una confusión  parlamentaria  fundada en la declaración del representante británico al decir: » nosotros no hemos propuesto llevar la cuestión a la Corte» lo que aumentó grandemente la intensidad del debate Esto ocurrió en la cámara de los comunes el 17 de abril de 1982 precedentes con todo el valor reformatorio por vigencia del principio de integralidad del orden jurídico y sus consecuencias devastadoras para el crimen colonial y la agresión. Que incluyen el subido precio exigido desde el usufructo de la deuda externa.

Por ende no parece conveniente enzarzar a la República en dispendio institucional, constitucional, internacional, ad perpetuam en beneficio del Estado que delinque porque sí estarían en trance de ofertar a Inglaterra una nueva oportunidad para sus infidelidades los intereses y los términos de la Argentina para ganar una instalación definitiva cuál es su objetivo proclamado.

Por lo que no obsta la bizarría abogadil, para interpretar y percibir el inmenso interés por riesgo público que irrogaría el éxito de la aventurada ideación que viene proponiendo el Dr. Kohen.

Que no contempla términos argentinos, porque busca proporcionar instalación de orden estructural que favorece al objetivo de nuestro contradictor más que a la solución del litigio creando una situación de irrespirable opresión a nuestro país que clama por la compensación real, universal, concreta, fruto del sentimiento y tendencia de la cooperación reclamadas también por la población británica de las Islas víctimas del colonialismo relictual delictual que lleva miras de incumplir deliberadamente la promesa de atención a la voluntad de los habitantes, para quienes está reservado no obstante, el VETO de la Corona y de la Cámara de Comunes en el sistema anacrónico y cruel del vicioso rescripto constitucional que los rige. Aquí: los Comunes el 17 de abril de 1982 cuando Inglaterra propone como ciertas mentiras descabelladas para ver sin dejar rastro confiados en la impunidad rampante de la invisibilidad de la gestión diplomática y técnico política como cuando dispone entre paréntesis sir Anthony Edén cambiar argumentos equivocados por otros en 1936 – Estoppel – cuando quedó bien establecido el reconocimiento por el mejor derecho de España sobre las Islas y las costas del América meridional. Estoppel.

CONSECTARIO

Soy de opinión están sobradamente excedidos los límites a las concesiones en confianza siempre frustrada. Que contrariamente a lo que se propone con buena voluntad pero inocentemente dado los antecedentes del contradictor – lo que venimos a exponer y que deben pesar en las consideraciones – de ponderarse con celeridad la conveniencia de adoptar medidas autorizadas por el derecho internacional y aconsejadas desde el Foro Patriótico en torno a necesidad de  instalar el uso del rico sistema jurídico retorsivo, sancionatorio, justiciero y reparatorio, que juega todavía como factor de gestión salvadora para nuestra justa causa en el paquete de instrumentos disponibles frente a la acción del Estado corsario, homicida, contumaz, orgiástico.

Del que debe quedar bien establecida la abolición de todas las prerrogativas otorgadas torpe, traidora y abusivamente respecto al ejercicio del poder judicial y de las leyes extranjeras sobre casos incoados en juridicción anterior Argentina como figura todavía increíblemente en tratados celebrados por la República cuya nulidad urge. En el mismo orden de ideas: apertura al conocimiento y apoyatura en el plexo internacional concerniente a situaciones afines, procedentes con todo el valor inherente a las circunstancias del caso. En virtud de la intergalidad del mundo jurídico yvigencia del Amparo Internacional. Del Dr.Camilo Rodriguez Berrutti

Tolhuin, Tierra del Fuego, Argentina, 06.03.2021

Cuando Principios del Derecho Internacional concurren a poner “en acto” la demanda argentina por la restitución del ejercicio de la soberanía plena de las Islas y espacios adyacentes, merita prioritariamente atención geopolítica y de ciencia jurídica por el cuantuam considerable de apoyo para que se reclama el posicionamiento del Estado en el conjunto de sus intereses, derechos y términos legítimos. Ocurre en el panorama diplomático, político, económico, financiero, cultural, constituyéndose así en valla al comportamiento hostil soez, delictivo, del Reino Unido, contrario a reglas que debieran ser infranqueables de la comunidad internacional, pero, aunque dice las acepta, se niega a cumplir. Ejemplificativamente

1. Incendio del Puerto de Copenhague y de más de 100 navíos de bandera de todas las naciones que estaban en paz pero incurrían el “inconveniente” de comerciar compitiendo con los intereses británicos!!
2. Incendio de todos los puertos de China (1841) para arrancar a la emperatriz autorización para instalar el monopolio por el estado inglés y sus súbditos el monopolio del maldito mercado de los estupefacientes!!!
3. Invasión implacable en dos oportunidades a Buenos Aires -1806 – 1807 -, siendo en ambas derrotado así como también en ocasión de (la Vuelta de Obligado cuando una poderosísima escuadra anglo – francesa forzó los ríos de la Argentina con los que tenía tratados de paz y amistad!!
4. Cuando, también en contubernio con Francia perpetraron, los ingleses, sendos Bloqueos en 1841 -1843 actos de agresión cargado de cobardía y alevosía al joven estado argentino que venía de ser atacado por los EEUU – la fragata Lexington -64 cañones – destruyó las instalaciones y expulsó a militares y civiles de Malvinas (1831) y, suponiendo que las islas quedaban indefensas,
5. Las TOMÓ INGLATERRA POR LA FUERZA Y COMO PROPIAS!! (1833)
6. En 1982 haciendo el primer uso de la fuerza, nuevamente, el poder británico (19/MAR/1982) llevó a cabo plan bélico – político elaborado por altas autoridades consistente en fraguar causal – ataque con un buque artillado el ENDURANCE – a un grupo de trabajadores argentinos – para una guerra que justificara despliegue militar eximente a la Royal Navy de limitaciones a sus exorbitantes costos, en el interin se aprovecharía a mejorar la perspectiva electoral del gobierno, como así también salvaguardar la seguridad patrimonial, accionaria de la Primer Ministra, por sus inversiones – y de su consorte – en la economía y en la Falklands Islands Co. – dado que una recuperación de las islas por la Argentina abriría a la cancelación del rédito del principal por efecto de la nacionalización exenta de indemnización por tratarse de actividad monopólica ligada a privilegios emanados del sistema colonial del cual dependen casi todos los habitantes, instalado tan temprano como en 1835. -(Gdor. Moody). – (Vid. ULTIMA FRONTERA… X p.109)
7. El Reino Unido desprovee de protección a sus recientemente proclamados súbditos acogidos, a quienes ha burlado impíamente, dado que no les adjudica el poder prometido para determinar definitivamente su futuro. Este queda en manos del gobierno de la corona, de S.M. quien tiene EL VETO como garantía y salvaguardia a su despotismo, tiranía y conveniencias como en todos los ámbitos. También aquí de revela el comportamiento del Imperio cuasi supérstite pero inmune evasor de sanciones económicas y políticas que en cambio han debido experimentar otras potencias (EEUU, Francia, Japón, Rusia, Alemania, Italia, Sudáfrica.)
8. Siendo que los ingleses nunca ocuparon técnica ni moralmente a las Islas, sino que siempre han realizado instalaciones militares y coloniales de largo plazo, ilegítimas, estratégicas y desafiantes a la paz y al derecho. Inglaterra se empecina con efugios propios de tahúres que sindican al estado loco. Como que él reclama la libre determinación para sus propios ciudadanos y a los que se reciben de malvinenses les otorga privilegios que niega a otros, particularmente caribeños. Juega como no debe con la noción y esencia de la ciudadanía para un fin perverso, antisocial, o sea dar continuidad al crimen colonial.
9. TIEMPO QUE PASA NO AFECTA NUESTROS DERECHOS, Y SI LOS IRRITA Y ENRIQUECE

En tiempos de pandemia y aislamiento cuando aparece la conveniencia de lectura cultural de contenido eficaz para enriquecer al saber en temas de importancia cierta: MALVINAS/DEUDA EXTERNA/AMBIENTALES/DERECHOS HUMANOS/ CRISIS FINANCIERA MUNDIAL/SUPREMACIA DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO/CUESTIÓN DE LA SUPREMACÍA DEL DEREDHO INTERNACIONAL

Cuando se perfila el envenenamiento a los lores, mintiendo para, disimular errores y horror, y seguir adelante

MALVINAS Y LOS AVANCES FALSARIOS DEL CONTRADICTOR BRITÁNICO

Es, con estudio sobre escritos sabiamente elaborados del egregio Profesor, Maestro insigne, el Dr. Enrique Ferrer Vieyra – quien asumiera rol protagónico en doctrina en pos de la verdad y de la justicia en el caso de LAS ISLAS MALVINAS – que vengo a aportar contribución, para abordar una de las facetas que no escaparon a su condición de fructuoso cultor de la legalidad internacional en la cuestión Malvinas.

I. Se trata, entonces, de conseguir verter sobre el comportamiento de la contraparte en esta disputa ardua y también desigual – por los medios fácticos, operativos y políticos de que dispone Inglaterra – Reino Unido – y porque goza del beneficio del poder de dominación ilícito, contestado reclamado ante la comunidad nacional organizada, sobre espacios inmensos y que ha ido ensanchando piráticamente contra todas las protestas y acumulación de circunstancias que osan a permanencia de la SITUACIÓN COLONIAL sobre un territorio usurpado mediante agresiones violentas – 1833 -1982 -. Mantenida con hechos consumados violatorios del derecho de la descolonización como el otorgamiento de la nacionalidad británica a los habitantes de las Islas con el designio denunciado por FERNS querer inducir a creer que los habitantes y los recursos no han sido explotados perversamente.

No obstante ello se ha tratado siempre, de revestir la presentación – según la tesis británica negacionista, viciada por la tradición del imperio al que se opone cuando su representante ha dicho en el colmo de la ambigüedad diplomática, “la pertenencia a una organización internacional supone su misión al orden de la misma del derecho internacional” – como de una pacífica e inocente apropiación de unas islas sin dueño, res nullius y que venían de reconocer “ESTOPPEL” la pertenencia de ellas al Rey de España (1749), cuando habiéndole solicitado a éste autorización para visitarlas amistosamente y, negado el permiso, con enérgica exposición de los fundamentos de derecho históricos que estaban presentes se atuvieron a ello los ingleses, y renunciaron a los costosos gastos de su ligero emprendimiento, por pertenecer las islas a España.

II. De lo antes expuesto rezuma la convicción, la carencia de título alguno que trasunta el consejo – dictamen FITZMAURICE quien recomienda habiendo admitido que “nuestro caso tiene ciertas debilidades”- cuando aconseja en su calidad de LEGAL ADVISER de la CORONA. “porque nuestra posición no es tan fuerte como nos han informado.corremos riesgo de ser llamados “bandidos internacionales” si somos llevados ante un tribunal. Aconsejo sentarse fuerte sobre la roca y dejar de hablar con los argentinos.

III. No se trata de la única versión doméstica que hace caudal en reconocer la criminosidad del agravio cometido en 1833, porque cantidad de opiniones valiosas por la jerarquía político – administrativa y también en orden a su personalidad científica han concurrido a la sanción objetora del caso según Londres, por sentencias y declaraciones oficiales que obran en el Foreign Office y eran conocidos y mantenidos furtivamente reservados. Así el informe Kershaw memorándum de Bernhardt 1910 que fuera- re elaborado – , increíblemente, sobre la base de la obra apical en doctrina de Julius Goebel “ la pugna por las Islas Malvinas” que concluye con un anatema irredimible dirigido a la posición británica en todas sus facetas a saber: “porque los principios del Derecho Internacional constituyen un tesoro preciado de la Humanidad que debe estar a salvo del afán colonialista de nación alguna”.

IV. Resulta materia de discusión aunque soterrada, pero con potencial a la luz del deber de los Estados la obligación de actuar de buena fe y con respeto al principio de la honestidad que debe revestir la gestión del relacionamiento Internacional, puesto en jaque por los gobiernos ingleses que durante la tramitación legislativa de la declaración de acciones bélicas – 1982 – no vacilaron en mantener como cierta la mentirosa afirmación acerca de una propuesta del Reino Unido de solución judicial por la Corte Internacional de Justicia del caso Malvinas, hasta que un Secretario de Estado, Lord Belstead, en plena Cámara de los Lores proclamara que “de hecho, nosotros (Great Britain) NO HEMOS PROPUESTO LLEVAR LA CUESTION A LA CORTE” y poniendo de relieve la falsedad de dicha información la Sra. Thatcher no contribuyó a esclarecer sino a aumentar la confusión con sus afirmaciones de “no tener dudas, nunca haber sido informada de dudas sobre el Derecho” .

Con el apoyo fantasioso y pérfido de un Secretario de Estado que, respondió que hasta ahora Argentina había rehusado que su caso se escuchase ante la Corte, omitiendo con designio politicista la propia responsabilidad en la evasión, autoexclusión expresa de aceptar dicha jurisdicción formulada en ocasión del caso suscitado por las dependencias y de lo que han dado cuenta los mismos al parlamento.

V. Recuérdese el hecho político significativo constituido por la contribución del Ministro Sir Thomas Ridley al dar completividad al paquete argumental que hiciera en ocasión de la presentación de que da cuenta la Cámara de los Comunes -02 de diciembre de 1980 (informe Ridley) quien no solo arrimó calor sino ofreció apoyo a la tesis según la cual “no tenemos dudas sobre nuestra soberanía”. Que es manera aviesa de envenenar la opinión de sus propios legisladores. El no podía ignorar del insoportable contenido adverso a Inglaterra de los documentos a su alcance en el Foreing Office donde radica importante apoyo a la causa argentina: de entre tales perlas extraigo algunas:

1. comunicación de Fitzmaurice aconsejando – con intencionalidad de dejar sentada una directiva de política, dejar de hablar con los argentinos porque no podríamos sostener nuestros argumentos ante un tribunal internacional
2. En una publicación oficial británica que hemos registrado en “MALVINAS ULTIMA FRONTERA DEL COLONILISMO” (EUDEBA): se lee: los ingleses Filched – ratearon- robaron las islas en 1833
3. En 1936 Sir Antony Eden, con todo su peso político reclamó la caducidad por inconvenientes y equivocados de los argumentos por Inglaterra de hasta entonces esgrimidos cambiándolos ligera y chabacanamente por la prescripción y los deseos de los habitantes ambas carentes de sustento en Derecho Internacional Público.
4. Ha quedado rastro del reconocimiento – Estoppel, aquiescencia – de la agravada invasión usurpadora por la que produjo el intento de la conquista adúltera de 1833 condenada por la Res. 1514,2065 y otras que niegan todo valor a títulos coloniales fundados en la conquista y en apoderamientos fundados por la violencia. La posición británica, admitiendo la anexión antijurídica dice “el párrafo Vl se refiere y condena a futuras rupturas territoriales y no las rupturas pasadas” (pág.50).
5. Pasa por alto que el sistema internacional ya impedía, interdictaba, entonces valerse de la fuerza para despojar a un estado de su integridad territorial.
6. Omite asimismo, los reconocimientos de la titularidad de la República Argentina que era reconocida por los cónsules de Inglaterra desde antes de 1833;
7. y habiendo presentado a Vernet ante autoridades norteamericanas como ejerciendo poderes normales y públicos emanados de Buenos Aires. (Vid. del autor “MALVINAS Y DEUDA EXTERNA” op.sit.)
8. No es la menor de las anomalías que los funcionarios británicos ignoren por cualquier razón o sin razón que sea, los dichos del Duque de Wellington haciendo saber en julio de 1829 de que nunca había sabido de algún derecho sobre las Islas!!!
9. El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de los Comunes dijo durante el interrogatorio a que fuera sometido el Dr. Peter Beck por el Presidente de la Comisión ”si Gran Bretaña no tenía ningún derecho que es lo que iba a reclamar con este acto de fuerza!!!? (agresión de 1833)”
10. antes habían dicho: “.hasta 1820 cuando las Provincias unidas de Río de la Plata, la Argentina, las reclamaron, lo cual se hizo realmente efectivo en 1829 cuando se designó a Vernet Gobernador Civil Militar de ellas”. En 1829 la Argentina tenía una reclamación legal sobre las Islas que fueron ocupadas (usurpadas – por agresión -) por los ingleses en 1833.
11. Está registrado en la actividad de la Comisión del Jurista de Ginebra su propia declaración consistente en sólido apoyo a la posición argentina en cuanto afirma que “su reclamación no está vacía de contenido como pretenden los Ingleses”. (THE REVIEU – JUN.1982 -)
12. Idem: del Secretario ayudante de Relaciones Exteriores cita el Dr. Beck su declaración (1911) o sea: “La única cuestión es cual país tenía los mejores títulos cuando nos anexamos las Islas. Creo, indudablemente, que las Provincias Unidas del Río de La Plata”.
13. Idem: John Vivyan: “no tenemos confianza en que nuestra reclamación sobre las Falklands vaya a triunfar si llevamos el asunto a arbitraje (1935).
14. Tampoco pudo evitar la Comisión admitir que la evidencia histórica pesa y “ es claro que los títulos si se pudiera demostrar sin duda alguna que la Argentina sucedió a España sin interrupción los títulos sobre Malvinas (lo que es de absoluta e indiscutible evidencia) y que ejercitara efectivamente sus derechos en 1833 su posición tendría un considerable peso”. Está dada entonces en bandeja la prueba con la flagrancia de la agresión cargada de perfidia a un baluarte de la civilización que servía con eficacia y humanidad los intereses de la navegación, el comercio y el relacionamiento entre la naciones en un alejado e inhóspito sitio de la tierra sostenido con el beneplácito de las principales naciones de la época, en ejecución de los deberes y derechos consuetudinarios del Estado Ribereño.
15. En Great Bretain Notices Of Evidence – 14/2/1983 pág. 359 et. S.s. se repite que el crimen colonial es algo ilegal para las Naciones Unidas. “la invasión del 02 de abril de 1982 no fue el resultado de los últimos dos meses sino que obedece a una combinación de ineptitud indiferencia y ceguera moral característica de la política británica sobre las Islas “una política débil sin principios e inmoral no se iba a concretar en resultados positivos para el caso.

Ha de recordarse por lo peligroso de la doctrina para el caso la gestión del Dr. Akehurst cuando excede largamente al nivel de las consideraciones acerca del respeto que han de merecer principios bien establecidos. El prestigioso Prof. ha dicho, embarcándose con una causa irredimible que le llevó a decir “la soberanía adquirida (no está aprobado) por Gran Bretaña sobre la Isla (isleta) Saunders autoriza la presunción (insolvencia)de que su soberanía se extendía a la Falkland del oeste, desposeyendo y tragiversando así del contenido insoslayable del principio MAIOR TRAHIT AD SE MINOREM. Después de haber fundado sus dichos en hacer jugar “levemente” al principio de la contigüidad. En continuada relación con tesis expansivas, colonialistas, de las que abomina la humanidad, “ y para peor, incurriendo en contradicción con Malvina del Oeste

VI. Es notable el desconocimiento por los ingleses a la vigencia de los tratados que prohibía para siempre su presencia en el Atlántico Sur (1790 Notka Sound, Utrech 1805, 1968 y que también constituye un reconocimiento de su obligación, por ende de restituir las Islas a la Argentina. Increíblemente mediante tentativa de fraude intelectual apenas disimulado en un asesoramiento para la Comisión y emitiendo ideaciones impregnadas de parcialidad, después de haber reconocido lo insostenible del caso para la tesis británica se despacha en un solo párrafo diciendo que “es inevitable el despliegue argumental argentino pero que debe tomársele como natural e irrelevante” sin atinar a descalificarlo. En un pasaje del interrogatorio el Prof. Peter Beck quien incurre en ( gaffe) impropia de su jerarquía académica al decir “no hubo un acto de fuerza (1833) propiamente, en realidad a los argentinos se los empujó fuera de las Islas!!!” (con un cañón por persona amenazando)

VII. Así esta labor, finish vamos dando con un pensamiento exento de la pléyale de componentes por su carácter y naturaleza premiadas de amoralidad e inhibición que adornan a las elaboradas piezas del rompecabezas de la ruindad del Reino Unido que conducen como de la mano a fortificar la fortaleza y verosimilitud del caso argentino. Es que todavía el puede aportar más luminosidad a su definitivo tratamiento y solución. Para lo que están prestos y comprometidos países entidades científicas y doctrinarios frente a un contradictor cuyas falencias están acreditadas por sus propios representantes técnicos y políticos – estoppel – .

VIII. Es que la historia registra episodios sangrientos de agresión contumaciales sobre la Argentina que atañen a la ambición desenfrenada por la conquista de espacios y otros bienes. La pesada carga de desgracias irrogadas con las invasiones inglesas de 1806 y 1807, derrotadas pero que no fueron suficientes tales fracasos para impedir que posteriormente se produjera la nueva invasión por los ríos motivos de su interés comercial y estratégico y en 1833 el apoderamiento que hoy perdura después de haberse apoderado en 1982 nuevamente, de las islas. Noticia a parte en punto a los bloqueos ocurridos en coalición con los franceses y también de la derrota experimentada en la gloriosa Vuelta de Obligado. Estas notas y pensamientos están inspiradas – no podrían dejar de estarlo – en homenaje que ellas le tributan que debe ser perdurable, a todos los participantes en la lucha por reivindicar el ejercicio de la soberanía de la Patria. Mientras el contrincante permanece en actitud que evoca los peores momentos de su empecinada gestión colonialista porque, sin importar el desarrollo de la cuestión en la relación y respeto hacia sus súbditos ha proclamado que todo está sujeto al veto del gobierno británico. Habrán de ser los representantes del pueblo británico no los habitantes de las islas quienes decidan al destino del caso. ¡Por qué – confiesan – es la cámara de los comunes quien tiene el último veto!!

Contra este estado de cosas venimos acompañando al activismo incluso el activismo judicial de las Cortes Supremas en decisiones que urgen por desaparición del auge de la política de poder, instalando la conciencia y el sentimiento y la tendencia hacia la inconstitucionalidad.

Está aprobado por ende, estamos ante un comportamiento de estado loco donde sus súbditos son víctimas de mucho más que “pecata minuta” cuando sus agentes involucran a todos en una inmensa empresa delictual para logro de un fin de no por ser público y oficial como lo es con toda su carga pecaminosa tratar de mantenerse “enhiestos sobre la roca” – deja de convocar al cambio. Y entonces será el pueblo inglés el que se pronunciará, Dios quiera ayudarlo para que se restituya al pueblo argentino su integridad perdida o sea el ejercicio pleno de su soberanía. Esto supone un esfuerzo de cooperación intelectual, académico, de inteligencia y también de logística política por todo lo alto para rastrear, para conseguir – porque siempre es posible – nuevos aportes a una causa que se nutre también, con los modernos desarrollos del derecho internacional, la doctrina como fuente, y la investigación que ha sido postergada y aun encarnecida.

Para que sea vista con certidumbre ésta propuesta, de hace el importante componente del caso que viene de la mano de la permanencia del

1. veto entre las instituciones que es preciso erradicar porque constituye un bastión del colonialismo y del imperialismo colonial demostrado en el curso de las resoluciones de la Comisión de Seguridad en ocasión de la recuperación de las islas en 1982
2. La República Argentina no tiene porque mantener en el limbo su poder – deber – de conseguir sea puesta en acto la MORA en que se encuentra Inglaterra en ralación con el cumplimiento de su responsabilidad por restituir las islas a la Argentina, incluso por así haberlo acordado en tratado – Acuerdo de Buenos Aires – Ag.1968 – celebrado en el hontanar de negociaciones recomendada por la Resolución 2065, lo que debió ocurrir en el plazo de 10 años, largamente vencido. Sin que empezca su valor la falta de ratificación – falta también a la buena fe – dado se trata claramente, de lo que la Corte Internacional de Justicia ha definido como un compromiso vinculatorio, obligacional, en beneficio de los signatarios sin requerir ratificación. El mismo fue comunicado protocolarmente al Secretario General de la ONU. La misma Corte Internacional cuyo pronunciamiento ha sido rechazado también por Inglaterra aunque esto fuera negado por su dirigencia política en un continuado acto de mala fe, nunca reclamado por nosotros todavía.
3. Quepa un sitio por homenaje al eximio Huber (Max) jurista que sentara en el caso de Palmas la doctrina del constante acatamiento a las fluctuaciones del Derecho Internacional que admite la incorporación de elementos que pueden fortificar mas todavía la causa argentina con argumentos a los cuales venimos de enfocar
4. Es valiosa la oferta de evidencia acerca de cuan claudicante es la postura de la parte británica. Ella se ocupa de crear una versión ficticia, mentirosa, del historial de que es titular y, también, de presentar deformados, mutilados o de desaparecidos el mérito y valor de los títulos y presentaciones argentinas (vid: Malvinas y Deuda Externa y otros estudios Revista CUADERNOS N° 57 -2019-)
5. Atender al deber de dejar de eximir – en las consideraciones, réplicas, quejas y documentos oficiales al Reino Unido su condición criminosa- por cometimiento de delicta juris gentium, condenado por la ley de las naciones, por infractor a resoluciones tales PRO PAZ que tratan de impedir el auge y militarización en zonas del Atlántico Sur con un inmenso bastión – fortaleza dotado impía e impunemente para perpetuar la conquista y explotación de espacios cada vez mayores y sometidos al régimen colonial que sigue tan campante!! va el destino de todos
6. El Reino Unido – Gran Bretaña – trata de conseguir rédito incluso en una búsqueda infiel de fecha crítica que pueda acoger alguno de sus alegatos…por lo que se enfrenta con sus propias hambrunas por sus propios derechos incluso heredados, se supone, por razón de la sin razón violatoria del Principio maior trahit ad se minorem por lo que parece más que recomendable atender a las recomendaciones que formula Marcelo Kohen en su muy completa obra cuando aborda un tema de arduo tratamiento
7. Recuérdese, de Ferns: “ los ingleses se apoderaron de las Malvinas e instalaron un sistema colonial para explotar a los hombres y a los recursos. Usaron de su influencia y de su poder en tal grado que los rusos incumplieron su promesa de oponerse a ellos en el consejo de Seguridad en 1982. Sean estas registraciones, entonces para fortificar la valía argumental – estoppel – reconocimiento – acquiesencia a la luz del comportamiento de los estados y de la jurisprudencia internacional en los ámbitos universal y hemisférico. Asume importancia crucial el hecho de advenimiento de mas esclarecedores elementos para defensa de los pueblos ante el agravio de la agresión bajo cuales quiera de sus formas lo que puede hacerse en base a resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas como medio de uso legítimo de la fuerza para rechazar a la opresión.

Puede afirmarse que todo el sistema sea puesto en marcha para bien, y que él es aplicable a todas las situaciones, sin excluir a las anteriores como pérfidamente deja traslucir la agenda británica quienes en ese afán reconocen al vicio delictual originario de la anexión de las islas Malvinas que data de 1833. Cuando la debilidad del naciente estado así atacado artera y alevosamente no estuvo en condiciones de rechazar militarmente, aunque revistió con profusas y elocuentes protestas el reclamo concretado con carácter adicional de defensa diferida en 1982 en salvaguardia eficaz y operativa de derechos que han permanecido intangibles, incólumes, continuado. Y también en la técnica jurídica que venimos a exponer, poniendo en acto además, al valor de los héroes y sus consecuencias así como también el envío de toda nuestra energía contra el flagelo de la desmalvinización

1. vid Ag Paris 1948. Res.D. Humanos preámbulo (lll)Constitución Nacional art. 75.inc.22.
2. con un atrevido intento que no obstante ha dejado incólumes las señales de pertenencia con sus propios intereses
3. Rev. CUADERNOS 57 año 2019.

Recuerdo para W.H.HOBBS de la Universidad de Michigan (SCIELCE) -23 DE JUNIO 1939 – FULL de vol.89.ps.580/583 opina que “el Almirantazgo inglés no ha vacilado en publicar mapas falsos” ni tampoco ha vacilado el Prof. Rud Mose Brown eminente geográfo británico en darles autenticidad, contra que los descubrimientos en la Antártica sean atribuidos a ingleses”

Recuerdo para completar la silueta del contradictor las palabras del Ministro del Interior y de la comunidad Transley Onslow decía frívola y cínicamente ante los legisladores al preguntársele si los isleños disponían de una especie de veto el Ministro contestó “que ellos tenían el derecho de expresar a la Cámara lo que pensaran sobre las medidas que se propusiesen, pero que la Cámara de los comunes tiene el último veto por ende cabe la definición como desafiantes de principios tradicionales, universales para la promoción del saber y de la buena conducta de los individuos, y de los estados y sus funcionarios, principios así como: – NEMO JUDEX IN CAUSA SUAM – por el que se procura evitar el abusivo comportamiento del dueño del poder respecto de sus súbditos; idem: – ex injuria jus noum oritur -,de juzgar, decidir, aplicación para instilar JUSTICIA en la titularidad de bienes conseguidos ilegítima o irregularmente, a la búsqueda de *RESTITUCIÓN; – NEMO ALTERUM LAEDERE -, clave para impedir todo daño injusto y obtener reparación por el perjuicio causado, de especial pertinencia para abordar justamente, la parte de nuestra formulación dirigida a lograr determinar EL CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE SU ADMINISTRACIÓN Y LAS ISLAS MALVINAS. Que es demanda a incoarse sin perjudicar a terceros, ya que tan solo va por lo suyo retenido y tomado desde siempre, abusivamente, y disfrutado lasciva e ilegítimamente con la fuerza militar y política, por la contraparte.

Cuya orfandad de títulos e inmoral continuidad y su política están acreditados por propios agentes.

Diversos pronunciamientos desde la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional – vid. Oppenheim C/Lauterpacht, en atingencia, T 1, VOL.1 P.149 not.n58) “un acto unilateral ilegal no puede conferir a un Estado un Título Jurídico”/Idem, V erdross “el Derecho Internacional Público mantiene el Derecho de la Soberanía Territorial aún cuando su ejecución se vuelva imposible como consecuencia de una anexión antijurídica”.(Ed. AGUILAR 1964 CAP. Vlll pág.84). Lógica y urgente pretensión apoyada en términos de juridiscidad, histórico y también político – constitucionales, atendiendo a trabajos dedicados al caso con valor y peso imponderable pero cierto elaborados en punto a la reactivación del tema colonización francesa que dejó el rastro de devolución a España por pertenecerle, de las islas, por la Dra. Giselle Casado Martínez y al deber como funcionarios y del Estado de evitar incurrir en actos – incluso omisivos de aquiescencia – doctrina de los altos propios cuya esencia y trascendencia – “estoppel” ha dejado registradas el Prof. Dr. Alfredo H. Rizzo Romano en el prólogo con el que honrara a mi libro; y sobre este segundo trabajo, la gestión de relieve del joven estudioso Leonel Moreno, ambos integran entonces a ésta benemérita sociedad, también de luchadores. Con cuyos fines estamos identificados por las razones aquí expuestas y por su informalidad y objetivos tan plausibles como LOGRO DE PAZ CON JUSTICIA EN UNA CUSA QUE AFECTA LA VIDA DE LOS PUEBLOS. Son invitados todos aquellos que quieran aportar al saber de Malvinas para que la playa disfrutable del mundo sea mejor y expedito y el derecho al estado de justicia, para la naturaleza y el planeta, junto al individuo y a los pueblos cuya personalidad llega al paradigma consumando y consagrando transformaciones (de colonización; pro omini – pro defensa eficiente – jus cogens – derechos humanos operativos – integralidad del mundo jurídico – etc.

Para que con inteligencia, probidad no exenta de fortaleza ante las tentaciones y también perseverancia, puedan superarse, con la Gracia Divina, las diferencias, hostilidades y contingencias que obstan el logro del bien común nacional, internacional, universal.

ÍNDICE

sumatoria de información

Serie N° 1

Palabras liminares Reseña Curricular

Malvinas Pro Restitución y Reino Unido

La Cuestión Malvinas, el Reino Unido y un alegado título prescriptivo Visita a Tierra del Fuego y homenajes

Enfoque legal y diplomático trial (R.A./ U.K./E.E.U.U.) Transformaciones y nuevos aportes del saber Alternativas y respuestas jurídicas

Malvinas y Deuda Externa

Memorandum. En ocasión de trabajos en Omisión de RREE

1) La obligación establecida en la Carta de las Naciones Unidas (ADLA, V, 444) (por encima de todo otro tratado) según sus normas sobre cooperación internacional en materias socioeconómica y sanitarias, rectamente conectadas a la prevención, represión y sanción de atentados a los derechos fundamentales protegidos, y a sus garantías (art. I, 3; 55, b; 56). En beneficio de la Humanidad en su conjunto, según principios vigentes fuera de toda formulación contractual, según pronunciamiento de la Corte Internacional de justicia en el caso de la Convención sobre Genocidio; la preceptiva expresa contenida en la Convención Unica de 1961 (ADLA, XXIII-C, 1760), y Protocolo de 1972 (ADLA, XXXIII-B, 1661) y también múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social. Idem: Tratado de Derecho Penal Internacional de 1940.

2) Aptitud jurídica reconocida a los Estados y puesta «en acto» por ellos en vista de juzgar y aplicar su legislación respecto de ciertos delitos que rozan valores o intereses especialmente ponderados, en función de seguridad; honor, integridad; economía o bienestar básico del cuerpo social. Unidades originarias del D. I. P., gozan de aptitud inmanente para juzgar delitos internacionales.

3) Cuadro flexible, de competencia abierta, ofrecido por el artículo 100 de la Carta política nacional, en punto a «los asuntos de que la Nación sea parte», susceptible lógica y jurídicamente de ser integrado por aquellas causas eventualmente teñidas más por el orden internacional consuetudinario, por los principios generales de derecho, por los principios del derecho internacional o por el jus cogens, que por una estrictez absoluta al orden vinculatorio instrumental.

4) Constitución, art. 100: «Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos… por los tratados con las naciones extranjeras…». Por su generalidad, encartando asuntos civiles y criminales (Zarini, Fallos, t. 6, p. 385; t. 134, p. 228). Art. 102: «juicios criminales… por delitos… cuando se cometa fuera de los límites de la Nación contra del derecho de Gentes…» Denominación mas de índole histórica, que, no obstante, alude al Derecho Internacional.

5) Falta de jurisdicción criminal universal. Sin perjuicio de la convicción que emana de múltiples resoluciones de los órganos de O. N. U.; pronunciamientos científicos (como proyectos de convenciones) y actos oficiales de los Estados, quede aclarado que la naturaleza del tráfico ilegal y otros delitos relacionados con las drogas estupefacientes, como delito internacional radica, técnicamente, en la circunstancia, especialmente acogida por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de haber sido previstos como tales en tratados y convenciones (criterio jurídico).

Corresponde fuero federal por ser parte la Nación, en virtud de sus compromisos internacionales, lato sensu; con responsabilidad de aplicar con toda amplitud el poder estatal, competente para cancelar la comisión o la impunidad de este ilícito internacional, sin perder del hontanar cualesquiera otros sancionables.

No se subroga otra jurisdicción, sino que asume rol propio, según la Carta política, las leyes nacionales, los tratados y otras reglas internacionales, interpretados de manera que surtan su efecto sin colidir, en lo posible, con la legislación interna, dando operatividad, v. gr., al texto del párrafo IV), (2, A), del art. 36 de la Convención de 1961.

La antigua Corte Permanente de justicia Internacional en el caso del Lotus dijo: «Si es verdad que el principio de la territorialidad del derecho penal sirve de fundamento a todas las legislaciones, no es menos cierto que todas o casi todas estas legislaciones extienden su acción a delitos cometidos fuera del territorio, y esto conforme a sistemas que cambian de Estado a Estado. La territorialidad no es, pues, un principio absoluto del Derecho Internacional y no se confunde en manera alguna con la soberanía territorial» (citado por Jiménez de Aréchaga en «Derecho Internacional Contemporáneo», p. 216). En el mismo plano de pensamiento, la Corte agrega: «Pero no se sigue de ello que el derecho internacional prohíba a un Estado ejercer en su propio territorio su jurisdicción en todo asunto en el que se trate de hechos que han ocurrido en el extranjero y en los que no se puede apoyar en una regla permisiva del derecho internacional. Semejante tesis no podría ser sostenida más que si el derecho internacional prohibiese de manera general a los Estados el alcanzar por sus leyes y someter a la jurisdicción de sus tribunales, personas, bienes y actos fuera de su territorio, y si, por derogación a esta regla general prohibitiva permitiese a los Estados hacer esto en casos especialmente determinados. Ahora bien, no es éste ciertamente el estado actual del derecho internacional. Lejos de prohibir de una manera general a los Estados extender sus leyes y su jurisdicción a personas, bienes y actos fuera de su territorio, les deja una amplia libertad a este respecto que no está limitada más que en algunos casos por reglas prohibitivas; para los demás casos, cada Estado queda libre de adoptar los principios que juzgue mejores y más convenientes».

El doctor Alfons Noll (Boletín de Estupefacientes, vol. XXIX, núm. 4, oct.-dic. 1977), dice: «No hay que olvidar que el sistema internacional de fiscalización de drogas prevé, en virtud de sus tratados internacionales, tan solo el mínimo de los requisitos considerados necesarios por la comunidad internacional, y que quede a cargo de las partes en las convenciones conseguir que esas medidas se adopten y apliquen…».

Por lo demás, es de principio que de todo ilícito se infiere su sancionabilidad; consiguientemente, los mismos Estados que se han obligado a no disminuir la severidad de sus sistemas, hállanse ligados por la normación finalista, de cooperación, con un objetivo social, humanitario y de promoción económico-sanitario universal, donde se observa aplicación concreta del «desdoblamiento funcional» acuñado por el sabio maestro Scelle, que, en la especie se identifica con el principio de la universalidad de la represión.

En su virtud, aun si, por defectos de su preceptiva doméstica, un Estado se viera dificultado de ejercer su misión fuera de toda jurisdicción, los actos punibles, según el derecho internacional abrirían la instancia susceptible de volverlos justiciables, por reenvío que el derecho internacional formula, en favor de los tribunales y leyes nacionales. Como ocurriría, mutatis mutandi, en atingencia a la piratería, la trata de blancas, de niños, el genocidio, etc. (Vid. Convención de Ginebra de 1958 sobre la Alta Mar: piratería: arts. XIII y siguientes).

De ahí que a la intensa y total internacionalización del problema y sus riesgos, para la humanidad y aun para los Estados considerados como tales, corresponda y se halle en curso una respuesta también internacional, de la que participan la comunidad internacional organizada, a través de poderosos institutos y organizaciones, incluso en el área regional, como el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (ADLA, XXXVI-D, 2817), del cual participa la República Argentina, donde funcionan sus autoridades, por ser el país sede del acuerdo.

En cuanto importa, por razones de coherencia político jurídica, cabe la cita al importante documento originado, precisamente en la Delegación argentina a la II Conferencia (1980) de Guayaquil, donde se denuncia, como factor agravante «… intervención de los traficantes de drogas, con su enorme capacidad financiera, lo que marca una tendencia mundial al agravamiento del problema… resulta prioritario instrumentar los esfuerzos de control del comercio lícito, prevención y educación y represión del tráfico ilícito ejercitando una filosofía de cooperación y coordinación para asegurar la utilización óptima de los siempre escasos recursos humanos y financieros disponibles… y en el orden internacional para hacerlos realmente eficaces». Y el Ministro de Salud Pública del Ecuador, doctor Guillén Murillo imputaba a los narcotraficantes ser «autores de un delito de lesa humanidad».

De un fallo penal (enero/1981), trasciende la relevancia del ilícito cometido fuera de fronteras.

La preceptiva internacional, en textos elaborados y aprobados en vista de conjurar los efectos del tráfico ilegal de drogas estupefacientes, a partir de la conferencia de Shangai, (1909), se sucedieron convenciones múltiples, universales (1912; 1925-dos; 1931-dos; 1936; 1946; 1948; 1953; 1961; 1971 y 1972). El Pacto de la ex Sociedad de las Naciones prescribía sobre la inspección general que la Liga se reservaba sobre la ejecución de los acuerdos relativos al tráfico del opio y demás drogas perjudiciales (art. XXIII); el tratado de Versalles (art. 295) determinaba la automaticidad e inmediatez de las incorporaciones a ellos.

La remisión al orden interno, no obsta que, a ciertos efectos, el mismo orden interno fije la juridicidad imperante según la costumbre internacional, ya que, como se ha sostenido, los tratados de ayer constituyen la costumbre de hoy, por el inmenso influjo que emana de las convenciones generales o de los tratados coincidentes, lo que fuera considerado por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en sus trabajos del año 1950, acogiendo el valor del precedente sentado en el caso del Wimbledon acerca del tema, en consideración a la convención de Constantinopla de 1888.

En conclusión: no sería óbice, en la República, para perseguir y punir -aun cuando el delito internacional vinculado a las drogas se hubiere cometido fuera del territorio nacional- porque faltare norma interna expresa a tales efectos (lo que no ocurre). Ya que, es clara en lo internacional, la naturaleza delictiva del tráfico ilícito de drogas y todas las figuras incluidas en los tratados y en el derecho consuetudinario que no violenten o colidan al orden jurídico interno, habrán de ser perseguidas y sancionadas por éste, donde quiera se haya perpetrado el ilícito. Las competencias abiertas del art. 100 de la Carta política y el imperativo internacional irrogarían responsabilidad como consecuencia de rehusar asumir jurisdicción, conferida ex abundante cautela por el art. 102, con claridad y categoricidad.

En efecto: particular relevancia asume en punto a su inherencia -Constitución, art. XXXI- al orden jurídico patrio (art. 21, ley 48 -ADLA, 1852-1880, 364-), el contenido del art. XIV del Tratado de Derecho Penal Internacional celebrado en Montevideo en 1940, del cual es signataria la República. En dicho precepto se hace excepción al principio territorial en materia de jurisdicción y ley aplicable a que refiere el art. 1º del tratado, mediante un texto similar, básicamente ejemplar para una convención universal, cuya consideración sería insoslayable para fijar una más amplia y eficaz valla internacional al tráfico de estupefacientes. He aquí el mentado art. XIV: «La piratería internacional, el tráfico de estupefacientes, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos, quedan sujetos a la jurisdicción y ley del Estado bajo cuyo poder caigan los delincuentes, cualquiera que sea el lugar donde se cometan dichos delitos, sin perjuicio del derecho de preferencia que compete al Estado en el cual los hechos delictuosos sean consumados, de solicitar, por la vía de extradición, la entrega de los delincuentes». Texto que no colide ni enerva incumbencias de los tribunales nacionales; antes bien, ofrece a su jurisdicción continuación de un inmenso ámbito, para efectivizar una función de interés público universal, de necesario cumplimiento, como un acto debido, motivado, precisamente, por la pertenencia a la comunidad internacional organizada. Es tan claro y categórico el concepto que en la conciencia pública del mundo entero y, en especial regional (Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos), reconoce el carácter del tráfico de estupefacientes como delito internacional; son tantos y tan categóricos los tratados generales contestes; son tan unánimes las legislaciones nacionales en sancionar como delitos, y como delitos graves, los así incriminados (ley 20.771 -ADLA, XXXIV-D, 3312-); resulta de tan graves y generalizadas consecuencias su perpetración; son tan afines por multitud de motivaciones, las causas que conducen a identificar su peligrosidad y alcances, sus sanciones y prevención, con otros delitos internacionales, que sabiamente incluyen en sus textos la Convención Unica de 1961 y el tratado de 1940, que lege lata, e indudablemente lege ferenda, corresponde proceder en caso de delito internacional de drogas en la misma forma que si se tratase de cualquier otro delito internacional justiciable por los tribunales de la República (1). Incluso por razones de justicia o dikelógicas, para regir una misma materia.

Si la expresión del art. 100 de la Carta política «Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 11 del art. 67; y por los tratados con las naciones extranjeras…» pudiere parecer limitativo de otras fuentes internacionales aplicables al caso, cuales son los principios citados y el derecho consuetudinario, a veces rápidamente precipitado en el seno de los órganos de las Naciones Unidas u otros, no enerva ello la preceptiva del mismo artículo en cuanto y en tanto éste incluye en la jurisdicción patria «los asuntos en que la Nación sea parte». En efecto: no es dudoso que pueda sostenerse con razón que el Estado está ligado, no sólo por tratados; también lo está por principios del derecho internacional (cooperación; salvaguardia universal de derechos y garantías de la personalidad, etc.) y en los cuales es parte como gestor y ente tuitivo; lo está, asimismo, conforme a la vertebralidad del jus cogens, imperativo, infranqueable y sancionatorio de ciertos actos y omisiones susceptibles de irrogar agravio a la conciencia pública de la Humanidad, o a ésta en valores esenciales.

De tales consideraciones, cabe inferir, la pretensión legítima de nuestros tribunales, en punto a juzgar, según las leyes normalmente aplicables, de acuerdo con su naturaleza, y los tratados, los delitos internacionales de drogas, cualquiera fuere el lugar de su perpetración, con el solo requisito de hallarse el imputado normalmente bajo el poder de las autoridades argentinas.

Se alcanza la misma conclusión considerando que el jus cogens y los principios de derecho internacional conducen a refutar la situación como un «asunto en que la Nación es parte» (2) en virtud de su efectiva participación en la comunidad organizada de Estados, y los deberes y responsabilidades inherentes a ello (3). Ya que, como lo establece en su Preámbulo (4) la Convención Unica de 1961, «la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la Humanidad…» «… por lo cual… para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada universal».

Por ambas vertientes, pues, lege lata y también lege ferenda, deviene procedente, para nuestra magistratura, el juzgamiento, según las leyes nacionales, del delito relacionado con estupefacientes cometido fuera del país, siempre que el sujeto suspecto haya caído en poder de autoridad argentina, por vías plausibles. Asumiendo la hermenéutica su misión comprensiva y ampliamente -siempre que no existan condicionamientos expresos- con ajuste al principio de la buena fe y a la preceptiva contenida en la Convención sobre el Derecho de los Tratados: haciendo prevalecer la interpretación textual del contexto y de los demás vínculos y otras reglas inherentes al caso. (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -ADLA, XXXII-D, 6412-, art. XXXI).

La Convención Unica sobre Estupefacientes prescribe: Art. XXXV: «Las partes se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes;… c) cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada contra el tráfico ilícito; d) velarán porque la cooperación internacional de los servicios apropiados se efectúe en forma expedita…».

Art. XXXVI: «I. a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros actos que en opinión de la parte puedan efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren como delitos, si se cometen intencionalmente y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de la libertad…, (Vid. ley 20.771).

2. A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen jurídico y de la legislación nacional de cada parte: a), IV: Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto por nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la parte en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la parte a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado».

(Convención vigente a partir del mes de diciembre de 1964; aprobada la habilitación ratificatoria por decreto-ley 7672, de 13 de setiembre de 1963 (ADLA, XXIII-C, 1742), según «Legislación sobre Estupefacientes y Psicotrópicos de la República Argentina» -CENARESO- recopilada y anotada por el doctor Horacio R. Cattani).

La internacionalización, legal, técnica y operativa de los esfuerzos cooperativos en vista del principio de la justicia universal respecto de ciertos agravios al género humano, tiene su correspondencia, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), creada por la Convención Unica de 1961, modificada por el protocolo de 1972. La opinión del delegado de Francia, expresada durante la VIIIª sesión del comité II (10/3/1972) para la discusión sobre enmiendas a la Convención Unica de 1961: (M. Vaille): «… la Junta no es una creación de ahora ni fue establecida por la Carta de las Naciones Unidas; fue establecida por la Convención de 1961 como órgano independiente que debía sustituir al Comité Central Permanente del Opio… La junta es un órgano al que se ha confiado la aplicación de los tratados de estupefacientes, lo que le ha conferido facultades semijudiciales».

Al intervenir en la discusión sobre las enmiendas, decía el delegado de los Estados Unidos, Miller: «… el texto refleja el nuevo criterio con que la comunidad internacional aborda la fiscalización del uso indebido de drogas; no se espera hoy, de ningún país, que actúe sin colaboración exterior…» «… La junta no es solamente un órgano de supervisión, sino que puede pedir directamente asistencia técnica y financiera».

En vigor el protocolo de 1972, a partir del 8 de agosto de 1975, la Junta publicó un Informe en el cual resume sus funciones y define su carácter de órgano con independencia técnica, llamado a actuar, de derecho, cuasi judicialmente, como si un Estado quebranta seriamente los fines de la Convención de 1961 o cuando se ve en la necesidad de recomendar a las partes que cesen la importación o la exportación -o ambas cosas- de estupefacientes provenientes de un país infractor o destinados al mismo (E/INCB/29).

Por su parte, el Consejo Económico y Social, en su resolución 2002 (LX) aprobada en 1976, al abordar el tópico de las transacciones financieras relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes se declaraba «Consciente de la importancia de mejorar por todos los medios disponibles la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y su uso indebido».

La cooperación, pues, no es una figura semántica; tiene arraigo y validez jurídica, cuya eficacia depende, justamente, en buena proporción, de aquella premisa ligada al pensamiento de Scelle, donde el rol de cada Estado sea cabalmente representado y cumplido, en una cuestión universal y dentro de un sistema de relaciones internacionales absolutamente interdependientes. Por ello, en la codificación que de ciertos principios de derecho internacional precipitados y reconocidos en el seno de la comunidad de Estados ha hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas, este principio de la cooperación, como obligación conforme a la Carta, tiene su lugar y especial desarrollo -A. G. Res. 2625 (XXV)- con referencia a los fines ya explicados, los cuales en la medida que atañen a la salvaguardia de la salud, bienestar y dignidad del hombre y de las Naciones, constituyen ratio y legis decidendi para la gestión de los poderes públicos nacionales.

Un fundamento fortificante, en punto a establecer la pertinencia del método analógico, para alcanzar la razón misma por la cual todos los delitos internacionales han de estar sujetos a idéntico tratamiento -persecución y sanción por quien capture al delincuente-, lo constituye, justamente, la aplicación del principio ubi eadem ratio, ibi idem jus, cuya legitimidad, interna (art. 16, Cód. Civil) e internacional es incontestable. Está señalado claramente por la C. P. J. I (supra), e, incluso, a nivel de los órdenes constitucionales de diversos países (remisión a los fundamentos de leyes análogas). Lo que no significa, desde luego, apelar a la analogía para crear una figura -de por sí precisamente reconocida y autonómica- sino en punto a determinar cuál será el ámbito del proceso, junto con el estatuto punitivo. Este es preexistente al delito; sólo que recién queda determinado cuando el Estado en cuyo poder cae el presunto reo pone en movimiento sus competencias penales plenas.

No puede ser más evidente para la estimativa universal que está proclamado el carácter internacional del ilícito involucrado, desde que, para su repulsión y sanción se convoca a preceptos y medios previstos en la Carta de Naciones Unidas. Así, la Convención de 1961 establece la obligación de la ayuda mutua en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes (art. 35, b); refiere a la estrecha cooperación de los Estados entre sí y con las organizaciones internacionales (art. 35, c), y a diversas medidas procedimentales y de fondo que complementan el plexo jurídico-internacional, debiendo asignarse especial énfasis al citado artículo (36).

Disposiciones relativas al procedimiento extraditorio y atingentes al sistema elegido para computar, como en un único ámbito jurisdiccional las reincidencias, definen un hontanar planetario, efectivamente sometido al designio, también universal, tuitivo del valor supremo representado por la personalidad humana, y los derechos de los pueblos cuya afectación autoriza el ejercicio de competencias sancionatorias por ilícitos perpetuados en otros Estados y aun fuera de toda jurisdicción.

El carácter universal de la cuestión, así como la juridicidad imperante, afirmada por múltiples y concordantes pronunciamientos orgánicos de la comunidad internacional, básicos de un derecho consuetudinario, nos viene trasuntados por resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social que urgen, amarga, ansiosa, constante y firmemente «al mundo entero a participar en todos los esfuerzos destinados a poner fin al uso indebido de drogas y a su tráfico ilícito… a mejorar el alcance y la eficacia de la cooperación entre las naciones directamente interesadas para realizar un esfuerzo total contra el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes». (A. G. res. 3279 -XXIX- 10/12/1974). En el mismo plano de ideas, el Consejo Económico y Social «Advirtiendo la diversidad de los medios utilizados por los traficantes internacionales para tratar de sustraer a la fiscalización de los organismos nacionales la represión de las drogas dirigidas desde los lugares de producción o transformación a los mercados ilícitos de consumo; considerando las dificultades que plantea a los servicios interesados la detección de las personas que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; estimando que es necesaria una estrecha cooperación internacional para luchar con mayores probabilidades de éxito contra el desarrollo de ese tráfico… recomienda a los Estados que cooperen estrechamente a fin de llevar a cabo una lucha coordinada que permita… la detección y la represión del tráfico ilícito internacional de estupefacientes y sustancia psicotrópicas». E/res. 1932 (LVIII), 6/5/1975.
(1) El rango que debe asignarse a los textos, respecto de los Estados que han concurrido con la firma de sus representantes a la celebración de los tratados, ha sido definido por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Convención sobre Genocidio, consagrando que por la sola firma queda establecido «un estatuto provisorio en beneficio de los signatarios» y, consiguientemente, el deber de los estados de abstenerse de obrar de manera que se frustre el objeto y fin del tratado. El Estado no podría, sin incurrir en quiebra del principio de buena fe -primer principio del Derecho de los tratados, art. 31-, prescindir de obligaciones que, aun cuando no fueran radicadas estrictamente ex contractu, hállanse tuteladas por la buena fe internacional, en relación con la confianza que deben merecer los actos ostensibles de voluntad estatal de los cuales se infiere qué es lo que el resto de la comunidad internacional tiene derecho a esperar de dicho Estado.

Internamente, la firma del tratado, mientras no es expresamente repugnada, comporta una edictación de carácter indicativo por la parte de uno de los poderes del Estado, por todo lo alto, que, en la especie es homogénea con la juridicidad internacional imperante.

En la especie, la parte final del art. XVII del Tratado de Derecho Penal Internacional, dentro del Título I (De la jurisdicción y de la ley aplicable) suministra un formidable apoyo al hermeneuta para discernir acerca del valor atribuido a la firma del tratado, ya que allí se presume el ajuste y cumplimiento cierto de todo el contenido del premencionado título y la obligación de informar sobre sus consecuencias mediando únicamente la firma.

El carácter de determinados actos internacionales está clarificado más todavía si cabe, en el caso de la Compañía de Aguas de Beirut (BARBERIS, «Fuentes de Derecho Internacional», ps. 202/203, Ed. Platense, 1973). El Líbano había alegado ante el árbitro «que la prórroga de la concesión del 12 de julio de 1926 era inconstitucional, pues según el art. 89 del texto constitucional vigente en julio de 1926, toda concesión de servicio público debía ser homologada por ley. El árbitro desechó la pretensión del Líbano y manifestó, entre otras razones, que éste no podía prevalecerse de la falta de ley homologatoria, pues ello estaba en contra de la justicia y la equidad que deben presidir la ejecución de una convención».

He aquí, transparente -ante el descenso del concepto absoluto de soberanía estatal, ligado al voluntarismo positivista- la vigencia de principios y derecho internacional consuetudinario, vinculantes aun para los Estados que no intervinieron en su formulación. Cabe recordar que la Corte Permanente de Justicia Internacional, en su opinión consultiva del 4 de febrero de 1932 (series A/B, p. 24, núm. 44) ha dejado establecido que «un Estado no puede invocar su propia Constitución para sustraerse a las obligaciones del derecho internacional y los tratados». Lo que involucra, rectamente, la cuestión que debe resolverse en el sentido de que las reglas aplicables para la interpretación, en esta materia, son las del derecho internacional. LAPRADELLE y POLITIS Arbitrajes Internationaux, II, p. 301) observar la «extensión abusiva de teorías civilistas». Esto puede comprenderse mejor a la luz de la Declaración de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos y Deberes de los Estados, la cual en su artículo XIV expresa: «la soberanía de cada Estado está sujeta a la supremacía del Derecho Internacional» (cit. por JIMENEZ de ARECHAGA, «Curso de derecho internacional público», t. I). Idea imantada a la histórica sentencia de HUBER, en el caso de la Isla de Palmas o Mingas, donde con toda su autoridad se pronunció proclamando la necesidad de reconocer al ejercicio de la soberanía estatal ligado a las constantes fluctuaciones del derecho internacional.

(2) Fenómeno calificado por MIRKINE-GUETZEVITCH, con acierto, como «la penetración del derecho internacional en el dominio del Derecho Constitucional interno» (Droit Constitutionnel International, ps. 278 y sigts., París, 1933, etc. cit. por el prof. Aníbal Luis Barbagelata en «El Pacto Universal…» Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, Uruguay).

La analogía (Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Wimbledon, cit. por Rousseau, D. I. P. ps. 411/412), con la explicación formulada, respecto de la pertinencia, al caso, del método analógico.

(3) Ese acatamiento, postulado como debido, por el orden internacional, en especial si ello no irroga desplazamiento, quiebra o limitaciones a la normación doméstica, viene señalado, mutatis mutandi, por la Corte Suprema, en ocasión de uno de los diferendos limítrofes interprovinciales. Quedó entonces establecido que tales cuestiones participan grandemente del arbitraje internacional. Reconocimiento que tiene el mérito de avanzar ofreciendo una advertencia jurídico-política, por todo lo alto, en vista de evitar un posible «estoppel» en la arena internacional. (Fallos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Cit. por RUIZ MORENO, I. en su obra «El Derecho Internacional Público ante la Corte Suprema», Ed. Eudeba.

Los Estados Unidos practican como de derecho de represión sistemática, en la materia, fuera de su jurisdicción nacional, lo que evoca la práctica de los Estados respecto del repudio al inmundo tráfico esclavista durante el pasado siglo.

Hoy expresamente condenado a ser perseguido y sancionado conforme a los términos del art. XIX de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, el delito de piratería tampoco difiere mayormente del estatuto aplicable al tráfico de estupefacientes.

La justicia de los Estados Unidos, según lo ha documentado el doctor HOPE en estudio publicado en E. D. (U. C. A.), 12/3/1982: «Reflexiones sobre el caso Filartiga…», asume jurisdicción incluso en casos donde el presunto reo ha cometido su delito fuera de los Estados Unidos, con apoyo en la Declaración Universal de París de 1948; y una Corte Federal de Apelaciones lo confirma, invocando las fuentes de comprobación del Derecho Internacional, acogido por la propia Constitución de los Estados Unidos (III, párr. 2º) y el «Alien Tort Statute» de 1789, recordando que el derecho internacional -aun el derecho consuetudinario- forma parte del derecho de los Estados Unidos, en concordancia con pronunciamientos de la Corte Suprema. En los Estados Unidos el derecho internacional forma parte de las leyes aun en defecto de normas sancionadas por el Congreso (U. S. C. A. Const. art. 1º, sec. 8, el. 10).

(4) La Convención sobre Derecho de los Tratados, al fijar las reglas de interpretación, ha impuesto la necesidad de contemplar el contenido del preámbulo, junto con el texto del tratado y sus anexos, integrando el contexto, sin perjuicio de otros acuerdos, la práctica, etc. (art. XXXI, 2º).

LA LEY 1983-D, 879

Literatura Jurídica para Ilustración Cultural y Política con Viraje al Imperativo del Derecho Internacional, con Add. a Junio 2019

Aquí, ideaciones a la búsqueda de conseguir sistematizar a segmento de la realidad cargado de vivencias viciosas que interesan y mucho a cuanto la comunidad espera para el bien común, y también para sus frustraciones. Dedicada a docentes, políticos, periodistas, militantes sociales, sindicalistas, intelectuales, artistas, militares y estudiosos en general. Con add indicativa y diversos estudios, antecedentes y consectario. Por criminosidad de la omisión y para tratar de evitar auge de la inflación y el éxito de la corrupción y del despilfarro en las finanzas públicas desequilibradas también por deudas no registradas con el exterior, con funcionarios -caso del autor c/HCDN- y con ANSES por aportes y salarios retenidos furtiva e ilegalmente.

CARTA ABIERTA al Presidente Macri – LIBELO – (1) y K (2)

SU INHABILIDAD, TÉCNICA, POLÍTICA Y MORAL PARA CONVOCAR A UN ACUERDO

Panfletaria – Documento Político – Consectario

Del

Dr. Camilo Rodríguez Berrutti

Profesor Emérito

Titular H. Cátedra Derecho Internacional Público UCALP

Ha sido: Profesor Extraordinario – Investigador UNLP – Investigador CONICET

Secretario de Comisión – Asesor Internacionalista (R) – Congreso de La Nación (HCDN); Investigador Científico -R- (CONICET); Autor de Doctrina.

Segregado -continúa- por política discriminatoria por edad, desautorizada, contumacial. Con cuatro fallos incumplidos.

Amicus Curiae

Vid. su estudio “Default intelectual y gerencial en la gestión de los bonos de la deuda externa”. Feb. 2005 (Rodriguezberrutti.com.ar) con varios libros y 200 artículos entre los 25 mejores del mundo (Lexis Nexix 2012) Idem A. R. Cilleruelo DELITO DE OMISIÓN Ed. Cathedra Jurídica 2015 “El Principio según el cual toda persona está obligada a evitar lesiones jurídicos cuando su conducta previa haya provocado el peligro” y “…si la omisión es una respuesta positiva del hombre, dominada por su voluntad, esa voluntad no puede ser algo conjetural, posible, pasa a ser una categoría cerebral de la realidad y no del pensamiento”.

LITERATURA CUASI JURÍDICA. HONESTA Y BELIGERANTE

PARA ANÁLISIS A GESTIÓN  DE GOBIERNO MACRI Y SU AFINIDAD CON EL FMI

EN LA PRESUNCIÓN DE VEROSIMIL IMPLICANCIA CRIMINOSA. ADMINISTRACIÓN COPADA, IRREGULAR DE LOS NEGOCIOS PÚBLICOS Y DE SU IMPUNIDAD.

DELITO DE OMISIÓN ANTE DESPOJO AL PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO ARGENTINO SOMETIDO A CONDICIONANTES LESIVAS AL INTERÉS Y A LOS TÉRMINOS NACIONALES. ABAJO EL ABUSO DE PODER INCLUSO POR OMISIÓN, LA POSICIÓN DOMINADORA, LA QUIEBRA DEL DERECHO HUMANO Y EL DERECHO DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO QUE REPUGNA DEL USO IRREGULAR DE LA COSA PÚBLICA!!

PORQUE ÉL, PARECE HACER ESFUERZOS PERO ÚTILES ÚNICAMENTE PARA ACERCARNOS CADA DÍA MÁS A LA LÍNEA K. EN LA ADORACIÓN DE LA MODERNIDAD, DE LA BUENA ONDA, DE LA IMAGEN POLÍTICA, DEL MERCADO, DEL MODELO, DEL RELATO, DE LA DESUNIÓN ENTRE LOS ARGENTINOS, DE LAS IMPUNIDADES, DE LA INIDONEIDAD, DEL YO CREO…EN DETRIMENTO Y MENOSCABO DE DIRECTIVAS CONGRUENTES CON EL BIEN COMÚN.

DE AHÍ LA OMISIÓN EN SUS APARICIONES “DISERTACIONES” POR CARENCIA DEL MEJOR TRATAMIENTO DEBIDO A TEMAS QUE CONCIERNEN VISCERALMENTE AL PÚBLICO, AL PUEBLO SUFRIENTE. AMBIGÜEDAD Y LACONISMO, INDIGNAS DEL MOMENTO QUE IRROGA POBREZA, MISERIA, TRATO DEGRADANTE Y CRUEL PARA CUYO CONJURO NO SE OBSERVAN INDICIOS DE POLÍTICAS NI SIQUIERA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA VOCACIÓN PRECAUTORIA TAN FUERTE Y NECESITADA COMO LA QUE RECLAMA FERVOROSAMENTE LA FALTA DE ALIMENTACIÓN, DE EMPLEO, DE VIVIENDA, DE APOYO A LA CULTURA Y A LA EDUCACIÓN PARA LAS ACTUALES Y LAS FUTURAS GENERACIONES O SEA PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD, PROGRESIVIDAD, HUMANIDAD, SOLIDARIDAD, JUSTICIA SOCIAL, DOTADAS DE OPERATIVIDAD Y TAMBIÉN DE URGENCIA.

OMISIÓN POR COMPORTAMIENTO CONTRADICTORIO, OBSCENIDAD Y TRUCHISMO DE DOBLE DISCURSO, IMPUTABLE DE ESTOPELL Y QUIEBRA A CONFIANZA, BUENA FE, Y RESPETO DEBIDO A PROMESAS AL PLEXO SOCIAL E INTERNACIONAL HOY EN LA CÚSPIDE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO FEDERAL, TAMBIÉN LAS DETERMINACIONES DECISIVAS DEL IUS COGENS Y LA AQUIESCENSIA.

ANTE VIOLACIÓN DE RESPETAR PRINCIPIOS Y PRECEPTIVA LEGAL DIRIGIDOS A EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. ESTÁ VIGENTE LA LEY DUHALDE.

AQUÍ: LITERATURA PARA OFERTAR Y ACERCAR EL ACCESO DEL PÚBLICO -CON PRETENSIÓN DIDÁCTICA SIN MATICES PARTIDISTAS.  CON UNA PIZCA AUTOBIOGRÁFICA PARA EXHUMAR ANTIGUOS AGRAVIOS EN LA HCDN POR ENFRENTAMIENTOS PERSONALES CON LOS GOBIERNOS K, YA ENTONCES EN LA LID POR EL REPUBLICALISMO INDEPENDIENTE, SOCIAL Y MILITANTE. A BASES CIERTAS DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, LEGALES E INTERNACIONALES HOY POR ENCIMA DE TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES LOCALES. (C.N. ART. 75 INC. 22 SUPREMACÍA DE LOS TRATADOS). QUE SANCIONAN PACTOS DE DERECHOS HUMANOS DE 1966, CONVENCIONES INTERNACIONAL Y HEMISFÉRICA CONTRA LA CORRUPCIÓN, INSTRUMENTOS DE LA OEA Y LA CIDH PARA OBSTAR AL USO DEL PODER DEL ESTADO CUANDO TRATA DE QUEBRAR LA AUTENTICIDAD DEL ACTO ELECCIONARIO PUESTO EN EL CENIT DE LAS DECISIONES.

OMISIÓN: de evitar al auge del lento y acéptico genocidio que produce el endeudamiento que incluye pagos de intereses e intereses omitidos de depósitos con el Banco de Inglaterra (pág. 32/33) que nos cobraba interés por el dinero que nos debían.

Por no informar debidamente sobre cómo habrán de cargarse los costos del ajuste; si afectando la capacidad de consumir las clases más vulnerables asoladas por la miseria y si seguirán eximidos de pasar por dificultades los más poderosos e influyentes, cuyos intereses se acumulan sin cesar mientras y en tanto se gestiona incrementándola, una deuda externa absolutamente impagable, en gran parte además de ilegítima y fraudulenta como lo ha demostrado un fallo judicial histórico – causa 14467 – incoado por Alejandro Olmos y que, elevado a la H.C.D.N. hace casi 20 años mantiene vigencia e interés para la conveniencia de los términos y los títulos nacionales.

Omisión de presentar explicando, al cuerpo social – poder- deber de informar – acerca de las tratativas concernientes a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, los planes, estudios, definiciones de política, alternativas y cálculo sobre refinanciamientos futuros, remisiones, waivers, disputas, tribunales, jurisdicción, arreglos, con vistas a evitar que por la mediocridad y el engaño se pueda conducir las finanzas públicas a una debacle anticipada, a otro default, preanunciado increíblemente, en las tratativas.

Omisión de respetar al principio directriz de orden democrático moderno, de acordar su sitio a la licencia social, participativa, para logro legitimante del gobierno, que va de la mano con la defensa de agresión al derecho al trabajo con su inherente dignidad, pero practicada con discriminación, y abuso del poder de dominación incluso afecta derechos de la sociedad toda comprometidos en la libertad de información y de pensamiento.

Omisión cargada de ilegitimidad, por falta de proceder en consecuencia de principios insoslayables, desarrollos de pro-homini, como progresividad, propiedad, solidaridad, derechos adquiridos, protector, pro laboratori y otros concurrentes a servir de garantías -defensa, cuando menos- para conservar el estatus, las condiciones económicas sociales y también de seguridad que deben prevalecer por su genuina juridicidad porque –se trata de derechos humanos sobre los que solo se puede legislar para favorecerlos, ampliándoles- profundizando su vigencia y su reconocimiento. La agresión a ellos está prevista en las convenciones contra la corrupción y en el Tratado de Roma.

Omisión criminosa por no evitar la pérdida de libertad para diseñar – vale decir crear, establecer- aplicación, sistemas y planes – con el fin de conseguir el ajuste que habrá de producir sabida y confesamente por acuerdo específico celebrado con el FMI mayores disgustos y destratos para sectores cada vez más extendidos de la sociedad que viene a abdicar de su más querido privilegio, la libertad consumida por el nuevo orden colonial que pretende instalarse con su pléyade de sumisiones, pérdida de autonomía, de autoridad para fijar destino y prestigio internacional.

Omisión de perseguir a fondo y hasta la cancelación de todas las impunidades y complicidades por la devolución de las inmensas sumas que asume la explotación del endeudamiento crónico del país para fines extraños al interés público y popular, incluyendo comisiones y sobreprecios.

Omisión por desconocer al imperativo ético político y jurídico de considerar los contenidos de la doctrina ESPECHE en vista de crear posibilidades reales para evitar la sumisión a los condicionantes y oprobios propios de la deuda externa, de su tratamiento y monitoreo por el FMI y la Banca Internacional, de la fuga de capitales, de las impunidades y la corrupción que le son inherentes bajo la agresión que constituye todavía, la prórroga de jurisdicción y de renuncia a la legislación nacional incluso a medios recursivos!! perpetrada mediante “acuerdos”.

Por no respetar garantías constitucionales dadas en la Carta política incurriendo en agresión y zozobra a la vida política de las provincias infringiendo dispositivo expreso -art. 122-  que inhibe, prohíbe a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional intervenir en forma alguna en la elección y designación de funcionarios provinciales. Clara versión de atentado desde la cúspide del Poder a garantías de la seguridad jurídica, a la incolumidad de la Carta Política, al federalismo.

Omisión de computar en las cuentas públicas al sobre endeudamiento también de la familia, y su relevancia en el PBI, célula principal del Estado y de más de 150 mil sentencias de ANSES, cuyo destino está sometido al proceso criminoso de elevación unilateral de las tasas de interés auspiciados por la FED y el FMI como con toda su carga de anatocismo e inflación y que debieran ser refutadas. Esto revela una filosofía extraña al bien común, al deber de funcionario público, a las promesas de buen gobierno, al comportamiento deseado y debido de todo político.

Es para urgir el desguace de este trance rufianesco que se formulan estas ideaciones de reflexión y consectario político – jurídico a saber:

Deber

1. De atender a cuestiones vitales de soberanía involucradas en responsabilidad internacional del Estado radicadas en la cuestión de las Islas Malvinas de las que pende la fortificación y eventualmente la erosión de la masa argumental como ocurre con el tratamiento a los capitales ingleses, a sus privilegios en la Patagonia y en la explotación de los recursos naturales en virtud de los acuerdos de Madrid que pugnan por decretar su abrogación y con casos específicamente ligados al tema de la recuperación de las islas – Davidoff vs. Reino Unido increíblemente postergado en la Justicia y en la Administración Argentina y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. Deber de cumplir con la obligación jurídica, ética, democrática, de rendir culto a la verdad y a no contradecirse, a la buena fe, a las promesas electorales, de No tarifazos, ni despidos, ni más endeudamiento externo, si se busca conseguir la defensa eficiente del Hombre cualquiera sea la forma de producción.
3. Deber de respetar el trabajo humano a la luz del inmenso plexo consagrado en grandes convenciones internacionales que son ley suprema de la Nación y que vienen en general con aval de la doctrina social de la iglesia, sobre todo en punto a respetar su continuidad y progresividad lo que pone de relieve una nota disvaliosa del acontecer fáctico de nuestro gobierno. Así, se apoya en la política que reposa en despojar a grandes segmentos del cuerpo social de bienes y derechos adquiridos y en vías de consumación como sueldos y jubilaciones, y por ende, se tornan ilegítimas las medidas adoptadas y también  las desregulaciones, omisiones deliberadas para, justamente, tratar de imponer la tabla rasa del imperio de lo más conveniente -para ellos- y para lo más práctico y jugoso como ser ANSES y otros entes.
4. Deber de omisión de planes y proyectos nacionales que escapen al interés malsano del candidato y su cohorte de acólitos que sean elaborados con la dignidad académica inherente a todo propósito gubernamental fundado de acuerdo con las directivas que vienen al país desde grandes construcciones de la intelectualidad y la política, a saber: principios de precautoriedad, de estudio de alternativas, de consecuencias, de estabilidad, de confianza, de respeto a valores, a principios generales del derecho, de ética, de tradiciones, de anhelos patrióticos y sociales.
5. Deber de informar sobre bases, estudios y circunstancias concernientes a tratativas con el FMI cuya tramitación por su celeridad, desesperada urgencia, falta de organicidad, planificación y fuerza jurídica y política, aparece envuelta en oscuros presagios.
6. Deber de gestionar para salvaguardia del emblema dinerario nacional -caso de la compra masiva de dólares- y del acuerdo en ciernes con el Fondo para cuya negociación no se ha dispuesto información pública sobre capacidad de repago.
7. De liberar la Plaza de Mayo en ocasión de las fechas Patria y de impedir el copamiento de la custodia de ella y de los edificios emblemáticos por soldadesca y medios militares de potencias decisivas en las finanzas mundiales: EEUU e Israel. (de los diarios  e internet).
8. De censura, castigo, destitución, dar de baja, a ministros incursos en actos de inconducta funcional, incluso deshonrosa, punibles bajo el sistema de Convenciones Hemisférica y Universal contra la corrupción.
9. De prevenir circunstancias del acontecer en economía, finanzas, política, prefiriendo opinión de augur, la inmediatez, la moda, la modernidad, el agio, la usura y el desempleo apenas disimulados.
10. De someter la gestión pública al imperativo del derecho internacional público incluso por ius cogens que impide de afectar derechos adquiridos, por imperio de la sustentabilidad, la integralidad, pro-homini, y la seguridad material y jurídica que son parte de nuestra Constitución Nacional y del sistema de vida como los sueldos, jubilaciones y pensiones.
11. De respeto a jubilados y pensionistas, de respeto al 30% de pobres. Existe la obligación insoslayable de erradicar la pobreza, obligación de respeto a la naturaleza humana.
12. De racionalizar la aplicación impositiva, la actividad financiera especulativa, a la industria minera, a la pesquera, a la intermediación, a los monopolios, a fin de aplicar el principio Precautorio N° 15 de la Conferencia de Río.
13. De respeto a la soberanía territorial comprometida en intimidad con John Lewis, agente británico, poseedor de establecimientos estratégicos en la Patagonia, donde Él suele reposar.
14. Al incurrir en el denostado doble discurso de un modelo y un relato mediáticos en el engaño, en el desprecio a la buena fe y a la sana doctrina de los actos propios.
15. De atender a alternativas -las que están en preceptiva de derechos internacionales aplicables- para el incremento de tarifas, disimulado en el falso argumento sobre falta de financiación de ciertos proyectos de la oposición.
16. De estudio y consideración del contexto y repertorio internacional en punto a solución de crisis donde aparece una tesis de Japón, no mover nada en ciertas coyunturas.
17. Omisión contumaz a trato razonable, justo, proporcional, al público consumidor privado de anticipaciones.
18. De aceptar cumplir con el deber de solidaridad, protector de la vida y la salud y el desarrollo individuales afectados gravemente por la política tarifaria de los servicios públicos donde se percibe la inidoneidad para el manejo de la cuestión social
19. De ponderar alternativas señaladas desde grandes pactos respecto a tarifas pero con ajustes contemplando a las circunstancias.
20. Omisión, en fin, del deber de acatar y hacer respetar y cumplir con el derecho vigente que está en un sincretismo, aceptable por su modernidad, radicado en los conceptos que vengo a presentar para su manejo en vista del bien común, de la buena administración, de la pública felicidad, reclamada desde la Constitución de Virginia en los EEUU en el siglo XIX, desde nuestra carta política -Tratados por encima de todo art. 75 inc. 22 y para recordar si alguna vez llegó a su conocimiento -que al poder compromete en los términos de la Carta Magna de 1315 y también del más rancio derecho hispánico con preceptiva histórica: “Sereis Rey si bien ficiereis, e si non, non”, que ha inspirado, sin duda al texto de la Declaración de París, 1948, Derechos Humanos que es ley suprema del Estado, cuando desde su Preámbulo (III) garantiza el Derecho de los Pueblos a la resistencia ante la opresión.
21. Omisión y comportamiento contradictorio, de doble discurso – Imputable de mala fe, “estoppel”- Confianza, buena fe, respeto debido al plexo social y al internacional  hoy en la cúspide constitucional del Estado que consagra al Hombre en la cumbre de las consideraciones.
22. De respetar principios y preceptiva legal dirigidos a evitar la destrucción de puestos de trabajo. C/N – ley 2556 Art. 16 –
23. De abordar con medidas idóneas los actos de corrupción generalizados

POR EVITAR, ELUDIR, EVADIR.

1. Sancionar a típicos fraudes laborales y a la ANSES como aquellos que se vienen arrastrando desde 1992 en la H.C.D.N. por haberes impagos de diferencias de sueldo y, también, por restitución debida de alto cargo técnico, a raíz de cuatro sentencias sucesivas contra cesantías ilegítimas, dirigidas desde el PEN en asociación ilícita, prevaricato, corrupción e impunidad en agresión alevosa y discriminatoria para quien, por edad y crítico del sistema, del relato y del modelo de gobierno K, todavía se encuentran congelados, con violencia moral y hostigamiento con amenazas e intento de asesinato, accidente de trabajo con fractura de columna. (vid. del autor en Hotmail: [email protected]
2. De poner en vigencia y operatividad principios generales de derecho que garantizan a derechos humanos vitales, laborales, sociales, culturales, políticos: v. g. sustentabilidad, progresividad, pro hominis, integralidad del mundo jurídico, defensa, impulsión, razonabilidad, equidad, igualdad, justicia, inviolabilidad, etc. que consagran el paradigma de la protección efectiva, permanente, incólume, imprescriptibles por ser inherentes a la naturaleza humana y por ende son ilegítimos todos los intentos por limitar, erosionar o eliminar logros, niveles, status conseguidos legal y pacíficamente por las personas o los diversos segmentos sociales.
3. Por no poner en acto al principio precautorio, a la evaluación de impacto, motivaciones, consecuencias y efectos de todos los actos de la Administración para eliminar o conjurar prácticas incursas en despilfarro, fraudes y toda modalidad de corrupción e impunidad que radica en evadir, deliberada y pérfidamente el reconocimiento y ajustes según la prescriptiva suprema que se expresa por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando dice: “…el ejercicio de los derechos básicos de la población de los países deudores ……. No puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural, programas de crecimiento y reformas económicas adoptadas a causa de la deuda”.
4. El tratamiento del caso resuelto por el Juez Ballestero donde quedaron probados 470 o más delitos cometidos en ocasión de la deuda externa y que se encuentra archivado en la H. Cámara de Diputados de la Nación protegiéndose así a los protagonistas de cruel y odioso fraude, inmenso, perpetrado contra la Nación entera para poner al país de rodillas con su amenaza más que virtual, efectivizada de miseria, enfermedad y muerte.
5. De emitir la debida acreditación de capacidad de repago en ocasión del acuerdo leonino de adhesión con el FMI y otros compromisos contraídos furtivamente.
6. De explicar informando al cuerpo social, acerca de las tratativas concernientes a los compromisos asumidos con el FMI, los planes, estudios, definiciones de políticas, alternativas y sobre refinanciamientos futuros, remisiones y waivres, disputas, tribunales, jurisdicción, arreglos, con vistas a evitar que por la mediocridad y el engaño se pueda conducir a las finanzas públicas a una debacle anticipadas, a otro default.
7. De respetar al principio, directriz, de orden democrático, moderno, insoslayable, de acordar su sitio a la licencia social participativa e inclusiva, en vista del logro legitimante y de gestión de gobierno, que rechaza la agresión del derecho al trabajo, con su inherente dignidad practicada con discriminación, alevosía y abuso del poder de dominación incluso afectando gravemente a derechos de la sociedad comprometidas en la libertad de información y de pensamiento, deviene en caso recentísimo de despidos masivos, crueles, impiadosos en la agencia Telam sin consultar al deber de prioridad constitucional de la idoneidad y el requerimiento de acreditar necesariedad originaria de cada nombramiento.
8. De perseguir a fondo y hasta la cancelación de todas las impunidades por la devolución de las inmensas sumas que asume la explotación del endeudamiento crónico contra natura del país.
9. De ordenar el estudio de las consecuencias inmediatas del empobrecimiento en el incremento de los índices de vulnerabilidad de los sectores sociales postergados en especial de la niñez, la juventud, la ancianidad.
10. De considerar la quiebra a la confianza pública de los inversores ante la acumulación de hechos y acontecimientos que vulneran al principio de la buena fe, a la buena administración, a la confianza, constitutiva de bases sólidas para la relación y el crédito internacional, quebrantada por el avance incesante del riesgo país.

Rechazo de gobierno Pro a mi propuesta, impecable, direccionada a eliminar causas de corrupción en materia de uso impropio de Deuda Externa concedidos por el B. M. prefiriendo beneficiar a firmas  Transnacionales sin confrontación de méritos ni experiencia en cantidad de gestión -caso urbanismo- CABA, préstamo reciente para obra monumental.

1. Omisión de definir la importancia dominadora, manipuladora, del factor financiero, bursátil crematístico, negocial, de intermediación, de lobbies enquistado bajo cobija de la crisis llamada económica, pero que utiliza en proporciones exorbitantes a los componentes sanos de la economía real para beneficio espurio de grupúsculos cercanos al poder consolidados por decisiones a su medida como para la liberación de réditos, de dólares, de intereses; la exención o reducción tributaria a segmentos privilegiados (minería, bancas, financiamientos, pesca, intermediación, consultoras, etc.).
2. De examinar reflexiva, técnicamente, y en vista del interés nacional cada medida dirigida al segmento financiero donde se juega además, con dinero ajeno y está de por medio informar sobre el definanciamiento – faltante, de equivalente al 80% de las reservas del BCRA y a la totalidad a los préstamos al sector privado (ESPERT) denuncia 04/07/2018 TV.

• Omisión de informar sobre el interés nacional seriamente involucrado en actuaciones vinculadas con Barclays y Banca Británica de Inglaterra, expoliadoras en nuestros espacios marinos adyacentes a Malvinas y empresas implicadas en la explotación petrolera y gasífera por el Reino Unido.

1. De omisión sobre las condiciones determinantes de dominación contenidas en acuerdos típicos de adhesión, leoninos reincidentes en errores de otros gobiernos.
2. De advertir sobre el riesgo que para la cohesión social y las instituciones irroga el momento político más allá de la imputación a los protagonistas de la crisis, cuando el poder viene disponiendo de su utilización con de todos los medios.
3. Omisión de desconocer al derecho de cada argentino de saber de qué se trata, garantía constitucional por encima de cualquier dispositivo legal.
4. De hacer abstracción de la delicada situación de la que atraviesa el plexo diplomático – político en torno a Malvinas agravado por su erosión institucional – pérdida de jerarquía en un acto premeditado de desmalvización, en la estructura ministerial.
5. Omisión por desaplicación irrespetuosa al deber de proveer seguridad jurídica y material inherente a vigencia y operatividad de libertades, derechos, valores y garantías concretados y reconocidos a partir de grandes Convenciones Internacionales y que son representados en la licencia social, en la evaluación de buena fe, del impacto, de alternativas,  de circunstancias, de consecuencias, de ideas progresistas, de sumisión al orden legal establecido y sobre todo, en la percepción de la naturaleza humana titular de los beneficios de la organización político social del estado democrático de derecho en términos tan imperativos como que tienen respaldo por ser de Ius Cogens. En el seno de la comunidad internacional organizada y sobre cuya relevancia ha dicho el Presidente de la Corte Suprema Dr. Lorenzetti al propugnar: “no dejar en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos…para lo cual debe disponerse que la unidad de superintendencia de delitos de lesa humanidad supere las dificultades operativas”.

¿DÓNDE ESTÁN LOS HABERES DEL DR. RODRÍGUEZ BERRUTTI?

1. Omisión de considerar propuestas honestas y bien pensadas como las que hiciéramos llegar en forma directa, para abrogar causas de la inflación – desmantelar el anatocismo porcentual sobre precios en lo particular, tarifazos de nafta y alquileres.
2. Omisión por no dar a conocimiento del público que Amado Boudou aprobó una carta convenio por la que designó al Barclays Bank -agente británico “coordinador global” en el proceso de restructuración de la deuda externa argentina, lo que no ha cambiado!!.
3. Omisión por carecer de ideas, planes, conciencia, autoridad moral y legitimidad para comprometer al país ahora nuevamente con las directivas del FMI. Recuérdese la evasión de capitales, intereses, recursos naturales, humanos (en emigración) por desconocer, perdonando a los gobiernos K, cantidad de agravios, actos de corrupción, prevaricato, fraudes, que lleváramos ante el Papa Bergoglio en exposición motivada en situación ruinosa de la sociedad y en especial del docente universitario.
4. Omisión de realizar ajustes y transformaciones que hoy son aplicados manu militari del FMI y que hubieron de ser vigentes antes y en plenitud de la aptitud del gobierno, que así ha venido a adoptar decisiones no tan solo inconvenientes sino también violatorias del orden constitucional, tutelar de la libertad de todo poder extranjero.
5. Omisión cargada de complicidad por no crear mejores recursos a fin de sancionar despilfarro, fraude, prevaricato, delitos de corrupción, incautación e impunidades de los gobiernos K a los cuales ya me refería en proyectos elevados a la HCDN.
6. Omisión por no evitar la indebida asignación de roles, prefiriendo la improvisación, los apostadores de la suerte y el azahar, tahúres que lucran con fortunas ajenas y lo hacen al influjo de decisiones que les benefician, que sirven simultáneamente propios y a la ADMINISTRACIÓN, que evaden al sistema impositivo, simples contadores, comerciantes y expertos en estadísticas, en modernidad, censos, management y pronósticos agoreros para aconsejar y resolver lo que debiera hacerse con estudios serios para problemas políticos, estratégicos, económicos, financieros, sociales, internacionales, de inflación y corrupción…personas que no alcanzan a disimular con su inteligencia su alianza estratégico-histórica con ideología transpersonalista, del ultra liberalismo que para nuestro caso puede tornar insustentable al sistema político social instalado como pragmática de los derechos humanos en grandes convenciones universales y hemisféricas que forman parte esencial de la Constitución Argentina Democrática.
7. Abstenerse por no exponer programa creíble que incluya plan de crisis para conjurar los efectos de la inflación en su inextricable relación con la DEUDA, a lo que hemos concurrido con propuestas en la línea de Héctor Giuliano, de Alejandro Olmos, Eduardo Lualdi, de los Doctores Espeche Gil, Acerbi, Julio C. González y otros estudiosos beneméritos como Lucio R. de Gallarreta y Silvio Coppola, miembros del Foro.
8. Omisión de resolver en justicia administrativa en casos difíciles y también de absoluta sencillez aunque -con carga política- como, basta en los ejemplos de cuestiones suscitadas contra el estado y de necesaria resolución célere positiva y directa I) Caso Davidoff que al interés de su titular, en espera desde 1982 ser indemnizado, viene con el mérito de constituir un aporte cierto a la causa Argentina en Malvinas; II) la situación del Dr. Camilo Rodríguez Berrutti, Profesor Emérito a quien se cesanteara en cuatro oportunidades violando sentencias cautelares de su cargo y funciones; alto funcionario internacionalista, Planta Permanente, Secretario de Comisiones, doctrino, independiente, pensador, crítico del modelo y de su relato en un caso delictual protagonizado por organización liderada por CFK que se constituyó para perjudicarlo en venganza y para destruirlo como opositor a su viciada candidatura senaturial,  desconociendo su personalidad profesional con vacío y silencio absolutos ante sus gestiones personales e institucionales, condenado por el poder a sacrificio durante años, donde no faltó el atentado de asesinato en el edificio de la HCDN, jamás investigado por sus autoridades y direccionada en banda, con el correr de los años y las complicidades continuadas de los Presidentes de la HC Pierri, Camaño, Ballestrini, Dominguez, Fellner, y ahora Monzó.

Además en el colmo de la saña y la impunidad se ha eludido, evadido, la urgida restitución con haberes y aportes y el pago de diferencias de sueldos avaladas por el Defensor del Pueblo y autoridades de la HC reiteradamente, como lo fueron las reclamaciones del autor todavía infructuosas por cuanto ha perdido su empleo -Planta Permanente- y el reconocimiento de apropiada indemnización por pérdida de chance -a un paso de Director y del proyecto de vida-. Se pretende obstruir el proceso que conduzca a la satisfacción de la justicia por consecuencia de la invocada e irrita prescripción, la que fuera protagonizada y creada justamente mediante el silencio, aquiescencia que nunca puede favorecer al Estado en estos casos; menos todavía, cuando el titular ha gestionado activa y continuamente en pro de salvaguardar sus derechos. Afecta a la seguridad jurídica, elemento esencial del Estado de derecho (CSJN).

Omisión de explicar la promesa hecha, de elevar tan solo el 10% la inflación futura cuando viene -bajo el imperio del FMI- de dejarla bien establecida en el 30%. ¿Por qué no la bajó entonces, con las mismas razones?

Omisión de investigar la gestión de entre otros infractores al orden jurídico institucional para aplicar justificadas sanciones, astreintes y multas por infracciones todavía mucho más graves que las destinadas por el PEN a las molestias ocasionadas por actividad normal gremial.

Omisión de gestión para salvaguardia en general del acervo cultural e idiomático desacreditado por discurso y disertaciones cargadas con vacuidades, puerilidad y carencia de contenidos conceptuales y definitorios a tono con los gravísimos temas aludidos y también dejados fuera de tratamiento.

Omisión por no contribuir con todo los recursos del poder público a superar consecuencias y vigencia de un desorden administrativo y financiero, institucional y moral instalado ostensiblemente y con síntomas de cohonestación para la deuda externa, para su continuidad a expensas del pueblo sufriente. Mientras, y en tanto el fallo del Juez Ballestero continúa olvidado y omitidas sus fundamentales consideraciones.

Omisión en vista de importante segmento que hace a defensa de soberanía del Estado de controlar y registrar contablemente a los recursos naturales del país.

Omisión de disponer vigorosamente para tratar de resolver las causas de la crisis social, a puro sufrimiento por trato degradante miseria de que da cuenta las ferias que proliferan en barrios de Buenos Aires, en el conurbano y en provincias donde se trafica de todo, incluso virtudes y comida con fechas vencidas.

Omisión de dar a conocimiento público del sentido, contenido y proyecciones de las REFORMAS ESTRUCTURALES PACTADAS con rango de inviolables y en beneficio de la contra parte en acuerdo – Pacto de adhesión irrisorio y subalternizante con el FMI –

A esta altura cabe preguntarse ¿Qué multa habría de aplicarse por tantos y tan serios incumplimientos?

Porque ha de imputarse la omisión de RESPETO al querer, sentir y anhelar de una comunidad multirracial todavía poseedora de virtudes y valores que vienen siendo desconocidos como  la igualdad,  compasión, la buena fe, la precautoriedad, la razonabilidad, el derecho adquirido, la legalidad, la equidad, la dignidad, el trabajo, el matrimonio, la amistad, el dialogo, el consenso, la democraticidad, la comprensión,  la piedad… la pléyade de conocimientos aquí expuestos. Y que constituyen por ser el saber, la fuerza nutricia de la Nación. (Kelvin Toffler).

Omisión del deber de ejecutar la legalidad imperante en materia de recursos y beneficios de los sufridos jubilados y pensionados de que da cuenta la Nación 24/07/2018 pág. 8 Política con los siguientes titulares y texto, a saber “Pese a la inflación el Gobierno congeló el tope de devolución del iva para los jubilados. Mantuvo el límite de reintegro en $300 a pesar de que la ley ordenaba actualizarlo cada 6 meses según la evolución de la canasta básica de alimentos (esto fue así aunque ya habían calculado pagar 17 mil millones de los que solo erogaron 2 mil). Destruyendo al deber de acatar al orden jurídico.

Esto ocurre mientras y en tanto se incumplen obligaciones concertadas internacionalmente respecto de la no apelación de sentencias contrarias a la ANSES con la CIDH. Violación de Tratados!!.

¿DÓNDE ESTÁN LOS HABERES DEL DR. RODRÍGUEZ BERRUTTI?

Omisión que por ignorar dolosamente la caída en el consumo de cemento y en el recorte de la obra pública radican fuertes causas del negro futuro económico local por lo que viene siendo enjuiciada LOMA NEGRA en el juzgado de New York por denuncia de inversores de Wall Street, al ocultar información habrían inflado los precios de la emisión. Viveza criolla, pero omisión que se paga.

Omisión del deber del Poder Ejecutivo, de sus conductores, de crear atmósfera y baluartes para el derecho de la constitución del Estado, con políticas y actos congruentes con su dispositivo que hoy son negadas – con el auspicio de concentraciones monopólicas, del mercado fruto de la fusión y otras maniobras – como viene a demostrase ostensiblemente en el rubro de las telecomunicaciones (caso Televisión – Telecom Argentina, vid Ámbito Financiero 24/07/18 Ec. pág. 7).

Omisión por sustraer del conocimiento público – el silencio también se paga – que los CDS – (cobertura contra una eventual cesación de pagos – default – de activos duplicaron la tasa que pagan por la cobertura en sólo siete meses (vid A. F. 14/07/18 Ec. pág. 13).

Omisión por indiferencia ante la bola de nieve que viene gestando el gobierno con riesgo de pago y el escaso margen que tiene para desactivar la bomba de LEBAC (letras del BCRA) (A. F. 14/07/17 Ec. Pág. 13). Sin perjuicio del compromiso inminente de 10 mil millones de dólares cuyo vencimiento ocurre el presente año y que produce escozor en los inversores y en todos, menos en los responsables del entuerto habituados al manejo impasible de sumas escalofriantes de dinero ajeno… Cuando – estimaciones de la Universidad de Avellaneda – el acuerdo con el FMI ofrece aún, un claro desmejoramiento socioeconómico que se monta sobra la base de un escenario más endeble todavía que años atrás. Cuando aparecen cálculos estrábicos y signados de impericia cuyos desajustes se miden en cerca de 100 mil millones de pesos!!.

¿DÓNDE ESTÁN LOS HABERES DEL DR. RODRÍGUEZ BERRUTTI?

Omisión por no experimentar el sentimiento de pérdida de libertad y sus consecuencias sobre la autonomía de las decisiones y la debida sumisión al derecho internacional que repugna del colonialismo omnipresente en un caso de opresión institucional flagrante, alevosa, por un poder internacional el FMI, con pésimos antecedentes incluyendo la República Argentina en el trámite de cuyas crisis ha quedado el registro de presencia y gestión nefastas, su influencia preñadas de delictuosidad, tráfico de influencias, complicidad con evasión de divisas, etc. etc., reconocido por sus propias autoridades!!.

Omisión de ajustarse y cumplir con el deber que impone el principio de progresividad – protector, solidaridad, pro homini – de conservar y mejorar continuadamente las condiciones de la existencia humana y de la familia. Cuando por un compromiso con el Fondo se prevee que en el 2020 los precios que los usuarios paguen por el gas natural cubran el 90% del costo de producción contra el 80% del año pasado. Para la electricidad el extracto del consumidor es más gravoso: del 60 al 90%.

Omisión de producir política precautoria y significativamente propia de esta suerte de criminalidad por no hacer, abstracta, furtiva, sibilina,  propia de delincuentes de cuello blanco y cuya importancia por magnitud y gravosidad acrecienta, en tiempos de crisis financiera -económica – social, en la que vivimos. La caridad bien entendida es la que comienza en casa pero la irritación comienza con el conocimiento del agravio. Aquí la omisión adquiere protagonismo cuando se desconoce a la alternativa, una forma larvada de omisión. Y la desregulación aparece entonces como instrumento manejable por la arbitrariedad y también, la impunidad, la desigualdad.

Omisión de abordar integralmente al problema suscitado por la crisis de la deuda externa antes de que se constituya en absolutamente inmanejable dado los compromisos – cantidad de ellos ilegítimos y por ende susceptibles de nulidad lo que requiere atención de ciencia jurídica y voluntad política – que amenazan al futuro junto con las tasas crecientes unilateralmente creadas, el anatocismo, el prevaricato y la legislación extranjera que pende como la espada de Damocles sobre la Argentina y quienes debieran ser sus salvadores.

Omisión de cumplir con la obligación – deber de las autoridades públicas de abrazar como una justa causa lo concerniente a no seguir siendo víctimas del oprobioso sistema que rige para las acreencias internacionales instalado a expensas de la humanidad. Para ello una opinión consultiva debiera recabarse de la Corte Internacional de Justicia para que deje bien establecida las pautas sociales, económicas y de orden que contemplen a los intereses de los pueblos con el profundo sentido en aras de la ética, la espiritualidad, la moral y los derechos humanos para que nada pueda obstar y condicionar una gestión pública destinada a servir a genuina cooperación internacional en orden a lo provisto en la doctrina Espeche.

¿DÓNDE ESTÁN LOS HABERES DEL DR. RODRÍGUEZ BERRUTTI?

Omisión de asistencia a la vida, a la salud, a la felicidad de disfrutar los bienes de la sociedad republicana democrática cuando se da – ante la indiferencia de los gobiernos que manejan para su beneficio, miles y miles de millones U$S – situaciones degradantes extremas, de exclusión, de persecución por ser pobres, indefensos, olvidados como los 15 niños y su abuela refugiados en los frías lápidas de la CHACARITA.

Omisión de atender mínimamente, atendiendo al derecho de licencia social, de respuesta, de legalidad, pro homini, cuya operatividad es reclamada por pueblos originarios, aborígenes, portadores de valores y buenas costumbres, por héroes de Malvinas, por otros segmentos respetables de la sociedad sufrientes que con sus acampadas revelan un estado de cosas absolutamente inaceptable.

Omisión de producir política precautoria justamente de esta suerte de criminalidad por no hacer, abstracta, furtiva y sibilina, propia de delincuentes de cuello blanco cuya importancia por magnitud y gravosidad acreditan en tiempos de crisis financiera, económica, social, como la que vivimos; aquí la omisión adquiere protagonismo que excede lo pedagógico y lo alternativo para constituirse en un componente real y eficaz en la gestación de la crisis.

Omisión por no ejercer el poder – deber del rechazo a la renuncia del ex juez Oyarbide, quien venía acreditando profusa acumulación de acusaciones para su procesamiento, facilitándole así su impunidad y conservar los beneficios de una exorbitante jubilación.

Omisión de disponer por el conocimiento y la aceleración respetando la separación de poderes sobre casos concretos y sabidos de cohecho, malversación, fraude, prevaricato, etc. hoy en la palestra y revelados en gran parte gracias a la gestión periodística.

Omisión por abstenerse de dar directivas para que sea tenida en cuenta en investigaciones genuinas la matriz delictual con operatividad en banda de las contribuciones a la campaña por constituir flagrante quiebra a principios bien establecidos que procuran garantizar los procedimientos electorales con el mérito de igualdad de oportunidades, del respeto a la libre voluntad del sufragio, del no abuso del poder financiero, económico, de medios, etc. para que los resultados sean auténticos con el aval de grandes Convenciones.

¿DÓNDE ESTÁN LOS HABERES DEL DR. RODRÍGUEZ BERRUTTI?

Omisión de inspirarse en pautas de alta política, guía hominizante para una cultura elemental del ejercicio del poder, como la “política de piedad” y de “identidad entre gobernantes y gobernados”. Para evitar que se derramen sobre la democracia argentina el inmenso peso de la contaminación autoritaria  e influyente de la tradición británica, o sea el “The King can do not wrong”, con su carga de importancia antirepublicana y pérfida.

Porque ¿DÓNDE ESTÁN LOS HABERES DEL DR. RODRÍGUEZ BERRUTTI? Y el control que debiera el FMI ejecutar sobre las finanzas de la HCDN?

add. Sr. Presidente Macri, lo que hacemos o dejamos de hacer, en este mundo IMPORTA. Porque no es lo mismo la vida cambalache, embaucador que aquella, ejemplar de un buen padre de familia.

Usted nos ha puesto contra la pared!!

En fin: REFLEXIONES FINALES del Dr. Camilo Rodríguez Berrutti

-En lo concerniente por desafuero de CFK: hubo cantidad (mayoritaria, valiosa, de mujeres) manifestando su censura y repugnancia masiva a las vicisitudes de la corrupción.

-En las demandas prevalece -casi insólito- el reclamo por OMISIÓN de devolución de lo robado, pero queda pendiente reclamo del  daño cuando por persecución, discriminación, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y aparece como ser jefa CKF, organizadora de cinco sucesivos presidentes de la H. Cámara de Diputados de la Nación direccionados para eliminar  con rencor acumulado contra adversario político que había desafiado su candidatura senaturial y desinvestir de su cargo y funciones violando cuatro sentencias -Justicia Federal favorables- al Dr. Camilo Rodríguez Berrutti. Quien, él, todavía, aguarda su restitución, chocando con el empecinamiento de E. Monzó, escudado en doctora apoderada que invoca poderes indelegables y, por tergiversar los hechos y el derecho, negando los reclamos documentados y profusos sobre derechos vigentes sobre fondos generosamente proveídos , viene incursa, verosímilmente, en prevaricato y abuso de poder, cuando tan sólo está pendiente el cálculo de los haberes con  aportes avalados, reiteradamente por el Defensor del Pueblo de la Nación, exentos de limitaciones. La Justicia, que no pudo negar sino que reiteró el amparo a mis derechos.

OMISIÓN de advertir sobre la contumacia, sancionabilidad y deber de actuar en los hechos perpetrados, también merece reproche. Pero esto habrá de cambiar un día.

Queden a los efectos histórico-geopolítico ejemplificante las presentes ideaciones a la búsqueda del logro consistente en el esclarecimiento ciudadano acerca de sus atributos y derechos humanos individuales y sociales para conseguir con la presión sublime del saber la operatividad de tales derechos que sólo son reales cuando funcionan, también, sus garantías políticas, jurídicas y sociales. Cuando es aberrante la omisión por no privilegiar al interés y el derecho del Pueblo a la continuidad de su estatus de bienestar -principios de sustentabilidad, progresividad, pro homini, etc.- ante las pretensiones reeleccionistas, cuya vigencia, con riesgo inminente de default, aparecen quiméricas por indefendibles.

Ejemplificativamente y a manera de consectario las siguientes circunstancias que claman por la atención y el influjo salvacionista del pueblo por su supervivencia, baste recordar que lleva 20 años de elaborada una pieza vital y necesaria para abordar el agravio del endeudamiento, de la definanciación, de la continuada sumisión a los dictados del FMI y de la Banda Internacional Financiera, que llegó bajo la forma de un pronunciamiento de Juez Federal a consideración de la H. Cámara de Diputados de la Nación con contenidos de tal relieve, tan profusos y actuales que apenas si pueden ser homenajeados por el valor constitutivo de pruebas y por el valor del magistrado que sancionó a una política vil dirigida a poner al país de rodillas, comprobando más de 470 delitos cometidos en el trámite de la deuda externa y en fin del tremendo agravio a las condiciones de vida de la población, afectados gravemente los presupuestos no tan sólo en materia de alimentación, salud, cultura, transporte, energía, esparcimiento y empleo, sino también a los presupuestos nacional, provinciales y municipales.  Nada ha cambiado: ningún Presidente de la H. Cámara ha propuesto exhumar tan valioso antecedente, que fuera incoado por el patriota Alejandro Olmos.

Pero, no debe darse por sentado que el Pueblo carece de medios para reencontrarse con las riendas de su destino. Por algo, increíblemente, el Derecho Internacional ha venido a ofertar una garantía consagratoria advirtiendo a los gobiernos de su responsabilidad por actos de opresión. Derecho de resistencia. Cuando la opresión se irroga también si se subsidia un segmento del comercium tan solo para que no pierda ganancias apetecidas idealmente.

(Declaración de París de 1948 – Preámb. III). Es parte de la Constitución Nacional -Art. 75 in. 22.

add. Para un repertorio cuasi erudito respecto a mínima formación necesaria para el enfoque técnico político de la crisis de deuda nacional y global. A saber:

Exposición con el FMI, servicios financieros; acreedores bancarios; Club de París, reestructuración, canjes de Títulos, comisiones a Bancos, prórroga de jurisdicción y legalidad; Club de la deuda heredada, utilidades, cláusula Rufo, intereses, cross default, endeudamiento público, recesión, inflación, prevaricato, devaluación, sindicato de bancos, bonos Boden, servicios de intereses, metas cualitativas, soberanía monetaria, default, estangflación, emergencia financiera, títulos, globalización financiera, cotización, mercados de capitales, deuda externa, intereses impagos, deuda pública, deuda odiosa, déficit, deuda ilegítima, capital, deuda fraudulenta, amortización, deuda “performing”, principal, reformas estructurales pactadas, compras hostiles, canje de deuda, política fiscal monetaria y cambiaria, servidumbre financiera, tiranía financiera, crisis, plan Brady, desempleo, pobreza, miseria, préstamos garantizados, marginalidad, patrón dólar, megacanje, stock de deuda, ajuste, metas fiscales, convertibilidad, Stand by, refinanciación, grupos financieros, delibery, pesificación asimétrica, acreedor privilegiado, Lebac y Nobac del BC, Bonos nuevos, et sit de coeteris.

                                                     REMATE

• CONCUPISCENCIA CÓMPLICE: CON LA INFLACIÓN

Por no eliminar de una vez al ANATOCISMO USURARIO – intereses sobre intereses en todos los precios – por acumulación hostil de dinero virtual y perniciosa y traidora para la divisa nacional, para los consumidores, los inquilinos, los enfermos, los deudores del fisco, los que viajan, etc. Indefensos ante el poder omisivo oficial, el económico, el financiero. Creador de aumentos exorbitantes incrementados artificiosa y unilateralmente.

• Otra: TOLERAR VIGENCIA DE UNA PRÁCTICA DE RÚSTICA EXPLOTACIÓN

CLIENTELÍSTICA INSTALADA EN EL SISTEMA CORRUPTO DE OBRA PÚBLICA Y SUS SECUELAS COBIJADAS DESDE LA AUSENCIA DE REGLAS Y DE CONTROL, CALDO DE CULTIVO PARA EL FRAUDE, EL COHECHO, EL PREVARICATO, LA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y SUS HERMANASTROS AFINES: EL ABUSO DE PODER, ENRIQUESIMIENTO INDEBIDO, RETENCIÓN ILEGAL DE HABERES Y OTROS DELÍTOS INIMAGINABLES – CORRUPCIÓN CONSUMADOS CON CUELLO BLANCO EN EL CURSO DE LA TRAMITACIÓN Y TAMBIÉN EN LA DEUDA EXTERNA, IDEM.

• Él ha perseverado, en el año transcurrido a partir del LIBELO/2018, en la inconducta de que dan cuenta las decenas de comisiones contumaciales y perjudiciales para el cuerpo social, el estado, las provincias, municipios, y empresas y que por primera vez ofreceremos en homenaje al sufrimiento de las familias y los argentinos todos en el colmo y ritos de la ilegitimidad de un poder colonizado, expuesta sin pena ni gloria a ser derrotado por razón de su perversa afinidad con los mandos extra nacionales, de los capitanes de empresas y de las finanzas mundiales, a quiénes se ofrece el tributo de la protección, de la amistad, del decoro como cuando se disfruta del ocio sitios apropiados por agentes británicos, (V. J. Lewis, etc.). Creando atmósfera de confianza en ellos mientras y en tanto incumple todas las promesas e invade al reducto del federalismo que garantiza a las Provincias contra la tentativa de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir en la elección y designación de sus funcionarios y representantes (art.122 C. N.).
• El despilfarro no se detiene: el atroz endeudamiento ha seguido un curso definitivamente sistémico, abrumador, con la inherente sumisión al poder extranjero, a tal punto que se apañan los negocios del presidente Trump intermedio de favores insólitos y también impuros, vergonzantes, sin discrepar con su comportamiento lesivo al deber de cumplir con los tratados (Acuerdo de París sobre Protección Ambiental y otros).
• Pero la zaga de agravios al deber de funcionario de servir al interés general, al bien común, exento de arbitrariedad y avaricia parece consustancial de la conducta del dirigente de fútbol sin formación ni experiencia metido a político, sin vocación de servicio, cegado por el afán anti democrático de su perpetuación en el cargo para el que es necesario un estadista… Que además, no incurra en la puesta en vigor de medidas que contribuyan a aumentar los desequilibrios entre las clases sociales, aumentando índices de desafección al querer vivir colectivo, tal es, el decreto por el que se garantiza a empresarios inversores las ganancias estimadas, eliminando todo riesgo, toda competitividad, todo honor a la actividad productividad, sometiendo a los fondos públicos a pagar inmensas sumas en concepto de indemnización.
• En tiempos cuando de los acuerdos con Trump y el FMI se ha diseñado una proliferación de compromisos no aleatorios sino reales e imprudentes sobre cuestiones tan vitales como futuros del valor de nuestra moneda, arrastrada por políticas dictadas desde la FED para sostén del dólar, hasta la condición de los seres humanos hundidos en los meandros de la galopante inflación también digitada fuera de fronteras entre otras causas por la incontrolada emisión de moneda. Con abyecto desprecio a la Constitución y las Leyes. cuando la transferencia de recursos y de las posibilidades de conseguir el ansiado y humano bienestar se resuelve en favor de los Amigos del Poder del segmento dominante de una sociedad agobiada por la miseria y el desencanto, por efecto y razón de acumulados componentes que actúan decisiva y perversamente, con total impunidad y alevosía, así:
  1. Proposición de reiterada preceptiva de aliento y promoción para el éxito del inversor extranjero, situado en la cúspide de las consideraciones ligadas a las necesidades estratégicas de la reelección presidencial por encima de todo,
  2. Concreta subordinación a dominación del capital por sobre el interés Nacional – manes de los principios orientadores según el discurso oficial imantados a la ideación consistente en cooperación sin reglas ni medidas del sector público dispensador de bienes y el privado siempre àvido, naturalmente del mejor lucro posible. Para esto se ha implementado por decreto la indemnización para cubrir pérdida de la gestión empresaria, tal grado de ostensible complicidad que por la magnitud e ilegitimidad del engendro debiera ser inmediatamente cancelado sin esperar a los recursos de amparo que habrán de provenir de la parte líquida de la sociedad remanente – caracterizada por la naturaleza transnacional de los beneficiarios qué podría servir de precedente para una de las más cuantiosas fuentes de exacción, extracción a los fondos públicos alentada por el estado mismo, sin ninguna motivación jurídica administrativa o moral. De ahí entonces la versión sobre según la cual podrían tranquilizarse antes de este riesgo ya que nadie podría reclamar.
  3. Increíble desnaturalización del derecho – y prevaricato – en la gestión de préstamos inmensos en la CABA, del BM por asignación directa a los miembros de la mesa chica para contratación de técnicos lo que resulta exentos de control, beneficiadas empresas extranjeras españolas y otras prefiriendo las en el caso CRB sin confrontar méritos por la Secretaría de Asuntos Ambientales.
  4. Supeditación de política a la conveniencia de las grandes potencias China, Estados Unidos, Rusia, sin ponderar ni conocer de acontecimientos determinantes como el embargo a Cuba el que por su inefectividad carece de relevancia jurídica como lo hemos demostrado artículo de internet sobre la ley Helms-Burton.
  5. Inactividad irresponsable y ruin en torno al caso Malvinas que convoca a considerar la nueva situación geopolítica por la debacle económica, financiera, producida por el Brexit al Reino Unido, cuya condición de tradicional agresor de la Argentina – Vuelta de Obligado, bloqueos a Buenos Aires 1841 – 1843 agresión de 1833, después de las invasiones a Buenos Aires en 1806/07, finalmente 1982 con la ilegítima detentación lo que NO ADMITEN LE SEAN OFERTADAS CONCESIONES NI PIEDAD. Hoy, con el providencial aporte jurisprudencial que viene de la Corte Internacional de Justicia, sancionando al Reino Unido en situación con analogía cierta en el caso de las Islas Chagos. En cambio, el gobierno se abstiene de modificar los términos ineficientes de la negociación, no apela a redefinir su posición ante los acuerdos de Madrid ni a dejar de pagar la Deuda Externa ilegítima y fraudulenta  en conformidad con el fallo del juez Federal Ballestero y de la Doctrina Espeche. Increíblemente mantiene vigente una carta del anterior gobierno que asignaba a la banca Deutsche y Barclays el poder de digitar las acreencias contra la República Argentina!!.

 En el mismo orden de ideas, ausencia de debida atención y respeto para corregir errores e inducir a cambio de tesitura en relación al caso Malvinas por parte de autoridades norteamericanas envueltas en la confusión respecto de la cuestión en punto al que han llamado inadvertida o quizás deliberadamente “invasión de los argentinos “, tan sólo que no tan solo hicieron un acto defensivo sino que lo llevaron a cabo después de haber experimentado el primer uso de la fuerza por Inglaterra que ya el 19 de marzo había atacado con un buque artillado, EL ENDURANCE a un grupo de trabajadores argentinos en GRITVIKEN en cumplimiento de un contrato civil debidamente autorizado y amenazado con dos ultimátum y con la MOVILIZACIÓN total de fuerzas militares y el envío de navíos de guerra con aparataje nuclear.

1. Violación flagrante, abusiva, obscena, extorsiva y, Incluso, en infracción manifiesta al estadio protector de la paz en el Atlántico Sur. Resolución, A. G. PRO PAZ.
2. Por ende, delictual, de la Constitución y leyes electorales y morales, utilizando acontecimiento en que radica el interés jurídico, -caso de reuniones con empresarios- para procurarse su candidatura reelecta sin un mínimo de respeto por las reglas que imponen a la santa igualdad en el goce de oportunidades negadas y burladas a quién se le oponga. Para ejecutar este designio se apela, informan o menos gravedad de vicios y defectos, a continuar con la inmunda práctica que consiste en apoyar con todos los recursos del poder a sus favoritos en las listas de provincia (contra C. N. Art. 75 inc. 22); -en el mismo acto anunció a sus ministros que el próximo miércoles viajará a Santa Fe para apoyar al candidato de Cambiemos a la gobernación- el radical José Corral de cara a la elección del próximo domingo- con el oprobio al viejo partido de Alem y de Ilia y el asombro de los radicales que asisten todavía sin reponerse del asombro al despliegue que tan mal viciosamente abruma a la garantía constitucional que en tiempos cuando en los acuerdos con Trump y el FMI se ha diseñado la proliferación de compromisos atentatorios sin real necesidad sobre cuestiones tan vitales como el futuro del valor de nuestra moneda y de nuestras aguas, arrastrada por políticas dictadas desde la FED y la CITY para el sostén del dólar, hasta la condición de los seres humanos hundidos en los meandros de la galopante inflación también digitada fuera de fronteras, con desprecio de la Constitución y la legislación imperante. Cuando la transferencia de recursos y de las posibilidades de conseguir el ansiado y humano bienestar se resuelve en favor de los amigos del poder, del segmento dominante de una sociedad agobiada por la miseria y el desencanto y por efecto y razón de acumulados componentes que actúan decisiva y perversamente con total impunidad y alevosía, así:

• Proposición reiterada de preceptiva en aliento y promoción para el éxito del inversor extranjero situado en la cúspide de las consideraciones ligadas a las necesidades estratégicas de la reelección presidencial por encima de todo,
• Concreta subordinación a dominio del capital por sobre el interés nacional – manes de los principios orientadores según el discurso oficial imantados a la ideación consistente en una pseudo consagración sin reglas ni medidas del sector público dispensador de bienes – y el privado, siempre ávido naturalmente, del mayor lucro posible. Para esto se ha implementado por decreto la indemnización para cubrir pérdidas de la gestión empresaria – en tal grado de ostensible complicidad que, por la magnitud y legitimidad del engendro, debe ser inmediatamente considerado sin esperar a los recursos de amparos que habrán de sobrevenir de la sociedad remanente, lúcida y patriótica. La naturaleza transnacional de los beneficiarios podría servir de precedente para una de las más cuantiosas fuentes de exacción de fondos públicos alentada por el estado mismo sin ninguna motivación ni causa eficiente. De ahí entonces la risible versión sobre vergonzosa expresión dada en off según la cual podrían tranquilizarse porque nadie podría recurrir por AMPARO!!
• Aquí desnaturalización del derecho – prevaricato en la gestión de préstamos inmensos del Banco Mundial a la CABA por asignación directa a los miembros de la “mesa chica” para las contrataciones de técnicos, para controlar pero exentos de control, de empresas extranjeras, españolas y otras, prefiriendolas en el caso CRB sin confrontar méritos.
• Supeditación de política a conveniencia y órdenes de las grandes potencias China, Estados Unidos, Rusia, sin ponderar ni conocer de acontecimientos determinantes como el embargo a Cuba que por su inefectividad carece de relevancia jurídica. (Del autor estudio sobre la Ley Helms – Burton).
• Se explica en la devoción ciega y sorda por el poder, sus frutos opimos y mal habidos, el afán por instalar con mentiras en la judicatura, a personas inidoneas pero hábiles para la futura misión de ser generosos en los juicios que hayan de merecer los desatinos, equivocaciones y delitos -incluso por omisión, aquiescencia, y al deber de funcionario público. Instancia inevitable, ante la perpetración, comisión, de tantas irregularidades a la que hemos dedicado casi 20 páginas Carta abierta libelo dirigida al presidente a la su gestión Pro, año 2018 I)/ año II) 2019, conteniendo casi un centenar de hipótesis verosímiles de conductas pasibles del reproche penal. Para incorporar el procedimiento a una mujer sin antecedentes, cuya presentación al Consejo de la Magistratura, vacía de contenidos que afrentan al procedimiento y al decoro de la misma beneficiaria y de su proponente que consiguió extraerla de los últimos puestos del concurso para instalarla en la terna decisoria en la selección donde habría de ejercerse idéntico abuso de poder para imponer una malsana discriminación favorable hacia destinataria indigna de tal reconocimiento. (Caso revelado en tv constituye visión paradigmática de todo un sistema diabólico formulado tras el intento de logro Francis antes de conseguir la continuidad del poder total despótico, tiránico, antirepublicano, antidemocrático y antisocial en el marco de impunidad rampante. Ahora no obstante él se encuentra puesto al frente de las gestiones para un acuerdo a gestarse con la oposición debido a la crisis pero, cabe a esta altura poner serias dudas sobre la sinceridad y también la idoneidad moral del convocante cuya finalidad última, enfrenta al mundo político al que se postula degradándolo -porque sólo tienen consideración al propósito excluyente, voluntarista, real despropósito dada la magnitud y diversidad de los errores acumulados en apenas más de 3 años de gestión – consistente en la agresión – amenaza de su reelección con todo el bagaje de su experimentado dominio sobre una cantidad inadvertida todavía de individuos influyentes y también entidades internacionales, gobernantes de otros países y opinión pública mundial.

Advierto: en el camino a la perpetuación en el cargo o sea el despotismo, la tiranía y la instalación del caos institucional económico político y social.

1. cuando está presente y todavía no elucidado en toda su magnitud y el alcance del sometimiento de nuestra posición entre las naciones que integran el concierto mundial, a raíz del entendimiento personal con el presidente de los Estados Unidos increíblemente ostenta ese cargo habiendo perdido en el conteo del voto popular y arrastra una carga de graves insucesos con serias consecuencias, financieras y sociales para la HUMANIDAD, sin perjuicio de exponerse,  sin pudor, ocultando a la opinión pública y a la historia los documentos que verosímilmente probarían su conmixtión, concupiscencia y negociados con el colega ruso Putin. Dios los cría…
2. Cuando aparece, en la costosa e ilegal propaganda que pregona “PRESIDENCIA DE LA NACION” una amoral dosis de narcisismo patético incurso en excepción, latrocinio de recursos aportados por los vecinos y por fondos públicos incluso vulnerando al deber de no traicionar a los compañeros de ruta, apropiándose disparatadamente de obras realizadas por otros cómo ocurre en el emprendimiento para elevar los trenes en la CABA mientras avanzan haciendo un reproche de actos cometidos por la Corte Suprema!!